El Poder Judicial de Costa Rica aprobó un recorte presupuestario de ₡13.242 millones para 2026, equivalente a unos 28 millones de dólares. La medida responde a una solicitud del Ministerio de Hacienda orientada a mejorar la sostenibilidad fiscal del país y fue adoptada por mayoría en la sesión de la Corte Plena celebrada el 29 de junio.
De ese monto, ₡8.687 millones corresponden a recursos que la Asamblea Legislativa había autorizado en el cuatrienio anterior para reforzar el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público. Estos fondos estaban destinados a crear nuevas plazas y abrir subdelegaciones en zonas estratégicas como La Cruz, Cabo Velas y Puerto Jiménez. El Ministerio de Hacienda no autorizó su ejecución y además los eliminó de la proyección presupuestaria para 2027. El saldo restante proviene de remanentes por tipo de cambio, contrataciones sin ofertas y reprogramación de obras.
Impacto en la seguridad y la justicia
La Corte Suprema advirtió que la reducción afectará directamente la prestación de servicios y las iniciativas contra el crimen organizado. En los últimos años, las unidades especializadas del OIJ y el Ministerio Público han logrado desarticular varias estructuras delictivas y obtener condenas contra sus líderes. Una disminución adicional de recursos obligaría a adoptar medidas más severas que impactarían la atención a las personas usuarias, según el comunicado oficial.
Al mismo tiempo, la Corte rechazó por mayoría una solicitud de recorte adicional de ₡26.549 millones al anteproyecto de presupuesto 2027. Esa cifra, equivalente a unos 58 millones de dólares, comprometería los programas de reducción del rezago judicial, la atención a víctimas y el acceso efectivo a la justicia en todo el país.
Eficiencia demostrada y límites institucionales
El Poder Judicial destacó que su ejecución presupuestaria alcanzó el 97 % en 2025, el 96 % en 2024 y el 95 % en 2023. Estos porcentajes reflejan el cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público. La institución señaló que el ajuste realizado representa el mayor esfuerzo posible sin comprometer servicios esenciales.
El recorte se produce en un contexto donde la demanda de justicia penal ha aumentado por el avance de organizaciones criminales transnacionales. La creación de nuevas plazas y subdelegaciones en zonas fronterizas y costeras respondía precisamente a esa necesidad de ampliar la cobertura territorial. Al eliminarse esos fondos, se posterga la ampliación de capacidades investigativas en puntos críticos para el tráfico de drogas y otros delitos.
Compromiso institucional y perspectiva futura
A pesar de las limitaciones, el Poder Judicial reiteró su disposición a continuar enfrentando las restricciones presupuestarias sin abandonar sus funciones constitucionales. La institución recordó que lleva dos siglos al servicio de la ciudadanía y que los recursos destinados a la justicia son indispensables para mantener la fortaleza democrática del país. La decisión de la Corte Plena deja claro que cualquier ajuste adicional requeriría evaluar medidas que podrían afectar la continuidad de procesos judiciales ya en marcha.
