El expediente 43/2025 coloca nuevamente en el centro del debate judicial la obligación de la Secretaría de la Defensa Nacional de transferir al Archivo General de la Nación documentos vinculados con desapariciones forzadas durante la llamada Guerra Sucia. A casi cincuenta años de la detención de Alicia de los Ríos Merino, el caso de su hija busca que el Ejército localice, resguarde y entregue planos del Campo Militar Número Uno, registros de la Base Aérea de Pie de la Cuesta y listas del Segundo Batallón de Policía Militar.
El recurso llega al Tribunal Colegiado después de que un juzgado federal negara el amparo en primera instancia, pese a que previamente se había concedido una suspensión provisional para impedir la destrucción o alteración de expedientes. Organizaciones como el Centro Prodh y Artículo 19 sostienen que el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico ya identificó material relevante que la Sedena ha negado o manipulado parcialmente.
Este litigio trasciende el caso individual. La documentación solicitada podría reconstruir cadenas de mando, rutas de detención y responsabilidades institucionales en una etapa de contrainsurgencia que involucró a múltiples dependencias militares. La falta de respuesta sistemática de la Sedena, que en algunos momentos alega no localizar los archivos y en otros omite contestar requerimientos del Ministerio Público Federal, genera un patrón que afecta la credibilidad de las instituciones encargadas de preservar memoria histórica.
El precedente para la rendición de cuentas militar
Una resolución favorable al amparo establecería que las fuerzas armadas no pueden mantener bajo control exclusivo información vinculada a violaciones graves de derechos humanos. En México, donde la Sedena administra cada vez más proyectos civiles como el Tren Maya, este precedente limitaría la capacidad de opacidad institucional y obligaría a revisar protocolos de clasificación de documentos que datan de décadas atrás. El impacto directo recae sobre las familias de desaparecidos, que desde 2002 han enfrentado obstáculos similares, pero también sobre investigadores académicos y organismos internacionales que dependen de acceso documental para evaluar la escala real de la represión estatal entre 1965 y 1985.
Datos del propio Mecanismo para la Verdad revelan que al menos 17 expedientes localizados en instalaciones militares fueron alterados o reubicados entre 2021 y 2024. Esta evidencia, aunque parcial, sustenta la hipótesis de que la resistencia institucional no es meramente administrativa sino deliberada para proteger estructuras jerárquicas aún activas.
Perspectivas enfrentadas: víctimas, Ejército y Poder Judicial
Desde la perspectiva de las familias y las organizaciones de derechos humanos, la entrega de archivos representa el mínimo indispensable para cerrar ciclos de duelo y construir narrativas colectivas sobre la responsabilidad estatal. El caso de Alicia de los Ríos Merino, vista por última vez en el Campo Militar Número Uno, se convierte en símbolo de una deuda pendiente que abarca cientos de expedientes similares.
La Sedena, por su parte, ha argumentado en instancias previas que muchos documentos ya no existen o fueron destruidos conforme a regulaciones internas de archivo. Esta postura choca con la instrucción presidencial de 2019 que ordenó expresamente la transferencia al Archivo General de la Nación. El Tribunal Colegiado deberá dirimir si esa instrucción tiene fuerza vinculante o si la autonomía militar prevalece sobre mandatos ejecutivos en materia de memoria histórica.
El Poder Judicial enfrenta aquí una prueba de independencia. Una decisión que favorezca la opacidad reforzaría la percepción de que las instituciones militares operan fuera del escrutinio ordinario, mientras que una resolución que obligue a la entrega podría sentar las bases para revisar otros casos de desaparición forzada sin resolver.
Riesgos estructurales y escenarios futuros
El principal riesgo radica en la posible destrucción acelerada de documentos si el amparo es negado definitivamente. Organizaciones de derechos humanos han documentado al menos tres episodios en los que cajas previamente identificadas desaparecieron tras solicitudes de acceso. Un escenario alternativo, más optimista, contempla que la resolución judicial active un programa de digitalización supervisado por el Archivo General de la Nación, similar al implementado en Argentina tras la apertura de archivos de la dictadura militar.
A mediano plazo, el resultado de este expediente influirá en la discusión sobre la reforma de la Ley de Archivos y en la eventual creación de una comisión de verdad con facultades reales de requerimiento a las fuerzas armadas. Si el Ejército logra mantener el control exclusivo sobre estos materiales, se consolidará un modelo de excepción que podría extenderse a operaciones contemporáneas de seguridad, dificultando futuras investigaciones sobre violaciones cometidas en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico.
La evolución del caso dependerá también de la presión internacional. Relatores de la ONU y la Comisión Interamericana ya han solicitado información sobre el acceso a archivos militares mexicanos. Una negativa judicial podría derivar en recomendaciones vinculantes que compliquen la posición de México en foros multilaterales de derechos humanos.
