El primer trimestre de 2026 mostró que el empleo formal en Colombia mantiene un crecimiento, pero este se ha reducido a niveles que no compensan la desaceleración estructural. Los datos de Asocajas revelan un aumento de apenas 1,6% en trabajadores dependientes afiliados, equivalente a 135.000 nuevos registros, frente a tasas históricas del 6% o 7%. Al mismo tiempo, el salario mínimo y la Reforma Laboral han alterado la composición de las categorías de cotización y la base de financiamiento del sistema de compensación familiar.
¿Quién sostiene realmente la formalidad?
El sector público aparece como el principal motor del aumento de afiliaciones. Actividades de administración pública lideraron los aportes, mientras que minería e infraestructura redujeron su participación. Este patrón genera una dependencia que el propio gerente de Estudios Económicos de Asocajas, Germán Cano, calificó como riesgosa ante los anuncios de ajuste de nóminas del nuevo gobierno. La formalidad que se registra está cada vez más vinculada al empleo estatal, lo que limita su capacidad de replicarse en el sector privado.
El crecimiento de microempresas y pequeños empleadores, que aportaron en promedio 4,5 trabajadores cada uno, no logra compensar la pérdida de dinamismo de las grandes empresas. Estas últimas representan solo el 1% de los aportantes pero financian el 53,7% de los recursos del sistema. La recomposición hacia categorías inferiores de ingreso, impulsada por el salario mínimo, amplió el acceso a subsidios pero redujo la base de quienes sostienen el modelo solidario sin recibir esos beneficios.

El avance desigual de los independientes
Los trabajadores independientes crecieron 11,3%, alcanzando 250.000 afiliados. Aunque representan apenas el 3% del total, su ritmo triplica al de los dependientes. Este aumento se concentra en el grupo de 29 a 49 años y coincide con una expansión más rápida del empleo informal fuera del sistema de protección social. La presidenta de Asocajas, Adriana Guillén, advirtió que el empleo informal avanza mucho más rápido que el formal, lo que genera presión sobre la capacidad del sistema para incorporar a una porción amplia de la fuerza laboral.
Perspectivas de los actores involucrados
Las cajas de compensación observan con preocupación la erosión de su base de financiamiento. El desplazamiento de trabajadores de la categoría C hacia la A, con una caída del 23,9% en la primera y un alza del 6,1% en la segunda, modifica el equilibrio entre quienes aportan más y quienes acceden a mayores subsidios. Desde el punto de vista de las empresas, el aumento del salario mínimo y los cambios regulatorios elevan costos laborales en un contexto de menor dinamismo privado. Los trabajadores jóvenes entre 18 y 21 años registraron el mayor avance en dependientes (11,7%), impulsado por sectores como hospitales y expendio de comidas, mientras que el grupo de 22 a 28 años quedó prácticamente estancado.
Riesgos de concentración y ajustes futuros
La dependencia del sector público introduce un riesgo de reversión cuando se materialicen los recortes anunciados en nóminas estatales. Al mismo tiempo, el crecimiento regional muestra disparidades: Chocó alcanzó 6,5%, Santander 6,2% y Tolima registró una leve contracción del 0,1%. Estas diferencias indican que la formalización avanza de manera desigual y que cualquier ajuste en el gasto público podría amplificar brechas territoriales. El sistema de compensación familiar, que transforma el trabajo formal en acceso a vivienda, educación y recreación, enfrenta la tensión entre expandir cobertura y mantener su sostenibilidad financiera.
El informe también destaca que los hogares que formalizaron el servicio doméstico ampliaron el acceso a protección social de esa población. Sin embargo, este avance ocurre en paralelo a una recomposición que reduce los aportes de los trabajadores de mayores ingresos. La combinación de menor ritmo de crecimiento, mayor peso de los independientes y concentración del impulso en el empleo público configura un escenario donde la formalidad se vuelve más frágil y dependiente de decisiones fiscales del nuevo gobierno.
