Ginebra, 15 jul (EFE).- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe que detalla cómo la economía de guerra en Sudán se sostiene mediante el control de recursos naturales como la goma arábiga y las rutas comerciales. El documento señala que tanto las Fuerzas Armadas Sudanesas como las Fuerzas de Apoyo Rápido obtienen ingresos significativos de estas actividades, lo que prolonga el enfrentamiento iniciado en abril de 2023.
El organismo internacional utiliza el caso de la goma arábiga como ejemplo representativo de un patrón más amplio. Este producto, empleado en la fabricación de refrescos, cosméticos y medicamentos, genera ingresos que antes del conflicto representaban entre el 70 y el 80 por ciento de las exportaciones mundiales de la materia prima en bruto procedente de Sudán. Desde el estallido de las hostilidades, el comercio se ha fragmentado según las zonas de control territorial.
Control territorial y cadenas de suministro
Las zonas bajo dominio de las Fuerzas Armadas Sudanesas canalizan la producción hacia Puerto Sudán, mientras que la goma arábiga extraída en territorios controlados por las milicias circula a través de redes de contrabando hacia países vecinos. Esta división dificulta la trazabilidad y permite que el producto entre en mercados internacionales bajo etiquetado de origen distinto al sudanés.
La Oficina de Derechos Humanos advierte que esta situación aumenta el riesgo de que las cadenas globales de suministro contribuyan indirectamente al financiamiento del conflicto. Millones de sudaneses dependen de la recolección y el comercio de este recurso para su subsistencia, pero enfrentan amenazas, detenciones arbitrarias, saqueos y extorsiones por parte de actores armados y grupos vinculados.
Impacto en la población civil
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, instó a gobiernos y empresas a reforzar los mecanismos de supervisión en las cadenas de suministro. La recomendación incluye controles más estrictos sobre el origen de los productos, las rutas utilizadas, los intermediarios involucrados y los posibles cambios de etiquetado que oculten la procedencia real.
El informe subraya que el control de territorios y corredores comerciales se ha convertido en la principal fuente de financiamiento para las partes en conflicto. Esta dinámica sustituye a las fuentes de ingresos estatales tradicionales y desvía recursos que podrían destinarse al desarrollo de la población.
Contexto del conflicto y antecedentes económicos
Sudán atraviesa una crisis humanitaria agravada por la interrupción de actividades productivas y el desplazamiento masivo de personas. Antes del conflicto, la goma arábiga constituía un pilar económico relevante para comunidades rurales en regiones como Darfur y Kordofán. La fragmentación del comercio ha generado nuevas rutas informales que operan al margen de regulaciones internacionales.
La Oficina de Derechos Humanos documenta que las violaciones asociadas al comercio de recursos naturales no se limitan a la goma arábiga. Otros minerales y productos agrícolas también sirven como fuente de ingresos para los actores armados, perpetuando un ciclo donde el control territorial determina el acceso a divisas y suministros.
Respuestas internacionales y desafíos de trazabilidad
Las empresas que importan materias primas sudanesas enfrentan dificultades para verificar el origen debido a la falta de documentación confiable en las zonas de conflicto. El informe de la ONU propone mejorar los sistemas de certificación y fomentar la colaboración entre países de tránsito y destino para reducir el riesgo de que los ingresos lleguen a las partes beligerantes.
La experiencia de otros conflictos donde los recursos naturales han prolongado las hostilidades muestra que la presión sobre las cadenas de suministro puede contribuir a limitar el financiamiento de las facciones armadas. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas medidas requiere coordinación entre organismos internacionales, gobiernos y sector privado.
El documento concluye que la continuidad del conflicto depende en parte de la capacidad de las partes para mantener flujos de ingresos derivados de la explotación de recursos. Las recomendaciones de la Oficina de Derechos Humanos buscan romper este vínculo mediante mayor transparencia y rendición de cuentas en el comercio internacional.
