La expansión de la economía informal en México responde a un entramado de decisiones políticas y estructurales acumuladas durante décadas. Desde los años noventa, cuando se implementaron reformas de apertura comercial sin ajustes simultáneos en la carga fiscal y laboral, el sector formal perdió atractivo frente a mecanismos más flexibles pero desprotegidos. Los datos del INEGI de 2026 confirman que en varias entidades la proporción de trabajadores informales supera ya a la de formales, un fenómeno que no surgió de manera aislada sino como consecuencia directa de costos crecientes para registrar empleados y cumplir obligaciones tributarias.
El Banco de México ha ajustado a la baja sus pronósticos de crecimiento para 2026 en cada comunicado reciente, mientras que las ferias de empleo y los encuentros empresariales organizados por gobiernos estatales y municipales no logran revertir la tendencia. Estos esfuerzos permanecen en el nivel de buenas intenciones porque no modifican las reglas que encarecen la formalidad. La cita de Ludwig von Mises que abre la reflexión original señala con precisión que el Estado puede empobrecer sin crear riqueza; esa dinámica se observa cuando la legislación fiscal y laboral multiplica trámites sin reducir la discrecionalidad de las autoridades.
Orígenes estructurales de la brecha formal-informal
El convenio de coordinación fiscal entre federación y estados, vigente desde hace décadas, ha derivado en una herramienta de presión política más que en un mecanismo equitativo de distribución de recursos. Entidades gobernadas por opositores reciben con frecuencia menores participaciones o enfrentan auditorías más estrictas, lo que reduce su capacidad para generar empleo formal. Esta práctica erosiona la confianza de los contribuyentes y los incentiva a operar al margen del registro oficial.
Además, las 27 reformas constitucionales aprobadas en los últimos años han introducido cambios frecuentes en reglas de contratación, fiscalización y comercio exterior. Cada modificación genera incertidumbre jurídica que los inversionistas extranjeros evalúan antes de decidir instalar operaciones. La revisión anual del tratado comercial con Estados Unidos, en lugar de una renovación plurianual, añade otra capa de inestabilidad que afecta cadenas de suministro y decisiones de inversión de mediano plazo.
Consecuencias en la productividad y la recaudación
Cuando el costo de contratar formalmente incluye trámites complejos, pagos de seguridad social elevados y riesgo de auditorías discrecionales, muchas empresas optan por esquemas informales. Este cálculo no es solo de grandes corporativos; también afecta a pequeños negocios y profesionistas independientes que prefieren evitar la compra de facturas o el riesgo de sanciones penales por errores administrativos. La consecuencia directa es una base tributaria más estrecha que limita el presupuesto para infraestructura y programas sociales.
La persecución de facturas falsas por parte de la autoridad fiscal ilustra el círculo vicioso: las normas excesivamente detalladas fomentan la elusión, y la respuesta es mayor fiscalización que incrementa los costos de cumplimiento. Un contribuyente que dedica semanas y recursos solo para deducir operaciones ordinarias termina viendo la formalidad como un obstáculo en lugar de una ventaja competitiva.
Impacto social y desigualdad territorial
En estados donde predomina el empleo informal, los trabajadores carecen de acceso a créditos hipotecarios, pensiones y seguros médicos institucionales. Esta carencia se traduce en mayor dependencia de redes familiares y programas asistenciales federales, lo que a su vez presiona las finanzas públicas sin resolver el problema de fondo. La brecha se acentúa entre entidades con mayor actividad industrial formal y aquellas donde predomina el comercio ambulante o servicios eventuales.
El ejemplo del Mundial de fútbol de 2026 mostró con claridad los límites de las soluciones puntuales: solo tres sedes recibieron visitantes internacionales significativos, mientras que el resto del país obtuvo mejoras cosméticas como pintura de calles y remodelaciones menores en el aeropuerto capitalino. Este patrón de intervenciones aisladas no genera el efecto multiplicador necesario para reducir la informalidad estructural.
Riesgos para la estabilidad macroeconómica futura
Si persiste la ausencia de una reforma fiscal que simplifique obligaciones y reduzca el costo relativo del empleo formal, la productividad agregada seguirá estancada. Menos trabajadores formales significan menor acumulación de capital humano y menor capacidad para adoptar tecnologías que exigen contratos estables. A largo plazo, esto reduce la competitividad de México frente a países que han logrado equilibrar flexibilidad con protección social básica.
La duplicidad de funciones entre unidades de inteligencia financiera estatales y federales agrava el problema al convertir instrumentos de combate al lavado de dinero en herramientas de persecución política. Esta distorsión erosiona el Estado de derecho y desalienta la inversión productiva, ya que los empresarios perciben que el cumplimiento normativo no garantiza seguridad jurídica.
Una reforma que redujera el costo fiscal del primer empleado formal podría duplicar el número de plazas registradas en muchas microempresas, según estimaciones basadas en experiencias similares en otros países latinoamericanos. Sin embargo, mientras los incentivos políticos sigan alineados con el mantenimiento del statu quo, las probabilidades de cambios profundos permanecen limitadas. La economía informal, lejos de ser un fenómeno marginal, se ha convertido en el mecanismo de supervivencia predominante ante un marco institucional que encarece la formalidad sin ofrecer beneficios proporcionales.
