La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los homicidios dolosos han descendido un 48 por ciento desde el inicio de su administración. En junio de 2026 se registraron 45.4 casos diarios, frente a los 86.9 de septiembre de 2024. Esta diferencia representa miles de vidas preservadas en un periodo de menos de dos años.
Cuatro ejes que explican el cambio
El gobierno federal atribuye el resultado a una estrategia que combina empleo juvenil, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia operativa y reformas legales que agilizan las carpetas de investigación. Los datos del Gabinete de Seguridad muestran que junio de este año fue el mes con menor promedio diario de todo el sexenio analizado. Veintinueve entidades federativas redujeron sus cifras respecto al primer semestre de 2025.
La concentración geográfica, sin embargo, sigue siendo un factor determinante: ocho estados acumulan el 54 por ciento de los casos. Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México y Guerrero encabezan la lista. Esta distribución indica que el avance nacional oculta realidades muy distintas según la entidad.
La variable estatal como límite estructural
Uno de los hallazgos más relevantes es que la reducción no se distribuye de manera uniforme. Los estados con mayor incidencia comparten características como presencia consolidada de grupos criminales, rutas de trasiego y economías regionales dependientes de actividades ilícitas. En estas zonas, las políticas de empleo juvenil enfrentan obstáculos estructurales que van más allá de la oferta de plazas formales.
La Guardia Nacional ha incrementado su despliegue, pero su efectividad depende de la coordinación con fiscalías locales que aún presentan rezagos en capacidad de investigación. Los estados con menor reducción suelen ser aquellos donde esta coordinación sigue siendo frágil.
Perspectivas desde el terreno
Autoridades federales destacan que cada homicidio evitado modifica trayectorias familiares y comunitarias enteras. Organizaciones de derechos humanos reconocen la tendencia a la baja, pero advierten que las cifras oficiales pueden ocultar desplazamientos de violencia hacia delitos de extorsión o desapariciones. Gobernadores de entidades con mayor incidencia han solicitado recursos adicionales y mayor participación en decisiones operativas.
Las víctimas y colectivos de familiares, por su parte, exigen que la reducción de homicidios se acompañe de avances en esclarecimiento de casos pendientes. Sin justicia para los crímenes ya cometidos, la percepción de seguridad sigue siendo incompleta.
Implicaciones para la política de seguridad futura
El descenso sostenido abre una ventana para reforzar los componentes de inteligencia e investigación. Si las reformas legales logran traducirse en más condenas firmes, el efecto disuasorio podría amplificarse. Al mismo tiempo, la dependencia de ocho estados para la mitad de los casos plantea el riesgo de que cualquier retroceso local frene el promedio nacional.
La estrategia de empleo juvenil requiere seguimiento específico en las zonas de mayor violencia. Sin resultados tangibles en la inserción laboral de jóvenes en riesgo, el eje preventivo podría perder efectividad con el paso del tiempo.
Riesgos que persisten
El primer riesgo identificado es la posible subestimación de otros delitos de alto impacto que no aparecen en las estadísticas de homicidio. Un segundo riesgo radica en la capacidad de los grupos criminales para adaptarse a los operativos y reubicar sus actividades. Finalmente, la sostenibilidad del descenso depende de que los recursos destinados a inteligencia no se reduzcan en ciclos presupuestales posteriores.
El escenario más probable para los próximos dos años es una continuación de la tendencia a la baja, aunque a ritmos más moderados. Los estados que ya muestran mejoras importantes podrían acercarse a niveles de violencia similares a los de entidades con menor incidencia histórica. Aquellos que concentran los casos requerirán intervenciones más focalizadas y de mayor duración para evitar que la brecha regional se amplíe.
