La coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, presentó una iniciativa de ley que busca permitir la deducción de hasta 25 mil pesos anuales por cada niño o niña de hasta cuatro años en concepto de guarderías y estancias infantiles al calcular el Impuesto Sobre la Renta. La propuesta se inscribe dentro de los trabajos legislativos ordinarios y tiene como objetivo reconocer que el cuidado infantil constituye una necesidad básica para millones de familias mexicanas, no un lujo.
Según la legisladora, la cobertura actual de guarderías financiadas por el Estado es mínima. Como consecuencia, millones de menores permanecen al cuidado de familiares, principalmente mujeres, que destinan gran parte de su tiempo a esta labor sin contar con apoyo especializado ni compensación económica. Ortega Pacheco señaló que esta situación equivale a que el Estado mexicano “le da la espalda” a las mujeres cuidadoras y a las madres, al tiempo que se han cerrado espacios públicos de atención infantil sin ofrecer alternativas formales.
La iniciativa toma como antecedente la deducción ya vigente para el pago de colegiaturas. Sin embargo, subraya que los gastos en guarderías afectan a un segmento más amplio de la población, precisamente en la etapa en que los niños requieren mayor atención y cuidados. La falta de acceso a servicios formales de cuidado infantil genera una carga desproporcionada sobre las mujeres, limitando su participación en el mercado laboral y, en muchos casos, cancelando o postergando sus trayectorias profesionales.
Impacto en la participación laboral femenina
Datos oficiales muestran que la tasa de participación económica de las mujeres mexicanas con hijos pequeños es significativamente menor que la de las mujeres sin hijos o que la de los hombres en situación similar. La propuesta de Ortega Pacheco busca reducir esta brecha al permitir que las familias descuenten parte del costo de servicios registrados ante el SAT. Al requerir comprobantes fiscales, la medida también apunta a formalizar un sector que opera mayoritariamente en la informalidad, lo que podría mejorar tanto la transparencia como la recaudación tributaria.
Expertos en política social consultados coinciden en que una deducción fiscal de esta naturaleza funcionaría como incentivo para que más familias opten por centros formales. No obstante, advierten que su alcance dependerá de la capacidad real de la oferta de guarderías registradas, especialmente en zonas rurales y marginadas donde la infraestructura sigue siendo escasa.
Efectos esperados en la economía familiar
La deducción de 25 mil pesos anuales representa un alivio parcial frente al costo promedio mensual de una estancia infantil particular, que oscila entre 3 mil y 8 mil pesos según la región. Para hogares de ingresos medios y medios-bajos, este monto puede significar la diferencia entre mantener dos ingresos o que uno de los padres, usualmente la madre, abandone el empleo. La iniciativa también contempla que los trabajadores de los centros de cuidado formalizados accedan a mejores condiciones laborales, fortaleciendo así la economía de quienes ejercen estas tareas.
Analistas fiscales observan que la medida sigue la lógica de otras deducciones ya existentes, pero advierten sobre posibles efectos regresivos si no se combina con políticas de expansión de la oferta pública. Las familias de menores ingresos que no alcanzan a pagar servicios formales no podrían beneficiarse directamente de la deducción, aunque podrían hacerlo de manera indirecta si aumenta la formalización del sector.
La iniciativa se suma a un debate más amplio sobre la corresponsabilidad del Estado, las empresas y las familias en el cuidado de la infancia. Mientras tanto, la propuesta de Ivonne Ortega Pacheco será analizada en comisiones de la Cámara de Diputados, donde se evaluará su viabilidad presupuestaria y su alineación con los objetivos de equidad de género y desarrollo infantil temprano.
