Los buenos datos de empleo conocidos en España han recibido una valoración favorable de UGT y CCOO, aunque ambos sindicatos han advertido de que la mejora de la afiliación no basta para considerar resueltos los problemas estructurales del mercado laboral. El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes parece haber aflorado puestos de trabajo que ya existían, ampliado la cobertura de la Seguridad Social y reconocido derechos a cientos de miles de personas. Sin embargo, también ha coincidido con un aumento del paro, mientras USO alerta de la corta duración de muchos contratos indefinidos y de la dependencia del empleo respecto a factores coyunturales.
La principal lectura positiva es que la regularización no habría provocado, al menos en esta primera fase, una destrucción generalizada de empleo ni una presión inmediata sobre las oportunidades de los trabajadores ya inscritos. Al convertir relaciones laborales informales en empleos declarados, el Estado puede mejorar la precisión de sus estadísticas, elevar los ingresos por cotizaciones y ampliar el acceso de los trabajadores a prestaciones, sanidad, pensiones y mecanismos de protección frente a abusos. El resultado también ofrece una señal relevante para el diseño de políticas migratorias: integrar administrativamente a personas que ya trabajan puede ser más eficaz que mantenerlas en una zona de invisibilidad legal.
Más afiliación, pero no necesariamente más estabilidad
El aumento de la afiliación debe interpretarse con cautela. Una parte significativa del crecimiento puede proceder de la formalización de empleos preexistentes y no de la creación neta de nuevos puestos. Esa diferencia es importante: la regularización mejora la calidad institucional de la relación laboral, pero no garantiza por sí misma que aumente la productividad, que se reduzca la temporalidad encubierta o que los salarios sean suficientes para sostener un proyecto de vida. La economía puede registrar más cotizantes y, al mismo tiempo, conservar empleos de pocas horas, elevada rotación o escaso poder adquisitivo.
El incremento del paro asociado al proceso refleja otra tensión. Cuando se regulariza a personas que antes no figuraban plenamente en los registros, algunas pasan a ser contabilizadas como demandantes de empleo o dejan de encajar en categorías estadísticas anteriores. Esto puede empeorar temporalmente ciertos indicadores sin que exista una destrucción equivalente de puestos. También puede indicar que la formalización ha revelado situaciones de subempleo: personas que trabajaban de manera irregular, pero no disponían de una jornada estable o de ingresos suficientes. Distinguir entre un deterioro estadístico transitorio y un problema laboral real será decisivo para evaluar la medida.
El salario se convierte en la prueba decisiva
La reclamación sindical de abrir negociaciones sobre el salario mínimo y la negociación colectiva sitúa los ingresos en el centro del debate. Si la incorporación de trabajadores regularizados se concentra en sectores como la agricultura, los cuidados, la hostelería, la logística o determinados servicios personales, existe el riesgo de que el aumento de la oferta laboral mantenga los salarios contenidos, especialmente en actividades con baja capacidad de negociación individual. La formalidad contractual protege frente a algunos abusos, pero no elimina automáticamente la pobreza laboral ni la desigualdad entre empresas y territorios.
Una mejora salarial tendría efectos positivos sobre el consumo de los hogares, la recaudación y la sostenibilidad de las cotizaciones. También podría reducir la dependencia de ayudas públicas y favorecer la permanencia de trabajadores cualificados en sectores con dificultades para cubrir vacantes. Pero el incremento debe calibrarse con información sectorial y territorial. En empresas pequeñas o actividades con márgenes estrechos, una subida brusca de los costes laborales podría traducirse en menos contrataciones, reducción de horas, traslado de actividad a la economía sumergida o aumento de precios. El riesgo no justifica congelar los salarios, pero sí aconseja combinar el alza retributiva con apoyo a la productividad, inspección eficaz y diálogo social.
La regularización puede aliviar problemas y generar nuevas demandas
El reconocimiento legal de trabajadores inmigrantes puede contribuir a corregir desequilibrios demográficos y laborales que ya afectan a España. La población activa envejece, determinadas actividades dependen de mano de obra extranjera y muchas tareas esenciales, como los cuidados, presentan dificultades para atraer trabajadores en condiciones precarias. Una integración ordenada puede reforzar la base contributiva y reducir la competencia desleal de empleadores que utilizan la irregularidad para abaratar costes.
Al mismo tiempo, la regularización aumenta la presión sobre servicios y políticas públicas que no siempre están dimensionados para absorber una incorporación rápida de nuevos residentes reconocidos administrativamente. La sanidad, la educación, la vivienda, el transporte y los servicios de empleo pueden afrontar una demanda adicional, especialmente en municipios donde la concentración de trabajadores migrantes es elevada. Si las administraciones no coordinan recursos, la medida puede alimentar tensiones locales y una percepción de competencia por prestaciones, incluso cuando sus efectos fiscales sean positivos a medio plazo.
La vivienda es uno de los principales puntos de riesgo. Los trabajadores con salarios bajos suelen concentrarse en alquileres compartidos, habitaciones o alojamientos vinculados al empleador. Si la regularización mejora su acceso a contratos y prestaciones, pero no va acompañada de una ampliación de la oferta residencial, pueden aumentar los precios, el hacinamiento y la segregación urbana. La formalización laboral no puede separarse de una política de vivienda asequible y de mecanismos que eviten que los ingresos adicionales terminen absorbidos por el alquiler.
Contratos indefinidos de corta duración
La advertencia de USO sobre la duración extremadamente corta de los contratos indefinidos apunta a una posible limitación de las reformas laborales recientes: cambiar la etiqueta jurídica de un contrato no siempre modifica la realidad de la relación de trabajo. Un contrato indefinido puede terminar durante el periodo de prueba, por despido, por cierre de actividad o por encadenamiento de empleos estacionales. Si las altas y bajas se suceden con rapidez, la estabilidad estadística será mayor que la estabilidad experimentada por los trabajadores.
Este fenómeno tiene consecuencias económicas y sociales. La incertidumbre sobre la continuidad del empleo dificulta alquilar una vivienda, solicitar una hipoteca, planificar la formación o tener hijos. También reduce el incentivo de empresas y trabajadores para invertir en capacitación, porque ninguna de las partes tiene garantías de que la relación vaya a durar. En sectores con fuerte estacionalidad, la rotación puede ser parcialmente inevitable, pero debería estar compensada por formación, protección durante los periodos de inactividad y carreras laborales que no dependan exclusivamente de campañas concretas.
La protección frente al despido improcedente, cuya culminación reclama UGT, será un asunto especialmente sensible. Reforzar las garantías puede limitar decisiones arbitrarias y mejorar la confianza de los trabajadores, pero cualquier modificación debe ofrecer reglas claras y procedimientos previsibles. Una regulación percibida como excesivamente incierta podría elevar los costes de contratación o incentivar fórmulas externas, mientras que una protección insuficiente mantendría la asimetría entre empresas y empleados. El desafío consiste en proteger el puesto de trabajo sin bloquear la adaptación legítima de las empresas a cambios económicos.
Un indicador favorable no basta para medir el mercado laboral
La evolución de los próximos meses permitirá saber si el impulso de la regularización es sostenible. Será necesario observar no solo el número de afiliados, sino también la duración media de los contratos, las horas efectivamente trabajadas, la evolución de los salarios reales, las bajas por despido, la transición desde el paro hacia empleos duraderos y la concentración de los nuevos puestos en determinados sectores. Si las altas crecen, pero las bajas se aceleran, el balance será menos sólido de lo que sugiere la cifra agregada.
También conviene separar los efectos de la política migratoria de los del ciclo económico. Una temporada turística favorable, la inversión pública, el consumo interno o la recuperación de determinadas ramas industriales pueden impulsar el empleo al mismo tiempo que la regularización. Atribuir todo el resultado a una sola medida puede conducir a decisiones equivocadas. Del mismo modo, un empeoramiento posterior no demostraría por sí solo que la regularización haya fracasado: podría responder a una desaceleración internacional o a cambios estacionales.
El reto será convertir la formalización en progreso real
La regularización ofrece una oportunidad para fortalecer el mercado laboral si se acompaña de inspección, acceso efectivo a la negociación colectiva y políticas de cualificación. Las empresas que hayan competido mediante salarios ilegales o incumplimientos afrontarán mayores costes, pero esa presión puede mejorar la competencia si se aplica de manera homogénea. Para evitar que la carga recaiga exclusivamente sobre los negocios más pequeños, serían útiles incentivos temporales a la formación y a la transformación de empleos parciales o estacionales en puestos más estables.
Los sindicatos, por su parte, deberán afrontar el desafío de representar a una fuerza laboral más diversa, con distintos niveles de idioma, experiencia y conocimiento de sus derechos. La inclusión de los trabajadores migrantes en la negociación colectiva puede reducir conflictos y evitar que sean utilizados como mano de obra de reemplazo en sectores precarizados. Las administraciones tendrán que garantizar que la información sobre contratos, salarios y prestaciones sea accesible y que las denuncias no expongan a los trabajadores a represalias.
El dato de empleo es, por tanto, una señal de capacidad de integración, pero todavía no una garantía de prosperidad compartida. La regularización puede ampliar derechos, reforzar las cuentas de la Seguridad Social y hacer más transparente la economía; también puede revelar bolsas de subempleo, tensionar servicios y dejar intacta la fragilidad contractual. La evaluación decisiva llegará cuando se compruebe si quienes han pasado a la legalidad consiguen empleos duraderos y salarios suficientes, y si esa mejora se extiende al conjunto de los trabajadores sin alimentar nuevas formas de exclusión.
