El informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA documenta una contracción real del 43,2% en la función Educación y Cultura durante 2024, seguida de un retroceso adicional del 7,9% en 2025. Esta trayectoria acumula una reducción del 47,7% en el bienio y proyecta otro descenso del 12,7% para 2026 si no se amplían las partidas. La discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente explica la mayor parte del ajuste inicial, al obligar a las provincias a absorber el complemento salarial docente sin transferencia nacional equivalente.
La discontinuación del FONID como punto de inflexión
Al suprimirse el FONID, las jurisdicciones provinciales debieron reasignar recursos propios para sostener salarios. Esta medida reforzó el carácter descentralizado del sistema, pero también amplió las brechas entre distritos con distinta capacidad fiscal. Provincias con menor recaudación enfrentan ahora mayor presión para mantener la planta docente, mientras que las de mayor solvencia pueden absorber el impacto con menor deterioro inmediato de la calidad.
El ajuste no se limitó a salarios. Las transferencias a universidades a través del programa Desarrollo de la Educación Superior registraron una baja real del 5,4% en 2025, las becas estudiantiles cayeron un 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas se contrajo un 49,5%. Solo el Plan Nacional de Alfabetización escapó a esta tendencia y aumentó su ejecución, convirtiéndose en una de las pocas líneas de acción priorizadas por la Secretaría de Educación.
Modelos de financiamiento en disputa
El informe contrapone el financiamiento orientado a la oferta, que asigna recursos a instituciones y sistemas provinciales según criterios de cobertura territorial, frente al financiamiento por demanda, que transfiere recursos a familias o estudiantes para que elijan entre proveedores. El segundo modelo, inspirado en cuasi-mercados, busca generar competencia y eficiencia, pero el IIEP advierte que en contextos de alta desigualdad puede derivar en segmentación de la matrícula y debilitamiento de la oferta estatal.
Desde 2024 el Gobierno implementó vouchers focalizados para familias con hijos en escuelas privadas subvencionadas, alcanzando 830.000 estudiantes en 2024 y 504.808 en 2025. Esta política no configuró un sistema generalizado, sino una transferencia parcial orientada a cubrir cuotas. El IIEP señala que el mecanismo reforzó recursos destinados a la educación de gestión privada en un contexto de desfinanciamiento de la estatal, y recuerda que en 2023 ya se había habilitado la deducción en Ganancias de gastos escolares privados, beneficio que favorece principalmente a sectores de mayores ingresos.
Desigualdades territoriales y segmentación social
La matrícula de gestión privada se concentra en jurisdicciones con mayor disponibilidad presupuestaria, como la Ciudad de Buenos Aires. Las políticas de vouchers y eventuales transferencias directas a instituciones privadas pueden, por tanto, reforzar las desigualdades territoriales preexistentes en capacidad de financiamiento. Universidades nacionales, que dependen en gran medida de las transferencias del Tesoro, enfrentan simultáneamente la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario ratificada por la Corte Suprema, lo que añade tensión al ya reducido presupuesto de 2025.
Los rectores y sindicatos docentes destacan que la merma en salarios reales y en programas de apoyo estudiantil afecta la retención de personal calificado y la permanencia de estudiantes de bajos recursos. Desde el Gobierno se argumenta que la reasignación de recursos busca mejorar la eficiencia y que la competencia entre instituciones elevará la calidad general del sistema. Sin embargo, el análisis del IIEP indica que los mecanismos de competencia tienden a ampliar brechas cuando la información y la movilidad de las familias no son equitativas.
Escenarios proyectados y riesgos estructurales
Si se mantiene la trayectoria actual, el gasto educativo nacional registraría tres años consecutivos de variaciones negativas reales. La participación de Educación y Cultura tanto en el PBI como en el gasto total de la Administración Pública Nacional alcanzaría mínimos históricos. Este escenario plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para sostener la cobertura y la calidad en el mediano plazo.
Uno de los riesgos identificados es la posible profundización de la fragmentación entre escuelas públicas y privadas, con efectos desigualadores en el acceso a educación de calidad. Otro riesgo radica en la reducción de la inversión en infraestructura y formación docente, que puede traducirse en menor productividad laboral futura y en mayores costos sociales por deserción y repitencia. Las universidades, al mismo tiempo, podrían ver comprometida su función de investigación y extensión si las transferencias continúan ajustadas.
El debate sobre vouchers y transferencias directas a familias seguirá presente. Cualquier transición hacia un modelo de financiamiento por demanda requerirá evaluar no solo la eficiencia alegada, sino también los efectos sobre la cohesión territorial y la equidad de resultados. El informe del IIEP sugiere que el financiamiento de la oferta permite orientar recursos según criterios explícitos de cobertura, mientras que el de la demanda traslada decisiones de asignación a las familias, redefiniendo el rol del Estado en la provisión educativa.
