La solicitud del titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Luis Felipe Chan Baltazar, para que la ciudadanía mantenga su confianza en la corporación pese a la imputación del exdirector Pedro Ariel “N” y cuatro agentes por desaparición forzada, abre una ventana para examinar trayectorias institucionales que preceden al caso y sus proyecciones en el tejido social bajacaliforniano. El pronunciamiento se produce en un momento en que las evaluaciones de control de confianza y los sistemas de videovigilancia interna intentan restaurar credibilidad interna, sin que hasta ahora se haya modificado la estructura de mandos.
Raíces de la desconfianza institucional en Baja California
La historia de la policía municipal en Mexicali registra episodios recurrentes de colusión con grupos delictivos desde finales de los años noventa, cuando el crecimiento del tráfico de personas y estupefacientes hacia la frontera estadounidense expuso debilidades en los controles internos. Casos documentados en 2008 y 2015 mostraron patrones similares: detenciones arbitrarias seguidas de liberaciones a cambio de pagos, que erosionaron progresivamente la disposición ciudadana a acudir a las comisarías. Estos antecedentes explican por qué la imputación actual del exdirector y cuatro agentes por desaparición forzada no constituye un hecho aislado, sino la continuación de una secuencia en la que la falta de depuración efectiva permitió que prácticas irregulares se mantuvieran bajo diferentes administraciones.
Los protocolos implementados desde la llegada de Chan Baltazar, como las revisiones periódicas del Centro de Evaluación de Control y Confianza y la exigencia de que las bodycams y los GPS de las patrullas operen al cien por ciento, responden directamente a esas fallas acumuladas. Sin embargo, la efectividad de tales medidas depende de su aplicación sostenida más allá de periodos de crisis mediática, algo que los registros históricos de la corporación no han logrado garantizar de manera consistente.
Repercusiones inmediatas en la denuncia ciudadana
Cuando un titular de seguridad pide explícitamente que la población utilice el 911 pese a las imputaciones recientes, se reconoce implícitamente el riesgo de que los índices de denuncia disminuyan. En Tijuana, tras un escándalo similar en 2019 que involucró a mandos medios en extorsiones, el número de reportes por delitos patrimoniales cayó un 23 por ciento durante los seis meses siguientes, según datos de la Fiscalía General del Estado. Esa reducción no reflejó menor incidencia delictiva, sino mayor temor a interactuar con agentes cuya integridad se cuestionaba. En Mexicali, un efecto análogo podría traducirse en que víctimas de violencia doméstica o extorsión opten por resolver sus problemas fuera de los canales institucionales, debilitando la capacidad de inteligencia policial para mapear redes criminales.
Efectos estructurales sobre la reforma policial
La decisión de mantener sin cambios los mandos actuales, aun cuando la Fiscalía General del Estado continúa la investigación contra el exdirector, envía una señal ambigua sobre la profundidad del proceso de depuración. En entidades como Nuevo León, donde tras detenciones de policías vinculados al crimen organizado se optó por relevos masivos en mandos medios, la rotación permitió incorporar perfiles con evaluaciones más recientes y redujo temporalmente los incidentes de colusión. La ausencia de modificaciones similares en Mexicali podría prolongar la percepción de continuidad institucional, dificultando que las nuevas medidas de supervisión alcancen legitimidad ante los propios agentes y ante la ciudadanía.
Además, la falta de oficios recibidos hasta ahora por parte de la Fiscalía para citar a otros elementos sugiere que la investigación podría limitarse a los cinco imputados iniciales. Esta concentración de esfuerzos, si no se amplía, deja sin resolver posibles ramificaciones en otras áreas operativas de la corporación, especialmente aquellas encargadas de la custodia de detenidos y el resguardo de evidencias.
Proyecciones a mediano plazo en la seguridad fronteriza
Mexicali funciona como punto de articulación entre rutas del narcotráfico y flujos migratorios irregulares. Cualquier erosión adicional de la confianza pública en la policía municipal afecta directamente la cooperación con agencias federales y estadounidenses que dependen de inteligencia local oportuna. Casos pasados en la región, como la desarticulación de una célula de Los Zetas en 2013 gracias a denuncias anónimas canalizadas a través de la policía municipal, ilustran cómo la disposición ciudadana a compartir información puede alterar el equilibrio operativo de los grupos delictivos. Si esa disposición disminuye, las organizaciones criminales ganan margen de maniobra en zonas urbanas y rurales donde la presencia federal es intermitente.
El énfasis de Chan Baltazar en que la mayoría de los agentes arriesgan su vida en el cumplimiento del deber resulta insuficiente si no se acompaña de resultados mensurables en la reducción de quejas por abuso de autoridad. Las métricas de evaluación de control de confianza, aunque anunciadas como permanentes, deben publicarse de forma agregada y periódica para que la sociedad pueda verificar si la depuración avanza o se estanca. Sin esa transparencia, el llamado a la confianza permanece en el terreno de la exhortación más que en el de la demostración institucional.
Implicaciones para la cohesión social y la gobernanza local
La recurrencia de escándalos policiales en Baja California ha contribuido a una fragmentación de la confianza que trasciende el ámbito de la seguridad. En colonias con alta incidencia de delitos, vecinos han optado por organizar comités de autodefensa o contratar vigilancia privada, patrones que debilitan el monopolio legítimo del uso de la fuerza por parte del Estado. Cuando el propio director de la corporación reconoce la necesidad de seguir confiando pese a los hechos recientes, se evidencia que la reconstrucción de esa legitimidad requerirá más que protocolos internos: demandará una estrategia sostenida de rendición de cuentas que involucre a la sociedad civil, los organismos de derechos humanos y las instancias de fiscalización legislativa.
En el largo plazo, la capacidad de Mexicali para atraer inversión y retener población depende en parte de la percepción de orden público. Si los episodios de colusión policial se perciben como estructurales y no como excepciones aisladas, tanto residentes como empresas ajustarán sus decisiones de localización, afectando el desarrollo económico de la región fronteriza. La insistencia en mantener los mandos actuales sin modificaciones inmediatas deberá por tanto equilibrarse con mecanismos claros de supervisión externa que demuestren que las evaluaciones de control de confianza no son solo herramientas reactivas, sino componentes permanentes de una reforma policial que aún está en construcción.
