El anuncio presidencial del 28 de julio de 2026 revive una discusión que atraviesa varias décadas de la historia económica peruana. Desde la crisis de la deuda externa en los años ochenta, el país ha oscilado entre periodos de estabilización macroeconómica y etapas de estancamiento estructural. La recuperación posterior al ajuste de 1990 permitió un crecimiento sostenido impulsado por la minería y el comercio exterior, pero esa expansión no se tradujo en mejoras proporcionales de la productividad ni en una reducción duradera de la informalidad. Los datos del Instituto Peruano de Economía muestran que los proyectos mineros requieren hasta cuarenta años desde la exploración hasta la producción, casi doce años más que el promedio mundial de veintiocho. Esa brecha se explica en gran medida por trámites administrativos que se han acumulado sin reformas sustanciales desde la década de 2000.
La pandemia de 2020 agravó estas debilidades. La pobreza, que había descendido hasta 20,2 por ciento en 2019, volvió a superar el 27 por ciento en 2021 y todavía no recupera los niveles previos. Al mismo tiempo, la informalidad laboral se mantuvo por encima del 70 por ciento, según las encuestas nacionales de hogares. Este escenario revela que el crecimiento por sí solo no alcanza para generar empleo formal ni para cerrar brechas de competitividad. El retroceso del Perú en el ranking del IMD, del puesto 35 en 2008 al 60 en 2026, ilustra con claridad la pérdida de posición relativa frente a economías que lograron modernizar sus marcos regulatorios.
Acumulación de rigideces regulatorias
Las rigideces que hoy se pretende abordar tienen raíces en decisiones legislativas y administrativas adoptadas hace más de veinte años. La ley de fomento del empleo de 1991 introdujo flexibilidad en algunos contratos, pero dejó intactos los costos de despido y las cargas asociadas a la formalización. Desde entonces, cada intento de revisión ha enfrentado resistencia de grupos que defienden el statu quo. El resultado es un mercado laboral donde más de siete de cada diez trabajadores carecen de acceso a seguridad social, capacitación continua y protección contra el desempleo. Esta exclusión no es solo un problema social; también reduce la base tributaria y limita el crecimiento de la productividad, que el Banco Central de Reserva ha registrado estancada durante la última década.
Consecuencias en la inversión y el empleo
La prolongación de trámites afecta directamente la llegada de capitales. En el sector minero, cada año adicional de permisos representa costos financieros que desincentivan proyectos de mediana escala. Empresas que operan en Chile o Colombia completan sus ciclos de inversión en periodos significativamente menores, lo que les permite reinvertir utilidades antes y generar encadenamientos productivos más amplios. En el Perú, la demora se traduce en menor creación de empleo directo e indirecto, especialmente en regiones donde la minería representa la principal fuente de ingresos fiscales. Sin cambios en la gestión de permisos, la meta de duplicar la producción cuprífera hacia 2030 se vuelve cada vez más difícil de alcanzar.
El mismo patrón se observa en otros sectores. La simplificación de trámites para asociaciones público-privadas podría acelerar obras de infraestructura que llevan años paralizadas. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de que los nuevos marcos normativos incluyan mecanismos de rendición de cuentas y eviten la concentración de beneficios en pocos actores. La experiencia de proyectos anteriores muestra que la falta de transparencia puede derivar en sobrecostos y en la erosión de la confianza pública.
Efectos sobre la protección social y las finanzas públicas
Las propuestas de elevar el salario mínimo y duplicar el monto de Pensión 65 responden a demandas legítimas de sectores vulnerables. No obstante, su implementación sin anclaje en la productividad corre el riesgo de ampliar la brecha entre el sector formal y el informal. Estudios del Banco Central indican que incrementos salariales por encima del crecimiento de la productividad tienden a desincentivar la contratación en microempresas, que concentran más de la mitad del empleo nacional. En el caso de Pensión 65, el aumento permanente del gasto exige identificar fuentes de financiamiento sostenibles. De lo contrario, se incrementará la presión sobre un presupuesto que ya muestra signos de deterioro por el incremento de la deuda pública y la menor recaudación derivada de la informalidad.
Perspectivas de transformación a largo plazo
El pedido de facultades legislativas abre una ventana para modificar simultáneamente varias normas que hoy operan de manera aislada. Una reforma laboral que combine mayor flexibilidad en la contratación con incentivos a la formalización podría ampliar la cobertura de la seguridad social sin sacrificar derechos básicos. Al mismo tiempo, la modernización de la gestión pública, si se orienta hacia resultados medibles y no solo hacia la reducción de trámites, puede mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. La experiencia de países que lograron ascender en los rankings de competitividad demuestra que estos cambios requieren continuidad durante al menos una década y una coordinación efectiva entre ministerios y gobiernos subnacionales.
El éxito de cualquier paquete de reformas dependerá también de la capacidad del Estado para comunicar sus objetivos y construir coaliciones que incluyan a trabajadores, empresarios y organizaciones de la sociedad civil. Sin ese respaldo, las resistencias sectoriales pueden diluir las medidas más relevantes o convertirlas en ajustes parciales que no alteran las tendencias de fondo. La historia económica peruana registra varios intentos de reforma que quedaron a mitad de camino precisamente por la ausencia de ese consenso. La diferencia actual radica en la urgencia que impone el rezago competitivo acumulado y la necesidad de generar empleo formal para una población que sigue creciendo.
El verdadero shock que requiere el Perú no consiste en la cantidad de anuncios, sino en la coherencia de las políticas que se ejecuten durante los próximos años. Si las facultades legislativas se utilizan para reducir la burocracia que frena la inversión, para actualizar el marco laboral y para asegurar la sostenibilidad fiscal de los programas sociales, el país podría iniciar una nueva etapa de crecimiento más inclusivo. De lo contrario, el ciclo de promesas sin cambios estructurales se repetirá, postergando una vez más las transformaciones que la evidencia indica como necesarias desde hace tiempo.
