Tijuana, BC.- Las autoridades estatales y municipales de Baja California trabajan en la definición de un protocolo unificado que establezca estándares mínimos de bienestar para los caballos que se utilizan en distintas actividades productivas y recreativas. La iniciativa surge tras la detección de varios casos de maltrato en diferentes municipios, según informó Carmen Villarreal Alberich, representante de Abogados Animalistas México.
El incremento de denuncias en el Valle de Mexicali ha sido uno de los principales detonantes. En esa región se han registrado situaciones reiteradas de equinos sometidos a condiciones inadecuadas de alimentación, descanso y atención veterinaria. Las autoridades de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales ya tienen carpetas de investigación abiertas que documentan estas irregularidades.
Prácticas prohibidas documentadas en Rosarito y Ensenada
En Playas de Rosarito se identificaron yeguas recién paridas que eran obligadas a trabajar junto con sus crías de pocos días de nacidas. Esta práctica contraviene de manera directa las disposiciones vigentes que prohíben el uso laboral de hembras en periodo de lactancia. En Ensenada, el rescate reciente de un pony sirvió como punto de partida para revisar los protocolos de atención y derivó en la convocatoria de una reunión interinstitucional más amplia.
Además, se detectó el uso continuo de caballos de entre 12 y 15 años de edad en labores de tiro y carga. Aunque la normativa estatal ya establece límites de edad para este tipo de trabajo, la falta de inspecciones sistemáticas ha permitido que estas conductas persistan. Los datos recopilados por la Dirección de Bienestar Animal muestran que la mayoría de los equinos en esta franja etaria presentan signos de desgaste articular y problemas dentales que afectan su calidad de vida.
Reunión interinstitucional define criterios comunes
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección de Bienestar Animal, convocó a una sesión de trabajo que reunió a representantes de los centros de control animal de los cinco ayuntamientos, la Universidad Autónoma de Baja California, la Semarnat, la Secretaría de Agricultura y la propia Fiscalía especializada. El objetivo central fue avanzar hacia un protocolo estatal que sea aplicable en cualquier contexto donde permanezcan caballos, ya sea en fincas, centros de equinoterapia o actividades turísticas.
Durante el encuentro se acordó homologar el instrumento conocido como “maltratómetro” que utilizan los municipios para clasificar los grados de maltrato. La estandarización busca que los criterios de evaluación sean idénticos en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito y Tecate, de modo que las sanciones y las medidas correctivas mantengan coherencia en todo el territorio estatal.
Campañas preventivas y seguimiento a la norma
Otro de los acuerdos alcanzados contempla la coordinación de campañas de concientización antes de periodos críticos como la temporada de pirotecnia, las olas de calor y el invierno. Estas acciones preventivas pretenden reducir la incidencia de casos que suelen incrementarse en fechas específicas del año. La Fiscalía ha señalado que la homologación de mensajes y procedimientos facilitará tanto la labor de los inspectores como la comprensión de la ciudadanía sobre las obligaciones que implica la tenencia responsable de equinos.
Especialistas consultados por la reunión coincidieron en que la existencia de un protocolo claro podría contribuir a disminuir la discrecionalidad en las resoluciones administrativas y judiciales. Sin embargo, también advirtieron que la efectividad del instrumento dependerá de la asignación de recursos suficientes para inspecciones periódicas y de la capacitación continua del personal municipal y estatal.
La propuesta del protocolo se encuentra ahora en fase de revisión técnica. Se espera que en las próximas semanas los participantes presenten observaciones finales antes de su eventual aprobación por el Comité Estatal de Bienestar Animal. Mientras tanto, las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía continúan su curso y podrían derivar en sanciones que sirvan como precedente para la aplicación futura de los nuevos estándares.
