El derecho romano otorgaba al propietario del suelo el dominio absoluto hasta el cielo y el subsuelo. Esa concepción cambió con la legislación moderna, que limita la propiedad vertical a la altura que se pueda aprovechar de forma razonable para construir, plantar o instalar elementos.
Por encima de ese umbral, el espacio aéreo se convierte en vía pública regulada por el Estado. La Ley de Aviación Civil lo clasifica como bien nacional de uso común, lo que permite el sobrevuelo de aeronaves sin autorización del dueño del terreno. Los planes de desarrollo urbano imponen alturas máximas mediante el Coeficiente de Utilización del Suelo y normas de zonificación, evitando construcciones ilimitadas que alterarían el orden de la ciudad.
Impacto de drones y privacidad
La proliferación de drones ha añadido una capa práctica: vuelos a baja altura cerca de techos pueden constituir invasión de privacidad y ser denunciados. Ignorar estas reglas genera clausuras, multas y demoliciones. El equilibrio actual protege tanto el interés individual como el público, obligando a los propietarios a conocer los límites reales de su dominio vertical.
