En días recientes ha surgido un debate público en Coahuila sobre los recursos que un legislador destina de manera personal a publicidad en Facebook. El tema se centra en un monto mensual cercano a los 13 mil pesos, contrastado con las cifras presupuestales estatales y municipales destinadas a comunicación social durante 2026. La discusión ha puesto en relieve las diferencias entre el uso de ingresos propios y el empleo de fondos públicos para difundir mensajes oficiales.
Registro detallado en la Biblioteca de Anuncios
La Biblioteca de Anuncios de Meta muestra un desembolso acumulado de 922 mil 477 pesos entre el 4 de agosto de 2020 y el 20 de julio de 2026. Este periodo abarca casi seis años y arroja un promedio mensual de aproximadamente 12 mil 900 pesos. Según la información disponible, estos recursos provienen exclusivamente de ingresos personales del funcionario y no han sido cargados a partidas de la Cámara de Diputados ni a programas gubernamentales.
El mismo registro permite a cualquier usuario consultar el historial completo de anuncios, lo que facilita la verificación de los montos y los periodos de publicación. Esta transparencia ha sido destacada por el propio interesado como un mecanismo para responder a cuestionamientos periodísticos surgidos en las últimas semanas.
Funcionamiento de la distribución en redes sociales
Las plataformas de Meta dejaron de mostrar contenido de manera cronológica hace varios años. En su lugar, distinguen entre alcance orgánico, determinado por algoritmos, y alcance pagado, que requiere inversión publicitaria para garantizar visibilidad. Estudios sobre el comportamiento de estas redes indican que las páginas dependen cada vez más de pagos para mantener presencia ante sus seguidores.
En el caso de Coahuila, el funcionario ha señalado que durante años sus posiciones y propuestas recibieron escasa cobertura en medios tradicionales locales. Esta situación motivó el uso de herramientas digitales para establecer contacto directo con la ciudadanía, sin intermediarios editoriales.
Comparación con presupuestos oficiales
El Presupuesto de Egresos de Coahuila para 2026 destina 600 millones de pesos a servicios de comunicación social y publicidad, lo que representa cerca del 0.76 por ciento del total estatal de 78 mil 370 millones. Esta cantidad equivale a unos 50 millones de pesos mensuales. En el mismo ejercicio, el Ayuntamiento de Saltillo aprobó 136 millones 227 mil pesos para el mismo rubro, equivalente al 2.77 por ciento de su presupuesto y cercano al límite legal del tres por ciento.
La suma combinada de ambos gobiernos alcanza 736 millones 227 mil pesos solo para 2026. A ritmo promedio, el gobierno estatal gasta en aproximadamente 13 horas y media lo que el funcionario ha invertido en Facebook durante casi seis años.
Transparencia y criterios de distribución
El debate no se limita a los montos totales. También abarca la forma en que se asignan los recursos públicos, los proveedores contratados y los resultados obtenidos. Diversas voces han señalado que la publicidad oficial puede generar dependencia entre medios y gobiernos, aunque resulta difícil demostrar una relación directa en cada caso.
El funcionario ha propuesto que tanto el gobierno estatal como el municipal publiquen en formatos accesibles todos los contratos, tarifas, campañas y públicos objetivo. Esta exigencia se extiende a los resultados medibles de cada acción comunicacional, con el fin de permitir un escrutinio ciudadano más amplio.
Antecedentes de la discusión presupuestal
En columnas previas publicadas en el mismo espacio, se presentó un cálculo que estimaba en 9 mil 470 millones de pesos actualizados a abril de 2025 los recursos destinados a publicidad estatal entre 2016 y 2025. Esa cifra fue contrastada con inversiones pendientes en transporte público y abasto de agua en Saltillo, lo que renovó el cuestionamiento sobre prioridades presupuestales.
La discusión actual retoma ese hilo conductor al comparar el gasto personal documentado con las cifras oficiales. Quienes siguen el tema destacan que la publicidad gubernamental debe informar sobre servicios útiles y no convertirse en una promoción permanente de actividades ordinarias.
El estándar de transparencia aplicado a los 12 mil 900 pesos mensuales de origen personal se propone extender, con mayor rigor, al manejo de los 736 millones 227 mil pesos presupuestados para un solo año por las dos instancias de gobierno. La distinción entre recursos privados y fondos públicos sigue siendo el eje central de la controversia.
