Una iniciativa presentada en el Senado por la bancada del Partido Verde Ecologista de México busca impedir que las empresas de telecomunicaciones condicionen la contratación de telefonía móvil o internet a la adquisición de seguros, membresías o suscripciones adicionales. La propuesta, impulsada por la senadora Rocío Corona Nakamura, modifica los artículos 102, 185 y 186 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para reforzar los derechos de los usuarios frente a prácticas que elevan el costo final del servicio.
Según el texto, ninguna compañía podrá exigir la compra temporal o permanente de productos complementarios como requisito para acceder al servicio principal. Además, se reconoce expresamente el derecho de los usuarios a rechazar cualquier cargo no solicitado desde el momento de la contratación. La medida responde a quejas recurrentes sobre renovaciones automáticas que generan cobros periódicos no previstos por los clientes.
Crecimiento del sector y nuevas prácticas comerciales
Los datos citados por la legisladora reflejan la importancia estratégica de las telecomunicaciones. Al cierre de marzo de 2025 México registraba 142.3 millones de líneas móviles activas y 130.5 millones de accesos a internet móvil, según cifras del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de 2023 indica que 97 millones de personas usan internet, equivalente al 81.2 % de la población de seis años o más, con la franja de 12 a 17 años alcanzando una penetración del 92.4 %.
Este crecimiento ha coincidido con la aparición de esquemas comerciales que vinculan el servicio básico a la contratación de seguros de equipo o plataformas de entretenimiento. Aunque las empresas argumentan que estos paquetes ofrecen descuentos o protección adicional, la iniciativa sostiene que la falta de transparencia y las renovaciones automáticas terminan por encarecer el servicio sin consentimiento claro del usuario.
Protección al consumidor y equilibrio de mercado
La reforma no prohíbe la venta de servicios adicionales, sino que exige que su contratación sea voluntaria y separada del servicio principal. Esta distinción busca evitar que operadores con mayor poder de mercado impongan condiciones que reduzcan la capacidad de elección de los usuarios. En un sector donde cuatro grandes grupos controlan la mayor parte de las líneas móviles, la medida podría favorecer la competencia al facilitar comparaciones más claras entre ofertas.
Desde la perspectiva regulatoria, la propuesta se alinea con principios ya presentes en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe las ventas atadas. Sin embargo, la iniciativa específica en telecomunicaciones añade claridad al señalar expresamente seguros, membresías y suscripciones como productos que no pueden condicionarse. La experiencia internacional muestra que regulaciones similares en otros países han reducido quejas por cargos no reconocidos y han mejorado la percepción de transparencia del sector.
Posibles efectos en la industria y los hogares
Las operadoras tendrán que ajustar sus procesos de venta y sistemas de facturación para separar claramente cada concepto. Esto podría generar costos administrativos iniciales, aunque también reduciría devoluciones y disputas por cargos no autorizados. Para las familias mexicanas, la eliminación de renovaciones automáticas no solicitadas representaría un ahorro directo en un contexto donde el gasto en conectividad representa una proporción creciente del presupuesto mensual.
La iniciativa aún debe recorrer el proceso legislativo en comisiones y el pleno del Senado. Su aprobación dependerá del respaldo de otras bancadas y de la capacidad del PVEM para argumentar que la medida no limita la oferta comercial, sino que simplemente restablece la libertad de contratación del usuario. Mientras tanto, el debate pone de relieve la tensión entre la expansión de servicios digitales y la necesidad de salvaguardar el consentimiento informado en un mercado cada vez más concentrado.
