Testimonios describen un sistema de cobros y servicios controlado informalmente dentro de la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande, penal administrado por el Gobierno de Jalisco. La operación incluiría la venta de productos básicos y el acceso a servicios cuyo costo, según los relatos, supera ampliamente los precios externos.
Entre las tarifas mencionadas figuran caguamas de cerveza a 200 pesos, visitas conyugales por 2 mil pesos y la renta de teléfonos celulares en hasta 15 mil pesos mensuales. Más que simples transacciones, estos cobros apuntan a la existencia de una estructura paralela capaz de regular bienes, comunicación y convivencia dentro del centro penitenciario.
Una autoridad paralela bajo investigación
La magnitud de las tarifas sugiere que el problema no se limitaría al ingreso de mercancías prohibidas. La renta de celulares, en particular, implicaría un mercado organizado y una posible vulneración de los controles de seguridad, mientras que los cobros por visitas conyugales revelarían que actividades sujetas a regulación institucional podrían estar siendo administradas por terceros.
La información disponible proviene de testimonios y no incluye, hasta ahora, una explicación oficial de la autoridad penitenciaria ni detalles sobre una investigación, sanciones o medidas para desmantelar este esquema. Esa ausencia impide establecer el alcance real de la presunta red, pero también deja expuesta una pregunta central: quién controla efectivamente los servicios y accesos dentro del penal.
Si los señalamientos se confirman, el caso evidenciaría una pérdida de control operativo del Estado en áreas esenciales del reclusorio. Además del impacto económico para las familias de los internos, un sistema de este tipo puede profundizar la desigualdad entre personas privadas de la libertad y convertir derechos o necesidades básicas en fuentes de lucro. La prioridad sería verificar los testimonios, identificar a los responsables y transparentar los mecanismos de supervisión en Puente Grande.
