Lima, 12 ago (EFE).- El incremento en el precio de los combustibles desencadenó este miércoles bloqueos de vías y un paro de transportistas en Pucallpa e Iquitos, las principales ciudades de la Amazonía peruana, en una jornada de presión social que pone en evidencia la fragilidad del abastecimiento en regiones alejadas del eje central del país. Las manifestaciones surgieron para exigir al Gobierno medidas concretas que aseguren la provisión de diésel y gasolina, en un contexto de precios que, según los gremios, se dispararon en pocas semanas y ya afectan el transporte, el comercio y la movilidad cotidiana.
En Ucayali, cuya capital es Pucallpa, las organizaciones sociales y los gremios de transportistas sostienen un paro indefinido y bloquearon la carretera Federico Basadre en el tramo comprendido entre Neshuya y Curimaná, de acuerdo con reportes de medios locales. La protesta se concentró en una de las rutas más sensibles para el tránsito de mercancías y pasajeros en la zona, donde cualquier interrupción repercute de inmediato en el abastecimiento de alimentos, el traslado de bienes básicos y la actividad económica de las comunidades amazónicas.
La tensión se alimenta por un alza marcada en los combustibles. Los manifestantes señalan que el diésel alcanzó los 24,6 soles por galón, más del doble de lo informado hasta febrero, mientras que el gasohol subió 53 % hasta 18,5 soles por galón. En términos prácticos, ese salto encarece el transporte público y de carga, y presiona sobre precios finales en una región donde los costos logísticos ya son superiores a los de la costa por la distancia y las dificultades de conexión terrestre.
Entre los factores que explican la escasez y la suba aparecen causas externas e internas. Por un lado, el conflicto en Medio Oriente ha elevado la volatilidad internacional del petróleo; por otro, persisten los problemas financieros de Petroperú, la empresa estatal que concentra buena parte de la distribución de combustibles en la Amazonía y en otras zonas apartadas del país. Esa combinación ha vuelto más vulnerable el suministro en territorios donde los inventarios suelen ser reducidos y donde cualquier retraso en la logística se traduce en desabastecimiento o sobreprecios.
La presión no se limitó a Ucayali. En Loreto, con Iquitos como capital, también se registró un corte en la carretera Iquitos-Nauta, corredor que conecta con la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. La protesta buscó amplificar el reclamo en una región que depende de rutas limitadas y de un abastecimiento altamente condicionado por el transporte fluvial y terrestre. En paralelo, ciudades del sur como Arequipa y Tacna anunciaron piquetes en algunos accesos urbanos para sumarse a las movilizaciones, lo que sugiere que el malestar por los precios ya comenzó a extenderse más allá de la Amazonía.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, informó que sostuvo una reunión con representantes de Petroperú y de Aguaytía Energy para buscar mayor capacidad de almacenamiento y responder a la demanda de Ucayali. El ministerio indicó que Aguaytía Energy entregará a Petroperú dos tanques que aumentarán el stock disponible en el corto plazo. Shinno también encabezó una mesa de trabajo con funcionarios del sector, Osinergmin, Petroperú, autoridades locales y regionales, además de senadores y diputados, con el objetivo de proteger a las familias de la región y reducir el impacto inmediato de la crisis.
Según la versión oficial, Petroperú reportó que sí existe combustible disponible en Ucayali y que el abastecimiento está garantizado. Esa afirmación, sin embargo, convive con la protesta en las calles y con la percepción de los gremios de que el problema no es solo de inventario, sino de acceso efectivo y de precios sostenibles para una economía regional con menor capacidad de absorber shocks. La brecha entre el diagnóstico gubernamental y la respuesta social deja ver que la disputa ya no gira únicamente en torno al volumen de combustible, sino también a la credibilidad de los mecanismos de distribución y a la capacidad del Estado para sostener servicios básicos en zonas periféricas.
