La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejará de percibir aproximadamente 1.7 billones de pesos en 2026 por concepto de deducciones, tasas reducidas, estímulos fiscales y decretos presidenciales. Esta cifra equivale al 4.47% del PIB, un incremento respecto al 4.37% registrado el año anterior. El monto supera con creces el presupuesto de inversión física aprobado (960 mil millones de pesos) y representa el 16.3% del gasto total del sector público.
El documento de Renuncias Recaudatorias aclara que estas estimaciones no equivalen a ingresos adicionales que se obtendrían al eliminar todos los tratamientos preferenciales, pues no contemplan interacciones entre regímenes ni cambios en el comportamiento de los contribuyentes. Un trato especial se otorgó a actividades vinculadas con el Mundial de Fútbol de 2026, aunque la dependencia no cuantificó el costo fiscal de esa medida.
Efectos sobre la capacidad de gasto público
La pérdida de ingresos reduce el margen para financiar infraestructura, programas sociales y mantenimiento de servicios básicos. Históricamente, cuando las renuncias recaudatorias superan el 4% del PIB, los gobiernos enfrentan presiones para recortar inversión o elevar deuda. En el caso mexicano, el presupuesto de inversión física ya se sitúa por debajo de la meta de 2.5% del PIB recomendada por organismos multilaterales para cerrar brechas de productividad. La situación se agrava porque los beneficios fiscales tienden a concentrarse en sectores de alta rentabilidad, mientras que el gasto social depende de ingresos más volátiles como los petroleros.
Distribución asimétrica de los incentivos
Una primera observación derivada del análisis de la estructura de renuncias es que los tratamientos preferenciales benefician de manera desproporcionada a grandes contribuyentes. Las tasas reducidas en ISR para personas morales y las deducciones aceleradas en inversión representan más de la mitad del total. Esto genera un efecto de doble filo: por un lado, puede atraer capital en sectores estratégicos como manufacturas de exportación; por otro, reduce la progresividad del sistema tributario y limita el espacio fiscal para compensar a sectores de menores ingresos mediante transferencias o servicios públicos de calidad. Datos de ejercicios anteriores muestran que el 10% de las empresas más grandes concentra cerca del 65% de los beneficios por deducciones de inversión.
El Mundial como variable fiscal opaca
El documento introduce un tratamiento especial para el Mundial de 2026 sin precisar su costo. Esta falta de transparencia dificulta evaluar si los beneficios otorgados a organizadores, patrocinadores y proveedores compensarán la merma recaudatoria. Experiencias en Brasil 2014 y Rusia 2018 indican que los ingresos por turismo y consumo temporal suelen ser inferiores a las exenciones fiscales concedidas. En México, donde la recaudación de IVA y IEPS ya muestra debilidad estructural, cualquier renuncia adicional sin métricas claras incrementa el riesgo de subestimar el impacto neto sobre las finanzas públicas.
Perspectivas de los distintos actores
Desde la óptica de la Secretaría de Hacienda, los beneficios fiscales se justifican como instrumentos de política industrial y atracción de inversión en un contexto de nearshoring. Sin embargo, legisladores de oposición y organismos de fiscalización argumentan que la ausencia de evaluaciones de costo-beneficio por cada tratamiento erosiona la rendición de cuentas. Los contribuyentes corporativos destacan que las tasas reducidas mejoran su competitividad frente a jurisdicciones con menor carga tributaria, mientras que organizaciones de la sociedad civil señalan que la pérdida de recursos limita el financiamiento de salud y educación en estados con alta dependencia de participaciones federales.
Escenarios futuros y riesgos identificados
Hacia 2027 y 2028, la combinación de menor crecimiento esperado del PIB y posibles ajustes en tasas de interés globales podría ampliar el déficit primario si las renuncias recaudatorias se mantienen en niveles superiores al 4% del PIB. Un riesgo adicional radica en la interacción entre los beneficios del Mundial y la posible desaceleración del consumo interno tras el evento. Si los contribuyentes anticipan que ciertos estímulos serán temporales, podrían adelantar deducciones y generar un efecto de base más reducida en ejercicios posteriores. Además, la ausencia de cláusulas de revisión periódica de los tratamientos especiales aumenta la probabilidad de que estos se conviertan en gastos fiscales permanentes sin evaluación de su efectividad.
En términos de sostenibilidad, un nivel persistente de renuncias recaudatorias por encima del 4.4% del PIB limita la capacidad de respuesta ante choques externos, como caídas adicionales en la producción petrolera o reversiones en flujos de inversión extranjera. La experiencia de países que han reducido gradualmente sus gastos fiscales muestra que la clave no radica en eliminar todos los tratamientos de una sola vez, sino en establecer revisiones trianuales con métricas claras de impacto económico y redistributivo. Sin ese marco, México corre el riesgo de acumular compromisos fiscales que restrinjan el margen de maniobra presupuestal en los próximos sexenios.
