El Paquete Económico 2027 será una prueba de credibilidad para el Gobierno federal: deberá reducir el déficit sin recortar la inversión que sostiene el crecimiento futuro. El dilema es especialmente estrecho porque una parte relevante del gasto está comprometida y los ingresos tienen poco margen para aumentar en el corto plazo.
El riesgo de ajustar por inversión
BNP Paribas estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público llegarán a 4.3% del PIB en 2027, por encima del 3.5% proyectado por Hacienda. Banco Mifel prevé un déficit de 4.2%. La diferencia no es menor: revela que el mercado cuestionará si las metas fiscales descansan en supuestos optimistas de crecimiento, ingresos o contención del gasto.
El principal riesgo es que el ajuste recaiga sobre la inversión física. Pablo López Sarabia, de la Universidad Autónoma de Chapingo, advierte que el gasto inercial limita las opciones de recorte. Reducir obra, infraestructura o capacidades productivas ayudaría a cuadrar las cuentas en el año presupuestal, pero debilitaría el PIB potencial y, por esa vía, la futura recaudación. La consolidación sería fiscalmente visible, aunque económicamente frágil.
La deuda también concentrará la atención. BNP Paribas calcula que el saldo histórico de los RFSP subirá a 54.8% del PIB en 2027, desde 54% este año. Más relevante que el nivel aislado es el destino de los recursos: deuda para inversión productiva puede ampliar la base tributaria; deuda para gasto de bajo multiplicador eleva la carga financiera sin fortalecer la capacidad de pago.
El costo de esa presión ya es tangible. A junio, la deuda acumulaba 19 billones de pesos y su servicio absorbía 693 mil millones, 14.3% del gasto total. Para 2026, el costo financiero podría alcanzar 1.5 billones, cerca de 60% más que la inversión física prevista. El presupuesto deberá ofrecer una señal clara: disciplina creíble, apoyos a Pemex acotados y condiciones para atraer inversión privada y elevar el contenido nacional de nuevas inversiones.
