La decisión del Gobierno cubano de eliminar los límites de hectáreas y los plazos de explotación en la entrega de tierras en usufructo representa un cambio estructural en la política agraria de la isla. Esta medida, incluida dentro de las 176 reformas económicas aprobadas en junio, busca poner en producción áreas ociosas o subutilizadas. Su alcance va más allá del sector agrícola inmediato y puede modificar la dinámica de inversión, la distribución de actores económicos y las relaciones entre el Estado y los productores privados.
Expansión productiva y dinamismo económico
Al suprimir el techo de hectáreas, los solicitantes podrán presentar proyectos productivos adaptados a la escala real de sus capacidades. Esto favorece la entrada de medianas y grandes iniciativas en ganadería, frutales y cultivos de exportación. La posibilidad de heredar los derechos de usufructo, incluso para ciudadanos residentes en el exterior que conserven su nacionalidad efectiva, amplía el universo de capital disponible. En un contexto de contracción económica superior al 15 % entre 2020 y 2025, este flujo de recursos podría acelerar la recuperación de rendimientos en sectores como la leche, la carne y algunos cultivos tropicales.
Además, la simplificación del trámite a un máximo de 15 o 20 días reduce los costos administrativos y permite que los productores respondan con mayor rapidez a señales de mercado. Las cooperativas, ahora autorizadas a importar combustibles y a gestionar financiamiento externo, podrían integrar verticalmente sus operaciones y disminuir la dependencia de suministros estatales ineficientes.
Desafíos para la soberanía alimentaria
La apertura a proyectos de mayor escala también conlleva riesgos de especialización excesiva. Si los nuevos usufructuarios priorizan cultivos de alto valor para exportación o turismo, la producción de alimentos básicos para el consumo interno podría quedar relegada. La experiencia de otros países que liberalizaron el acceso a la tierra muestra que, sin mecanismos claros de asignación por prioridad alimentaria, los mercados internos quedan expuestos a fluctuaciones de precio y escasez estacional.
El requisito de que el solicitante demuestre explotación previa de las tierras ya asignadas busca mitigar este riesgo, pero su aplicación práctica depende de la capacidad de fiscalización del Ministerio de la Agricultura. En un escenario de escasez de combustible y recursos logísticos, esa verificación puede volverse irregular y generar distorsiones entre productores.
Inclusión de actores privados y emigrados
La autorización explícita a mipymes, empresas mixtas e inversión extranjera para solicitar tierras modifica el equilibrio histórico entre sector estatal y no estatal. Los cuentapropistas y las pequeñas empresas ahora pueden integrar la cadena agroindustrial con mayor autonomía. Esta inclusión podría generar empleos rurales y dinamizar el comercio local, especialmente en provincias con alta emigración y baja densidad productiva.
Sin embargo, el acceso preferente de capitales externos o de cubanos no residentes puede desplazar a productores locales con menor acceso a financiamiento. La competencia por las mejores tierras podría elevar los costos de arrendamiento implícito y concentrar la propiedad efectiva en manos de quienes poseen redes de comercialización internacional. La falta de límites claros sobre el origen del capital introduce una variable de dependencia geopolítica que el país ha tratado de evitar en etapas anteriores.
Riesgos de concentración y desigualdad
La eliminación de los techos de superficie facilita la formación de unidades productivas extensivas. Aunque el Gobierno insiste en que la tierra se asignará según proyectos priorizados, la ausencia de un mecanismo transparente de subasta o concurso abre espacio a negociaciones informales. En contextos de crisis, este tipo de discrecionalidad suele favorecer a grupos con mejor conexión política o acceso a información privilegiada.
La posibilidad de heredar los derechos de usufructo añade una dimensión intergeneracional. Si las familias con mayor acumulación inicial consolidan extensiones significativas, se podría configurar una estructura agraria más polarizada que la existente antes de las reformas. Esta concentración afectaría tanto la equidad rural como la capacidad del Estado para redistribuir excedentes en momentos de emergencia alimentaria.
Incertidumbres regulatorias y ejecución
El vice primer ministro Jorge Luis Tapia señaló que las normas se implementarán de manera gradual, a medida que se desarrolle el respaldo jurídico. Esta flexibilidad permite ajustes, pero también genera incertidumbre para los inversores que requieren reglas estables antes de comprometer capital. La coexistencia de actores estatales, cooperativos, privados y extranjeros bajo un mismo régimen de usufructo exige definir con precisión los derechos y obligaciones de cada categoría.
La crisis de combustibles, calificada de grave por el representante de la FAO, sigue limitando la capacidad de respuesta productiva. Aunque las cooperativas podrán importar diésel, los volúmenes y precios dependerán de la disponibilidad de divisas y de la logística portuaria. Cualquier retraso en estos insumos anularía parte de las ventajas derivadas de la liberalización de la tierra.
El éxito de las reformas dependerá de la articulación entre la entrega acelerada de áreas ociosas y el fortalecimiento de los servicios de extensión, crédito y comercialización. Sin esa coordinación, el aumento de la superficie cultivada puede traducirse en incrementos modestos de producción y en nuevos cuellos de botella poscosecha. Las autoridades cubanas enfrentan el reto de equilibrar la urgencia de reactivar la economía con la necesidad de preservar instrumentos de control sobre un recurso estratégico como la tierra.
