QUERÉTARO, 22 de agosto de 2026. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el transporte de dos envases que contenían una sustancia identificada como mercurio, localizada durante una revisión vehicular en la carretera Puerto de los Velázquez-San Gaspar, en la zona de la Sierra Gorda de Querétaro.
El hallazgo ocurrió en el municipio de Pinal de Amoles, donde elementos de la Policía Estatal inspeccionaron un vehículo y encontraron dos recipientes con una capacidad de 600 mililitros cada uno. De acuerdo con la información difundida por la Profepa, la persona que conducía la unidad fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que deberá determinar las circunstancias del traslado y las posibles responsabilidades penales.
La dependencia, encabezada por Mariana Boy Tamborrell, no informó la identidad de la persona detenida ni precisó, hasta el momento, el origen del material, su destino o si el traslado contaba con algún permiso. Estos elementos serán parte de las diligencias de la carpeta de investigación abierta por la FGR.
La investigación queda en manos de la FGR
La Fiscalía abrió una carpeta por presuntos delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, conductas contempladas en el Código Penal Federal. La Profepa señaló que el mercurio es un elemento químico cuyo manejo y transporte requieren autorización, por lo que la revisión se concentrará tanto en la legalidad del traslado como en el cumplimiento de las normas aplicables a sustancias peligrosas.
La presentación de la denuncia no implica, por sí misma, que se haya acreditado la responsabilidad de la persona detenida. Corresponde al Ministerio Público recabar pruebas, establecer la naturaleza exacta del material y verificar si existieron permisos, medidas de contención y documentación relacionada con la carga. También deberá determinarse si la sustancia localizada era efectivamente mercurio y bajo qué condiciones era transportada.
El artículo 414 del Código Penal Federal establece penas de uno a nueve años de prisión para quien almacene o transporte ilícitamente sustancias consideradas peligrosas cuando puedan causar daños a la flora, la fauna o el medio ambiente. La sanción puede incrementarse hasta por tres años adicionales si el delito se comete en áreas naturales protegidas.
Un traslado detectado en una zona ambientalmente sensible
El caso se registró en la Sierra Gorda, una región que combina comunidades rurales, actividades productivas y ecosistemas de relevancia ambiental. La ubicación es jurídicamente significativa porque, de acreditarse que los hechos ocurrieron dentro de un área natural protegida, podría aplicarse el agravante previsto en la legislación federal. La determinación dependerá de la localización precisa del punto de revisión y de la clasificación legal del sitio.
La cantidad reportada, dos envases de 600 mililitros, no permite por sí sola establecer el alcance de la operación ni el nivel de riesgo generado. Sin embargo, el mercurio puede representar un peligro aun en volúmenes reducidos si se derrama, se dispersa o es manipulado sin controles adecuados. La investigación deberá aclarar si hubo contacto con personas, suelo, agua o fauna, así como las medidas adoptadas para asegurar los recipientes.
La información disponible tampoco señala que se haya producido un derrame o una afectación ambiental derivada del incidente. Por ahora, el hecho central es la localización de la sustancia durante una inspección, la detención del conductor y el inicio de una investigación federal.
El hallazgo ocurre en medio de alertas sobre tráfico ilegal
El operativo se produce meses después de que una alianza entre los medios OjoPúblico y EL UNIVERSAL difundiera, en marzo de 2026, información basada en informes de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) sobre una presunta red transnacional de tráfico ilegal de mercurio.
Según esas publicaciones, el Cártel Jalisco Nueva Generación controlaría una ruta que partiría de la Sierra Gorda de Querétaro y llegaría a minas ilegales de oro en Perú, Bolivia y Colombia. Esa referencia aporta contexto sobre la relevancia regional del mercurio, pero no establece una conexión entre la persona detenida en Pinal de Amoles y la red señalada en dichos informes. Cualquier vínculo deberá ser probado por las autoridades mediante la investigación correspondiente.
El tráfico de este elemento suele asociarse con la minería ilegal de oro, actividad en la que se utiliza para separar el metal de otros materiales. La circulación clandestina puede dificultar la trazabilidad de la sustancia y aumentar los riesgos para las comunidades y los ecosistemas involucrados. No obstante, la autoridad todavía no ha informado el posible uso que tendría el material asegurado en Querétaro.
Riesgos para la salud y el ambiente
La Organización Mundial de la Salud considera al mercurio una de las diez sustancias químicas más preocupantes para la salud pública. La exposición puede afectar los sistemas nervioso, digestivo e inmunitario, además de provocar daños en los pulmones, los riñones, la piel y los ojos. La intensidad de los efectos depende de factores como la forma química del mercurio, la vía de exposición, la cantidad y el tiempo de contacto.
Por esa razón, su transporte exige controles destinados a evitar fugas y contacto directo. En este caso, la investigación federal deberá establecer si los envases cumplían con las condiciones de seguridad y si el traslado fue autorizado. Mientras se desarrollan las diligencias, la detección del material refuerza la necesidad de vigilar las rutas de la Sierra Gorda y de mantener coordinación entre las autoridades estatales, ambientales y ministeriales para identificar el origen y destino de sustancias peligrosas.
