El memorando firmado entre Pemex y Petrobras el 23 de junio marca un punto de inflexión simbólico en la relación entre las dos mayores petroleras estatales de América Latina. Aunque el acuerdo carece de compromisos vinculantes, su firma obliga a examinar por qué una empresa que hace dos décadas enfrentaba un escándalo de corrupción similar al que hoy afecta a México logró transformarse en un actor competitivo global, mientras la mexicana continúa dependiendo de transferencias fiscales mensuales para evitar el colapso.
La trayectoria de Petrobras ilustra cómo un shock institucional puede alterar el rumbo de una compañía petrolera estatal. Tras la Operación Lava Jato, Brasil aprobó en 2016 la Lei das Estatais, que impuso requisitos de gobernanza equivalentes a los de cualquier empresa cotizada en bolsa. Se exigió un consejo con mayoría independiente, un comité de elegibilidad para altos ejecutivos y la prohibición de designaciones políticas directas sin evaluación técnica. Estos cambios coincidieron con la decisión de atar los precios internos de los combustibles a la paridad internacional, eliminando subsidios cruzados que durante años distorsionaron la refinación.
Del escándalo a la disciplina financiera
El proceso de desapalancamiento de Petrobras entre 2014 y 2022 redujo su deuda de 126 mil a 51 mil millones de dólares. Esta reducción fue posible porque la empresa mantiene cotización en Nueva York desde 2000 y debe presentar resultados trimestrales auditados a sus accionistas minoritarios. La presión de mercado actuó como mecanismo de contención que ninguna ley interna mexicana ha replicado para Pemex. Al mismo tiempo, la compañía brasileña vendió ocho refinerías, 105 campos en aguas someras y onshore, y abrió su capital en la distribuidora BR Distribuidora. Los recursos obtenidos se reinvirtieron en el presal, donde Petrobras opera como socia mayoritaria pero comparte riesgos y tecnología con Shell, TotalEnergies, Equinor y ExxonMobil.
México tomó la dirección opuesta. A partir de 2019 se cancelaron las rondas de farm-outs que permitían la entrada de capital privado en aguas profundas. En su lugar, el gobierno federal destinó recursos públicos a la compra de la refinería Deer Park y a la construcción de Dos Bocas. Esta última instalación, con un costo final cercano a 20 mil millones de dólares, opera a menos del 30 % de su capacidad nominal y genera pérdidas operativas. Mientras tanto, la deuda financiera de Pemex supera los 79 mil millones de dólares y los pasivos con proveedores alcanzan 375 mil millones de pesos.
Impacto fiscal y riesgo soberano
La dependencia de Pemex del apoyo gubernamental tiene efectos directos sobre las finanzas públicas mexicanas. En 2026 el gobierno transfiere aproximadamente 19 mil millones de pesos mensuales para cubrir el servicio de deuda y gastos operativos. Estos recursos provienen de un presupuesto que ya enfrenta presiones por el envejecimiento poblacional y la necesidad de inversión en infraestructura. La calificación crediticia de Pemex, situada un escalón por debajo del grado de inversión según Moody’s, eleva el costo de financiamiento de toda la República. Cualquier deterioro adicional se traduce en primas de riesgo más altas para bonos soberanos y para empresas mexicanas que buscan capital en mercados internacionales.
En Brasil, el retorno parcial de subsidios a los combustibles desde 2023 y la cancelación de algunas desinversiones ya están erosionando parte de los logros alcanzados. Los dividendos extraordinarios exigidos por el gobierno federal reducen la capacidad de Petrobras para reinvertir en el presal. Este retroceso demuestra que las reformas impulsadas por escándalos judiciales no son irreversibles si no existe un contrapeso institucional permanente, como la presencia de accionistas minoritarios exigentes o reguladores independientes con poder real de sanción.
Lecciones regionales y riesgos de imitación
El caso Petrobras ofrece un precedente relevante para otras petroleras estatales latinoamericanas. En Argentina, YPF atraviesa tensiones similares entre objetivos políticos de autoabasto y la necesidad de atraer capital extranjero para el desarrollo de Vaca Muerta. En Colombia, Ecopetrol enfrenta presiones para financiar la transición energética con dividendos que antes se destinaban a exploración. Ninguno de estos países ha vivido un escándalo de la magnitud de Lava Jato, por lo que carecen del impulso político necesario para imponer gobernanza corporativa equivalente. El resultado probable es una erosión gradual de valor que terminará pagando el contribuyente cuando las reservas fiscales se agoten.
A nivel global, la diferencia de desempeño entre Petrobras y Pemex influye en la percepción de riesgo de América Latina como destino de inversión petrolera. Fondos soberanos y grandes operadoras prefieren asociarse con empresas que cotizan en mercados exigentes y que pueden garantizar contratos estables. La ausencia de reformas equivalentes en México reduce la probabilidad de que nuevos capitales lleguen a aguas profundas mexicanas, incluso si el marco regulatorio se modifica en el futuro. El memorando de entendimiento firmado en junio no altera esta realidad estructural; solo evidencia la brecha de competitividad que el país aún no ha decidido cerrar.
