El Gobierno peruano ordenó la reorganización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) por un periodo de 120 días, en una de las primeras decisiones adoptadas por el nuevo ministro Marco Antonio Vinelli Ruiz. La medida fue oficializada el 5 de agosto de 2026 mediante el Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI, publicado en el diario oficial, y busca revisar la estructura administrativa, el funcionamiento institucional y la capacidad del ministerio para conducir las políticas del sector agrario.
El decreto, refrendado por la presidenta Keiko Fujimori, sostiene que el MIDAGRI enfrenta “limitaciones y debilidades significativas” tanto en su organización interna como en el ejercicio de su rectoría sectorial. Durante los cuatro meses establecidos, la entidad deberá elaborar un diagnóstico y formular propuestas de reforma en los ámbitos administrativo, organizacional y de gestión. El proceso no contempla recursos extraordinarios del Tesoro Público: será financiado con el presupuesto institucional del propio ministerio.
Una revisión con plazo definido
La responsabilidad operativa recaerá en la Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIDAGRI. Esta dependencia deberá evaluar los instrumentos de gestión institucional, identificar duplicidades o deficiencias y proponer medidas destinadas a mejorar la coordinación de las políticas agrarias. El decreto no detalla todavía cambios específicos en organismos, programas o funcionarios, por lo que las decisiones concretas dependerán del diagnóstico que se presente al término del plazo.
La reorganización ocurre en un contexto de cuestionamientos sobre el cumplimiento de la Política Nacional Agraria (PNA) 2021-2030. Este documento establece una hoja de ruta para el sector y fija, entre sus metas, elevar en 36% el desarrollo competitivo de la agricultura hacia 2030. Sin embargo, los reportes oficiales citados en la norma señalan avances rezagados en su implementación, un problema que apunta menos a la ausencia de objetivos que a las dificultades para convertirlos en programas coordinados, medibles y sostenibles.
El diagnóstico de la OCDE
Uno de los principales antecedentes mencionados por el Gobierno es el estudio “Políticas para el futuro del sector de la agricultura y la alimentación en Perú”, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe concluye que el apoyo estatal al agro peruano equivale al 6,2% de los ingresos brutos del sector, frente a un promedio de 13,2% en los países miembros de la organización.
La diferencia no se limita al volumen de recursos. Según la OCDE, las ayudas públicas tienen una eficacia reducida entre los pequeños productores porque se distribuyen a través de medidas dispersas y de corto plazo. El estudio plantea que el respaldo estatal debería orientarse con mayor claridad hacia servicios generales, inversión pública y una transformación estructural, en lugar de concentrarse únicamente en intervenciones aisladas o de alcance temporal.
El organismo también identificó una fragmentación institucional que afecta la ejecución de las políticas. La superposición de competencias entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades puede dificultar la asignación de responsabilidades y debilitar el seguimiento de los resultados. A ello se suma la baja cobertura y limitada continuidad de diversos programas sectoriales, que no siempre mantienen una articulación territorial suficiente para atender las diferencias productivas entre las regiones del país.
Presupuesto limitado y brechas de servicios
El tamaño del presupuesto constituye otro elemento relevante para evaluar el alcance de la reorganización. Los recursos asignados al MIDAGRI en 2026 ascienden a S/ 2.853,9 millones, equivalentes al 1,1% del presupuesto nacional. Del total, 67% corresponde a actividades operativas y 33% a inversiones. La proporción es inferior a la destinada a sectores como Educación, Salud, Defensa y Orden Interno, lo que restringe el margen para ampliar infraestructura, asistencia técnica e investigación sin mejorar previamente la priorización del gasto.
El estudio de la OCDE señala que la inversión peruana en investigación, desarrollo e innovación agrícola representa apenas 0,4% del producto interno bruto del sector. La cobertura de los servicios de extensión, destinados a brindar conocimientos y asistencia técnica a los productores, alcanza únicamente al 3,8% de los agricultores. Estas cifras ayudan a explicar por qué una reforma administrativa, por sí sola, no resolvería las principales dificultades del agro: la reorganización deberá traducirse en mejores servicios y en una mayor capacidad para ejecutar inversiones.
La OCDE advierte además deficiencias en la evaluación de políticas, la rendición de cuentas y la recopilación de datos. Sin información consistente sobre beneficiarios, resultados y costos, el Estado enfrenta dificultades para determinar qué programas funcionan, cuáles deben modificarse y dónde se concentran las brechas. Por ello, el diagnóstico de 120 días tendrá como desafío no solo ordenar la estructura del ministerio, sino también establecer mecanismos que permitan medir sus decisiones y corregirlas cuando no produzcan los resultados esperados.
El papel del ministerio en la reforma
El MIDAGRI es la entidad responsable de normar, promover y dirigir las políticas vinculadas con la agricultura, el riego y el desarrollo rural. Su estructura incluye el Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, encargado de impulsar la agricultura familiar y las obras hidráulicas, y el Viceministerio de Políticas Agrarias, que formula y supervisa las políticas nacionales y promueve la articulación de los mercados.
La división de funciones permite atender áreas distintas, pero también exige una coordinación permanente entre programas, organismos adscritos y niveles de gobierno. La reorganización podría servir para precisar competencias y vincular la planificación con la ejecución territorial. Su efectividad dependerá de que las propuestas finales incluyan responsabilidades claras, indicadores verificables y continuidad presupuestaria, además de evitar que el proceso se limite a cambios formales en el organigrama.
El plazo fijado por el Gobierno abre una etapa de revisión institucional en un sector decisivo para el empleo rural, la seguridad alimentaria y el desarrollo regional. El resultado deberá mostrar si el MIDAGRI puede responder a las observaciones acumuladas sobre fragmentación, baja cobertura y escasa evaluación, y si las reformas propuestas logran conectar las metas de la Política Nacional Agraria con servicios concretos para los productores, especialmente los de menor escala.
