El próximo gobierno peruano hereda un país donde los diagnósticos están agotados y la capacidad de acción se ha erosionado de manera sistemática. Los problemas de inseguridad, vulnerabilidad climática y deterioro institucional ya no requieren nuevos estudios, sino una reconstrucción urgente de las estructuras que permiten ejecutar decisiones. Los datos del INEI y del Consejo Fiscal muestran que el margen para errores se ha reducido drásticamente: entre 2021 y 2026 el Congreso aprobó 268 leyes con impacto fiscal adverso por 36 700 millones de soles anuales. Esta cifra equivale al 3 % del PBI y representa un costo acumulado de 109 600 millones de soles. El escenario obliga a priorizar la restauración de la autoridad técnica y política por encima de cualquier anuncio sectorial.
El liderazgo presidencial como primer eslabón perdido
La capacidad de coordinar al gabinete y dialogar con el Congreso y el Poder Judicial depende directamente de la imagen presidencial. Sin esa conducción, las mejores políticas se fragmentan entre ministerios rivales y plazos electorales. Un análisis de las últimas tres gestiones revela que la ausencia de previsibilidad presidencial elevó la percepción de riesgo país en 180 puntos básicos en promedio durante los primeros seis meses de cada mandato. Los inversionistas no esperan anuncios espectaculares; esperan señales claras de que el Ejecutivo puede sostener compromisos más allá del ciclo político inmediato.
El MEF y la PCM: dos instituciones que deben recuperar autoridad
El Ministerio de Economía y Finanzas perdió progresivamente su capacidad de veto técnico frente a iniciativas legislativas populares pero insostenibles. Entre 2019 y 2025, la población urbana sin agua dentro de la vivienda pasó de 1,5 a 2,6 millones de personas, mientras que quienes carecen de desagüe aumentaron de 3,2 a 4,9 millones. Estas cifras no son solo brechas sociales; son consecuencia directa de la incapacidad del MEF para defender reglas fiscales cuando el Congreso aprueba gasto sin fuente de financiamiento. La PCM, por su parte, se redujo a un espacio de contención de crisis políticas en lugar de funcionar como articulador de políticas públicas. Recuperar ambos roles exige nombramientos que combinen independencia técnica y respaldo político explícito del presidente.
Seguridad y El Niño: dos urgencias que exponen la misma debilidad estructural
La inseguridad ya no es un problema policial aislado. Las extorsiones paralizan pequeños negocios y la minería ilegal expande economías criminales que compiten con el Estado por control territorial. El 83,2 % de la población urbana se siente insegura según el INEI. Al mismo tiempo, los eventos de El Niño de 2023 demostraron que la falta de obras de prevención destruye empleo agropecuario a tasas superiores al propio impacto climático: el sector perdió 7,5 % de puestos de trabajo, casi 320 000 plazas. Ambas amenazas comparten una raíz común: la ausencia de un Estado capaz de planificar con horizonte multianual y ejecutar presupuestos sin dispersión. Los gobiernos regionales y locales, que reciben transferencias crecientes, carecen de lineamientos claros y de mecanismos de rendición de cuentas que obliguen a priorizar prevención sobre obras visibles.
Perspectivas en tensión: empresarios, Congreso y ciudadanía
Los empresarios exigen simplificación de trámites y predictibilidad fiscal, pero temen que cualquier ajuste de reglas provoque represalias legislativas. El Congreso, por su parte, ha demostrado que prioriza proyectos de gasto inmediato sobre sostenibilidad macroeconómica. La ciudadanía, mientras tanto, observa cómo las brechas de servicios básicos se amplían al mismo tiempo que la competitividad del país cae al puesto 60 de 70 economías en el ranking del IMD. Esta divergencia de incentivos explica por qué los intentos anteriores de reforma institucional fracasaron: cada actor defiende su margen de maniobra sin asumir el costo colectivo de la parálisis.
Riesgos de una reconstrucción incompleta
Si el nuevo gobierno no logra recomponer la autoridad del MEF y de la PCM en los primeros doce meses, el riesgo de una nueva ola de leyes con impacto fiscal adverso se incrementa. El Perú podría perder otros cinco puestos en los rankings de competitividad antes de 2030, lo que reduciría la llegada de inversión extranjera directa en sectores distintos a la minería. Además, la preparación insuficiente frente a El Niño podría generar pérdidas económicas superiores a las de 2023, con efectos multiplicadores sobre el empleo informal que ya representa más del 70 % de la fuerza laboral. La ventana de oportunidad es estrecha: los primeros meses de gestión son los únicos en que un presidente entrante suele contar con capital político suficiente para imponer disciplina fiscal y coordinación interministerial.
Escenarios de mediano plazo
En un escenario optimista, la recuperación de capacidad ejecutiva permitiría destrabar proyectos de infraestructura crítica y elevar la calidad de la inversión pública, reduciendo las brechas de agua y saneamiento en al menos 400 000 personas hacia 2030. En un escenario intermedio, la inercia institucional se mantiene y el país sigue perdiendo terreno en competitividad sin colapso inmediato. En el peor de los casos, la combinación de inseguridad creciente y desastres climáticos recurrentes erosiona la legitimidad del Estado y acelera la migración de capital humano calificado. Ninguno de estos caminos depende de diagnósticos nuevos, sino de la decisión política de restaurar las instituciones que históricamente permitieron al Perú mantener estabilidad macroeconómica incluso en contextos regionales turbulentos.
