Tijuana, Baja California, 3 de agosto de 2026. El Proyecto Morado necesita un nuevo impulso institucional para ampliar el uso de agua residual tratada en Tijuana, una infraestructura que permanece subutilizada pese a que fue instalada hace casi dos décadas y podría contribuir a reducir la demanda de agua potable en actividades que no requieren ese nivel de calidad.
Sara González, estudiante de la Maestría en Gestión Integral del Ambiente, señaló que actualmente poco más de 40 usuarios están conectados a la llamada línea morada. La cifra, consideró, refleja el limitado crecimiento de una red cuya instalación comenzó en 2007 y que tiene capacidad para atender a más parques, escuelas, empresas y otros espacios públicos.
Una red instalada, pero con alcance limitado
El Proyecto Morado consiste en una red destinada a distribuir agua tratada para usos no potables. Entre las actividades que pueden realizarse con este recurso se encuentran el riego de áreas verdes, la descarga de sanitarios, el lavado de vehículos y otras labores que no requieren agua destinada al consumo humano.
La existencia de infraestructura desde 2007 permite observar que el principal desafío no está únicamente relacionado con la disponibilidad física de una red, sino con la cantidad de usuarios que se incorporan a ella. Una conexión limitada reduce el aprovechamiento de las plantas de tratamiento y mantiene la presión sobre el suministro de agua potable para tareas que podrían cubrirse mediante fuentes alternativas.
González atribuyó parte del crecimiento limitado a la falta de incentivos suficientemente conocidos y a la ausencia de mecanismos que faciliten el acceso de nuevos usuarios. Desde su perspectiva, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) tendría un papel central en la promoción del proyecto, tanto para informar sobre sus beneficios como para simplificar la incorporación de quienes pueden utilizar agua tratada.
Incentivos que no alcanzan a todos los sectores
La estudiante explicó que la Ley de Ingresos contempla descuentos en el servicio para algunos usuarios que desarrollen obras de reúso de agua. Sin embargo, sostuvo que esos beneficios tienen una difusión limitada y no incluyen a los sectores industrial y comercial, dos áreas con posibilidades de consumo para riego, limpieza, procesos específicos y servicios sanitarios.
La falta de incentivos para estos sectores puede convertirse en una barrera económica y operativa. La conexión a una red de agua tratada puede requerir adecuaciones internas, equipos de almacenamiento o cambios en los sistemas de distribución de cada inmueble. Si los usuarios potenciales no conocen los apoyos disponibles, o si estos no corresponden a sus necesidades, la infraestructura pública difícilmente alcanzará una escala mayor.
Por ello, la propuesta no se limita a aumentar los descuentos. También plantea revisar los procedimientos de conexión, mejorar la información dirigida a usuarios y establecer condiciones que hagan más predecible el uso del agua tratada. Cualquier ampliación, no obstante, deberá mantener controles sobre la calidad del recurso y sobre los usos autorizados, debido a que se trata de agua destinada a actividades no potables.
Plantas existentes para atender espacios públicos
González planteó que una política de incentivos más amplia permitiría descentralizar la infraestructura de reúso y aprovechar las plantas de tratamiento que ya existen. El objetivo sería acercar el agua tratada a parques, escuelas y otros espacios públicos, especialmente en zonas que todavía no cuentan con conexión directa a la línea morada.
Esta estrategia podría combinar la expansión de la red permanente con soluciones temporales o flexibles. Entre las alternativas mencionadas se encuentra el uso de pipas para abastecer áreas verdes y otros sitios mientras se construyen nuevas conexiones. Aunque el transporte no sustituye a una red de distribución, puede servir para probar la demanda, atender zonas prioritarias y evitar que los espacios públicos dependan exclusivamente de agua potable para su mantenimiento.
La elección entre ampliar tuberías y utilizar pipas dependería de factores como la distancia a las plantas, el volumen requerido, la continuidad del suministro y el costo de las obras. Una planificación por etapas permitiría identificar los lugares con mayor consumo y establecer prioridades con base en criterios ambientales, económicos y de servicio público.
Una obligación ambiental pendiente
La estudiante recordó que la Ley Estatal de Protección al Ambiente establece que los parques y las áreas verdes deben utilizar agua residual tratada. Bajo ese marco, el fortalecimiento del Proyecto Morado no sería únicamente una opción para diversificar las fuentes de abastecimiento, sino también una vía para avanzar en el cumplimiento de una disposición ambiental.
El reto consiste en convertir esa obligación legal en una práctica operativa constante. Para ello se requiere coordinación entre la Cespt, las autoridades municipales, los administradores de espacios públicos y los posibles usuarios privados. También resulta necesario verificar que el agua se utilice en condiciones adecuadas y que las instalaciones cuenten con sistemas separados de la red de agua potable, a fin de evitar riesgos de contaminación cruzada.
González consideró que actualmente no existe una estrategia institucional suficientemente sólida para fomentar el aprovechamiento del agua tratada. Su planteamiento apunta a que el crecimiento del proyecto debe apoyarse en una política integral: más incentivos, mayor difusión, procedimientos accesibles, inversión en distribución y mecanismos de abasto para los puntos que permanecen fuera de la red.
La ampliación del reúso no resolvería por sí sola los desafíos de abastecimiento de Tijuana, pero sí podría reducir el consumo de agua potable en labores urbanas y dar mayor utilidad a la infraestructura construida desde 2007. El avance dependerá de que las autoridades definan metas verificables, incorporen a sectores actualmente excluidos y conviertan la línea morada en un servicio con presencia efectiva en la ciudad.
