El arresto de Luis Mario “N”, agente municipal en activo asignado al Grupo de Reacción Inmediata, por el feminicidio de Selene Agramont Soria ocurrido el 11 de junio en el fraccionamiento Parajes de Oriente, revela patrones de violencia que se gestan dentro de las propias instituciones encargadas de la seguridad pública. El hecho de que el policía fuera detenido al concluir su turno, cuando agentes de la Fiscalía General del Estado ejecutaron la orden de aprehensión, expone una cadena de decisiones operativas que permiten a elementos armados actuar con relativa impunidad una vez finalizada su jornada laboral.
En Mexicali, los registros de feminicidios durante los últimos cinco años muestran que una proporción significativa de los agresores identificados mantenían algún vínculo con corporaciones de seguridad, ya sea como elementos activos o como exintegrantes. Esta recurrencia no es casual: el acceso a armamento reglamentario, el conocimiento de rutas de escape y la familiaridad con protocolos de investigación otorgan ventajas operativas que dificultan la identificación inmediata de los responsables.
La ejecución del crimen, ocurrida frente a testigos y familiares de la víctima, ilustra una modalidad que combina planificación previa con ejecución en espacios públicos. Diez casquillos calibre 9 milímetros recuperados en el lugar indican que el agresor utilizó un arma de fuego semiautomática, tipo de armamento que las corporaciones municipales suelen portar. La cercanía entre el domicilio de la víctima y las zonas de patrullaje habituales del Grupo de Reacción Inmediata sugiere que el conocimiento geográfico del agente pudo haber facilitado tanto la vigilancia previa como la huida posterior.
La erosión de la confianza institucional
Cuando un miembro activo de la policía es señalado como autor de un feminicidio, el daño trasciende el caso individual y afecta la percepción colectiva sobre la capacidad del Estado para proteger a las mujeres. En Baja California, encuestas de victimización realizadas por el INEGI han registrado una caída sostenida en la confianza hacia las policías municipales desde 2020. Cada nuevo caso que involucra a elementos uniformados acelera esta tendencia y genera un efecto disuasorio: las víctimas potenciales dudan en denunciar amenazas cuando perciben que los agresores podrían pertenecer a la misma institución que recibe la queja.
El caso de Selene Agramont Soria añade un elemento adicional. La víctima fue atacada minutos después de llegar a su domicilio en compañía de familiares, en un contexto que debería haber ofrecido cierta protección por la presencia de testigos. La rapidez con la que el agresor actuó y desapareció indica que el elemento de sorpresa se combinó con la certeza de que las fuerzas de seguridad tardarían en reaccionar. Esta percepción de impunidad se refuerza cuando el presunto responsable continúa ejerciendo funciones policiales hasta el momento de su detención.
Repercusiones en políticas de control interno
La detención de Luis Mario “N” obliga a revisar los mecanismos de supervisión que las corporaciones aplican a sus elementos una vez concluida la jornada laboral. En la mayoría de los municipios mexicanos no existen protocolos obligatorios de revisión de armamento al término del turno ni sistemas de geolocalización que permitan verificar el paradero de los agentes fuera de servicio. Esta ausencia de controles crea ventanas de oportunidad que, en contextos de alta prevalencia de violencia de género, pueden ser aprovechadas por quienes ya poseen entrenamiento y equipo.
Experiencias en otras entidades, como el estado de Jalisco tras el caso de un policía estatal vinculado a múltiples feminicidios en 2022, demostraron que la implementación de revisiones aleatorias de armamento y la obligación de entregar el equipo al finalizar el servicio redujeron significativamente los incidentes atribuibles a elementos en descanso. Baja California enfrenta ahora la misma disyuntiva: mantener el esquema actual o adoptar medidas que limiten el acceso continuo a armas de fuego por parte de personal que no se encuentra en funciones.
Efectos sobre la prevención del feminicidio
El feminicidio de Selene Agramont Soria ocurrió en un fraccionamiento periférico donde la presencia policial suele ser intermitente. La detención posterior de un agente que patrullaba esa misma zona genera interrogantes sobre la efectividad de las estrategias de proximidad cuando los propios responsables de la seguridad forman parte del problema. Organizaciones locales de derechos humanos han señalado que, tras cada caso similar, se produce un aumento temporal en las solicitudes de medidas de protección por parte de mujeres que ya habían denunciado amenazas previas.
La audiencia inicial de formulación de imputación será determinante para establecer si existían antecedentes de violencia entre el agente y la víctima. De confirmarse algún vínculo previo, el caso reforzaría la necesidad de implementar filtros más estrictos en los procesos de reclutamiento y en las evaluaciones periódicas de riesgo que se aplican a los elementos policiales. Hasta ahora, los exámenes de control de confianza se centran principalmente en consumo de sustancias y vínculos con la delincuencia organizada, sin incorporar variables específicas de violencia de género.
La cadena de consecuencias derivadas de este arresto se extiende más allá de la investigación penal. Incluye la revisión de protocolos de custodia de armamento, la posible reestructuración de los grupos de reacción inmediata y la presión sobre las autoridades estatales para que publiquen datos desagregados sobre agresores con antecedentes policiales. Cada una de estas medidas, si se adoptan, modificará las condiciones bajo las cuales operan las corporaciones municipales en Baja California durante los próximos años.
