El anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, coloca una palabra en el centro de la agenda del nuevo Gobierno de Keiko Fujimori: productividad. No se trata solo de un objetivo técnico ni de un cambio de énfasis discursivo. En un país que durante décadas combinó estabilidad macroeconómica con grandes brechas de ingresos, servicios e institucionalidad, la productividad resume una discusión pendiente: cómo lograr que el crecimiento deje de depender principalmente de los ciclos de minerales, la expansión del consumo o la inversión puntual y se transforme en mejoras sostenidas de eficiencia, empleo formal y capacidad estatal.
La propuesta llega en una coyuntura ambivalente. Perú conserva activos que otros países de la región han perdido: una economía abierta, reservas internacionales relevantes, un sistema financiero relativamente sólido y una tradición de prudencia monetaria. Sin embargo, esos pilares no han impedido que una parte amplia de la población trabaje fuera de la formalidad, que las empresas pequeñas enfrenten costos elevados para crecer y que la inversión pública se diluya entre expedientes, arbitrajes, obras paralizadas y proyectos sin mantenimiento. El diagnóstico de Cuba es que la macroeconomía está “arreglada”, pero que ello no basta para alcanzar ingresos per cápita altos.
Del auge de materias primas al límite del modelo
La economía peruana atravesó, especialmente entre comienzos de siglo y mediados de la década de 2010, un período de expansión impulsado por los altos precios de los minerales, la inversión extractiva, el crédito y el aumento del consumo interno. Ese ciclo permitió reducir la pobreza monetaria y ampliar la clase media urbana. Pero también escondió fragilidades estructurales. Cuando la bonanza externa se moderó, quedó expuesto que numerosas actividades operaban con baja tecnología, escasa capacitación laboral y reducida escala empresarial.
La productividad, en términos simples, mide cuánto valor se genera con una determinada cantidad de trabajo, capital y recursos. Una economía puede crecer porque emplea a más personas o porque invierte más dinero, pero ese impulso tiene límites si cada hora trabajada produce poco. En Perú, la distancia entre una gran empresa minera tecnificada y un pequeño negocio informal de comercio, transporte o servicios ilustra esa brecha. Ambos pueden contribuir al empleo y al movimiento económico, pero su acceso al crédito, a la innovación, a la protección legal y a mercados más amplios es radicalmente distinto.
El fenómeno de El Niño añade urgencia al debate. El ministro estima un crecimiento de 3,5 % para este año, frente a una expansión potencial cercana al 4,5 % sin el impacto climático. La diferencia no es menor: la pesca y la agricultura no solo aportan producción, sino que sostienen cadenas de empleo, transporte, abastecimiento y exportación. Cuando un evento climático interrumpe esas actividades, revela el costo de infraestructuras precarias, sistemas de prevención insuficientes y una alta vulnerabilidad de trabajadores sin protección social.
Informalidad: el obstáculo que atraviesa toda la economía
La primera comisión presidencial anunciada por el Ejecutivo se enfocará en la informalidad laboral, un problema que no puede reducirse a la falta de fiscalización. La informalidad en Perú responde a una combinación de factores: empresas demasiado pequeñas para absorber costos regulatorios, trámites complejos, baja productividad, limitada cobertura de seguridad social y una cultura de supervivencia económica en la que millones de trabajadores priorizan ingresos inmediatos sobre derechos de largo plazo.
La relación entre informalidad y productividad funciona en ambos sentidos. Una empresa informal suele tener dificultades para acceder a créditos de mayor plazo, contratar personal especializado, emitir comprobantes, vender al Estado o integrarse a cadenas de proveedores formales. Eso limita su crecimiento. A la vez, si la productividad es baja, formalizarse puede percibirse como una carga imposible de asumir. El resultado es un círculo persistente: negocios de baja escala generan empleos precarios y esos empleos, al carecer de capacitación y protección, reproducen baja productividad.
La experiencia de sectores como la confección, el transporte urbano o la pequeña agricultura muestra que las respuestas exclusivamente punitivas suelen fracasar. Una campaña de inspecciones puede desplazar temporalmente la informalidad, pero difícilmente la elimina si no existen incentivos reales para formalizarse. La clave estará en diseñar una transición gradual: simplificación tributaria, acceso efectivo a financiamiento, capacitación, digitalización de pagos y compras públicas que premien el cumplimiento. Si la comisión se limita a proponer más sanciones, su impacto será reducido; si conecta formalización con oportunidades comerciales y protección social, podría modificar decisiones económicas cotidianas.
Crédito y obras públicas, dos cuellos de botella
La segunda y tercera comisión atacarán dos problemas que suelen tratarse por separado, aunque están conectados. La reforma del mercado financiero y de créditos apunta a una economía donde muchas pequeñas y medianas empresas dependen de préstamos caros, informales o de muy corto plazo. La falta de garantías, historial crediticio y documentación contable deja a numerosos emprendimientos fuera del sistema bancario tradicional. Esto obliga a operar con poco capital, restringe la inversión en maquinaria y reduce la posibilidad de resistir una caída de ventas o una emergencia climática.
Ampliar el crédito no equivale, sin embargo, a abaratarlo por decreto. Un sistema financiero más inclusivo requiere mejores mecanismos de información, garantías mobiliarias que funcionen, registros confiables, educación financiera y competencia entre entidades. También demanda evitar que el impulso al crédito termine alimentando sobreendeudamiento. El desafío consiste en que una microempresa con potencial de crecer pueda financiar equipos, formalizar trabajadores o abrir nuevos mercados, en lugar de usar préstamos costosos solo para cubrir gastos operativos inmediatos.
El problema de la inversión pública es quizá el más visible para la ciudadanía. Cuba señaló que Perú destina alrededor de 5 % de su producto interno bruto a inversión, una proporción superior al promedio latinoamericano, pero que cerca de 45 % de los proyectos —carreteras, escuelas o comisarías— no concluyen. En la práctica, ello reduce el gasto efectivo y transforma recursos públicos en infraestructura incompleta. Una carretera inconclusa no mejora la conexión de un productor rural con el mercado; un colegio paralizado no amplía el aprendizaje; una comisaría sin operar no refuerza la seguridad.
El costo de las obras paralizadas va más allá del dinero ya desembolsado. Cada proyecto inconcluso deteriora la confianza en el Estado y encarece futuras intervenciones, porque las estructuras se degradan, los contratos se judicializan y las comunidades pierden tiempo productivo esperando servicios. En regiones afectadas por lluvias intensas, esta falla adquiere una dimensión especialmente grave: los proyectos de drenaje, defensas ribereñas o reconstrucción tardía pueden convertir un fenómeno previsible en una crisis social prolongada.
Disciplina fiscal frente a presiones políticas
El anuncio de un ajuste fiscal revela otra tensión central de la nueva administración. El ministro advirtió que existen gastos no presupuestados, entre ellos compromisos de pensiones militares y desembolsos vinculados a El Niño, y cuestionó normas aprobadas por el anterior Congreso que elevan los costos para el Estado. La discusión no es meramente contable. Cuando el presupuesto incorpora obligaciones sin financiamiento permanente, el margen para invertir en salud, educación, prevención de desastres o infraestructura productiva se reduce.
Perú ha construido parte de su reputación económica sobre reglas fiscales y un manejo prudente de las cuentas públicas. Perder esa credibilidad elevaría el costo de financiamiento del Estado y de las empresas, precisamente en un momento en que se pretende fomentar inversión privada. Pero un ajuste mal calibrado también puede tener efectos regresivos si recorta servicios esenciales o posterga obras necesarias. La cuestión será distinguir entre gasto ineficiente, privilegios sin respaldo presupuestario y programas que cumplen una función social indispensable.
La cuarta comisión, dedicada a la evasión del impuesto general a las ventas y del impuesto a la renta, se ubica en ese mismo terreno. Una mayor recaudación es necesaria para cerrar brechas, pero no puede descansar exclusivamente en quienes ya cumplen. Combatir la evasión exige fortalecer a la administración tributaria, usar información digital, combatir redes de facturación fraudulenta y reducir los incentivos para operar completamente fuera del sistema. Si la formalización, el crédito y la tributación se reforman de manera aislada, las contradicciones persistirán; si se coordinan, pueden ampliar la base fiscal sin asfixiar a los negocios de menor escala.
Petroperú como prueba de credibilidad estatal
El cambio de rumbo prometido para Petroperú será una prueba particularmente sensible para el Gobierno. La empresa estatal arrastra problemas financieros y de gestión que han suscitado preocupación por su impacto potencial sobre las finanzas públicas. El nuevo directorio, presentado por Cuba como el mejor en dos décadas, deberá demostrar que la renovación no es solo de nombres. La prioridad será establecer decisiones técnicas, transparencia sobre pasivos, límites claros a eventuales apoyos estatales y un plan operativo creíble.
La relevancia de Petroperú trasciende el sector energético. Si el Estado pide disciplina fiscal, combate la evasión y exige eficiencia en la obra pública, necesitará aplicar estándares comparables a sus propias empresas. Un rescate sin condiciones o sin información clara dañaría el mensaje de responsabilidad presupuestaria. En cambio, una gestión profesional, con metas verificables y rendición de cuentas, podría ayudar a recuperar confianza en la capacidad estatal de administrar activos estratégicos sin convertirlos en una fuente permanente de riesgo fiscal.
Una promesa de largo plazo con resultados exigibles
La apuesta por la productividad tiene una ventaja política: identifica una causa de fondo de la desigualdad económica peruana. Pero también implica un riesgo, porque sus resultados no suelen aparecer de inmediato. Formalizar empleo, modernizar el crédito, terminar obras y mejorar la recaudación requiere coordinación entre ministerios, gobiernos regionales, municipios, empresas y sindicatos. Las comisiones presidenciales pueden aportar diagnósticos y consensos, aunque su utilidad dependerá de que sus recomendaciones se traduzcan en normas ejecutables, presupuestos, calendarios y responsables identificables.
La inversión privada creciendo por encima del 10 %, según el ministro, abre una ventana favorable. Sin embargo, ese dinamismo solo se convertirá en desarrollo sostenido si encuentra infraestructura funcional, reglas previsibles, trabajadores capacitados y un Estado capaz de ejecutar. Perú no necesita únicamente producir más; necesita que la productividad alcance a sectores y territorios que han permanecido al margen de los beneficios del crecimiento. La “obsesión” anunciada por el Ministerio de Economía será evaluada, finalmente, no por el número de comisiones creadas, sino por si un pequeño empresario puede formalizarse sin quedar excluido, si una obra pública llega a operar y si el crecimiento resiste mejor los próximos ciclos políticos y climáticos.
