La salida de al menos cuatro funcionarios del Gobierno de Baja California abrió formalmente la etapa de definiciones rumbo al proceso electoral de 2027. La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda confirmó que José Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud; Alejandro Arregui Ibarra, titular de Trabajo; Belinda Elizabeth Rodríguez Moreno, secretaria de Inclusión Social, y Jesús García Castro, director del Servicio de Administración Tributaria de Baja California, concluirán sus funciones este viernes para explorar una eventual participación en la interna de Morena.
La decisión no sorprende en el contexto político local, pero sí marca un punto de inflexión: la administración estatal empieza a perder piezas con aspiraciones electorales antes de que el calendario formal entre en su fase más intensa. En términos prácticos, esto obliga al gabinete a reacomodar responsabilidades en áreas sensibles como salud, trabajo, inclusión social y recaudación, mientras el oficialismo mide costos políticos y capacidad de continuidad administrativa.
Movimiento anticipado en el gabinete
Durante su conferencia matutina en Mexicali, la mandataria dijo que no se descarta que otros integrantes del gobierno estatal soliciten licencia con el mismo propósito. La referencia confirma que las separaciones no son hechos aislados, sino parte de una dinámica política que suele intensificarse cuando se acercan elecciones intermedias y locales, sobre todo en estructuras dominadas por un solo partido.
Arregui Ibarra evitó precisar qué candidatura buscará, aunque se sabe que su interés se orienta a la alcaldía de Ensenada. El propio funcionario adelantó que realizará recorridos en esa ciudad, una señal que en la práctica equivale al arranque de su posicionamiento público. Por su parte, García Castro señaló que hará lo propio en Tijuana, donde también se perfilan distintas rutas internas dentro de Morena para definir aspirantes competitivos.
En paralelo, comenzó a circular el nombre de Alonso Centeno, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), como otro posible aspirante que presentaría su renuncia este viernes para buscar la presidencia municipal de ese puerto. Aunque la información no ha sido confirmada oficialmente, su inclusión en la conversación política refuerza la idea de que las candidaturas municipales ya empezaron a moverse antes de que concluya la actual etapa gubernamental.
La disputa por 2027 ya presiona la operación pública
Las separaciones se producen a meses de que avance el proceso electoral de 2027, cuando estarán en juego diversos cargos de elección popular en Baja California. Ese horizonte explica por qué varios perfiles del gobierno buscan colocarse con tiempo: en Morena, como en otras fuerzas, la competencia interna suele depender tanto del posicionamiento territorial como del control de resultados en las áreas que cada aspirante encabeza.
El efecto inmediato es doble. Por un lado, se libera a funcionarios que desean competir sin el desgaste que implica permanecer en el cargo; por el otro, se obliga al Ejecutivo estatal a garantizar que los relevos no afecten la operación de dependencias clave. Salud, trabajo y desarrollo social son áreas donde cualquier transición debe cuidarse, porque sus decisiones impactan de forma directa en servicios, atención ciudadana y relación con sectores productivos.
Más allá de los nombres, el episodio muestra que la sucesión empezó a adelantarse en Baja California y que el margen entre la administración pública y la definición partidista se vuelve cada vez más delgado. En ese escenario, la gobernabilidad dependerá de que los movimientos políticos no desordenen la gestión cotidiana, justo cuando la competencia por las principales alcaldías ya comenzó a tomar forma.
Una alerta que no conviene subestimar
En el mismo entorno fronterizo, otro tema ha alimentado inquietud pública: el supuesto riesgo de perder la visa estadounidense para madres y padres mexicanos que tuvieron a sus hijos en Estados Unidos. Aunque la disposición existe desde 2020, su discusión se intensificó en semanas recientes por versiones que circularon en redes sociales y por el reporte de cerca de 600 visas canceladas o revocadas, según el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en casos vinculados presuntamente con “turismo de parto”.
En Baja California, abogados migratorios consultados por Grupo Healy atribuyen el repunte de alarma a una mezcla de rumores, interpretaciones incompletas y canales poco confiables de información. La consecuencia es conocida: cuando la evidencia pública es reemplazada por mensajes fragmentarios, la preocupación crece más rápido que la capacidad institucional para desactivarla. En una franja donde la movilidad transfronteriza forma parte de la vida diaria, ese tipo de incertidumbre tiene efectos reales en familias, trabajadores y viajeros frecuentes.
Aunque no hay indicios de una medida generalizada contra todos los padres mexicanos con hijos nacidos en Estados Unidos, el caso evidencia la facilidad con la que una política migratoria puede convertirse en foco de ansiedad colectiva. En una región donde los vínculos binacionales son intensos, la precisión de la información importa tanto como la norma misma, porque una lectura equivocada puede paralizar trámites, viajes y decisiones familiares sin que exista todavía una afectación formal.
Quejas en la pista de la CREA
En Tijuana, otro reclamo pone bajo presión a una autoridad municipal: usuarios de la Unidad Deportiva CREA exigen al Instituto Municipal del Deporte de Tijuana la rehabilitación de la pista de atletismo, deteriorada al grado de provocar lesiones entre quienes la usan. Los baches y el mal estado de la carpeta del óvalo han convertido un espacio de práctica cotidiana en una superficie de riesgo para corredores y deportistas recreativos.
El problema no es menor porque combina desgaste físico, falta de mantenimiento y una infraestructura pública que pierde su función básica cuando deja de ser segura. En instalaciones de uso masivo, el deterioro visible suele terminar en una demanda más amplia por gestión preventiva: no solo reparar cuando ya hay lesionados, sino intervenir antes de que el daño se convierta en una constante. En este caso, la queja de los usuarios deja expuesta una obligación elemental de cualquier autoridad deportiva: mantener en condiciones mínimas un espacio destinado precisamente a la actividad física.
