El presupuesto de la Profepa ha descendido 43.2% en términos reales desde 2018, según datos del PEF analizados por el Observatorio de Crisis Climática. Esta reducción limita directamente la capacidad de inspeccionar PIMVS, espacios que albergan fauna silvestre sin obligación de reinserción. El caso del tigre Kenzo, escapado y abatido en Animal Experience México, ilustra las consecuencias: irregularidades en planes de manejo detectadas solo tras el incidente.
Con apenas 500 inspectores para todo el país, la dependencia enfrenta desventaja estructural frente a recintos vinculados a poderes fácticos. La falta de recursos afecta salarios, alcance operativo y capacitación, lo que rompe cadenas de custodia y reduce sanciones penales. Incidentes previos en santuarios de la Ciudad de México y Estado de México confirman un patrón de respuesta reactiva más que preventiva.
La Semarnat autoriza PIMVS y UMA, pero Profepa carece de margen para seguimiento sistemático. El recorte presupuestal no solo erosiona funciones de vigilancia, sino que expone al personal y compromete la aplicación de la Ley General de Vida Silvestre en un contexto de crecientes riesgos.
