El anuncio de un crecimiento estimado de entre 10 y 15 por ciento en las ventas del comercio establecido del Centro Histórico de Puebla durante el tercer trimestre dibuja un panorama de recuperación parcial, pero también deja al descubierto fragilidades estructurales que podrían limitar o incluso revertir esos avances. La proyección, formulada por el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala, se sostiene en la temporada de chiles en nogada, las fiestas patrias y el regreso a clases. Sin embargo, el contraste con los incrementos de 30 a 40 por ciento que se registraban antes de la pandemia obliga a leer la cifra con cautela: se trata de un repunte real, sí, pero todavía lejos de los niveles de dinamismo previos a la crisis sanitaria.
La estacionalidad del consumo en el primer cuadro de la ciudad ha sido históricamente un motor de liquidez para restaurantes, papelerías, zapaterías y tiendas de uniformes. Este año, el sector restaurantero llega con expectativas reforzadas por el turismo atraído por la gastronomía tradicional y las celebraciones de septiembre. El año pasado, los servicios de comida y hospedaje lograron repuntes de hasta 20 por ciento en el mismo periodo, lo que sugiere que el margen de mejora sigue abierto. Al mismo tiempo, la renovación de la red hidráulica, con un avance reportado del 80 por ciento por Agua de Puebla, podría mejorar la percepción de orden y habitabilidad del área, favoreciendo tanto a residentes como a visitantes.
Ese impulso, no obstante, no se distribuye de manera uniforme. Los establecimientos dedicados a comida típica y a accesorios escolares concentran buena parte de la expectativa positiva, mientras que otros giros permanecen más expuestos a la competencia del comercio informal y a las restricciones de movilidad. La presencia de ambulantes en la calle 5 de Mayo y en la zona norponiente no solo reduce el flujo de clientes hacia los locales fijos, sino que genera acumulación de basura y congestionamiento, factores que deterioran la experiencia del visitante y elevan los costos indirectos de operación para quienes pagan renta, permisos e impuestos.
El impulso estacional y sus límites de arrastre
El tercer trimestre concentra varios catalizadores de demanda que, en condiciones normales, deberían traducirse en mayor facturación y rotación de inventarios. La temporada de chiles en nogada funciona como un imán gastronómico de alcance regional y nacional; las fiestas patrias suman turismo de fin de semana y consumo de antojitos, bebidas y souvenirs; el regreso a clases reactiva la demanda de útiles, calzado y uniformes. En teoría, esta coincidencia debería generar un efecto de arrastre sobre comercios aledaños: cafeterías, farmacias, tiendas de artesanías y servicios de transporte.
La realidad operativa es más compleja. Ayala advierte que el incremento esperado en papelerías, zapaterías y tiendas de uniformes —estimado en torno al 25 por ciento— podría diluirse por los programas gubernamentales de entrega de ropa escolar. Cuando el Estado cubre parte de la canasta básica educativa, el gasto de las familias se redirige o simplemente se reduce, lo que deja a los comercios formales con márgenes más estrechos y mayor presión de precios. En un entorno de inflación residual y de salarios que no siempre recuperan poder adquisitivo, esa competencia pública-privada puede convertir un repunte nominal en un resultado neto decepcionante para muchos pequeños negocios.
Además, la dependencia de eventos calendáricos expone al Centro Histórico a una volatilidad difícil de gestionar. Un clima adverso durante las fiestas patrias, un brote de inseguridad puntual o una campaña de cierres viales mal comunicada pueden evaporar buena parte de la afluencia esperada. La propia solicitud del gremio comercial de evitar cierres totales del perímetro histórico durante las celebraciones refleja esa vulnerabilidad: sin abastecimiento fluido y sin acceso de personal, los inventarios se agotan y los turnos se desorganizan, lo que termina castigando tanto a dueños como a empleados.
Presiones logísticas y la fricción con la informalidad
La logística del Centro Histórico opera bajo restricciones permanentes de circulación, horarios de carga y descarga, y operativos de seguridad. En fechas de alta afluencia, esas restricciones se intensifican. La propuesta de implementar gafetes de identificación para empleados busca precisamente reducir fricciones en el traslado de mercancía entre sucursales, pero su efectividad dependerá de la coordinación real entre autoridades municipales, policía y el propio gremio. Sin un protocolo claro y sin capacitación de los elementos en calle, el gafete puede convertirse en un trámite más, no en una solución.
El comercio informal introduce una capa adicional de incertidumbre. Mientras los establecimientos formales asumen costos fijos elevados y cumplen con obligaciones fiscales, los ambulantes capturan parte del flujo peatonal sin las mismas cargas. El resultado no es solo una pérdida de ventas: también se erosiona la percepción de equidad y se desalienta la inversión en mejoras de local, inventario o servicio. A mediano plazo, esa asimetría puede empujar a algunos negocios formales hacia la informalidad o, en el peor de los casos, al cierre. La basura y la ocupación de banquetas, además, generan externalidades negativas que afectan la imagen turística del Centro, justamente el activo que se pretende capitalizar en temporada alta.
La renovación hidráulica, aunque positiva en el largo plazo, también puede generar disrupciones temporales si las obras residuales coinciden con el pico de afluencia. Cualquier zanja abierta, desvío de peatones o interrupción de servicios reduce la comodidad del visitante y puede desalentar recorridos más largos por la zona comercial. El avance del 80 por ciento es alentador, pero el 20 por ciento restante, si se concentra en arterias estratégicas, todavía tiene capacidad de interferir con el repunte proyectado.
Empleo, consumo familiar y el riesgo de una recuperación incompleta
Un incremento de ventas del 10 al 15 por ciento no se traduce automáticamente en creación neta de empleo formal. En muchos casos, los comercios absorben la demanda adicional con horas extra, contratos temporales o familiarización del trabajo, sin ampliar la plantilla de manera estable. Ello limita el efecto multiplicador sobre el ingreso de los hogares y, por tanto, sobre el consumo posterior al pico estacional. Si el repunte se agota en septiembre y octubre, el cuarto trimestre podría mostrar una contracción relativa que deje a los negocios con inventarios sobrantes y deudas de temporada.
Para las familias, el regreso a clases y las fiestas patrias representan un doble gasto. Cuando los programas de uniformes reducen una parte de la carga, el ahorro puede destinarse a otros rubros, pero también puede simplemente no materializarse si el ingreso disponible ya está comprometido con renta, transporte o deudas. En ese escenario, el comercio del Centro compite no solo con ambulantes y grandes superficies periféricas, sino con la propia restricción presupuestal de sus clientes potenciales.
Existe, además, un riesgo de desalineación entre la oferta y la demanda real. Si los comercios se abastecen con base en un optimismo de 15 por ciento y la demanda efectiva se queda en 8 o 9 por ciento por efecto de la competencia informal o de los programas públicos, el resultado será sobreinventario, descuentos forzados y deterioro de márgenes. Ese ciclo de expectativas infladas y correcciones a la baja ya se ha observado en recuperaciones postpandemia en otros centros históricos del país, y Puebla no está exenta de repetirlo.
Gobernanza comercial y la necesidad de reglas claras
El llamado del Consejo de Comerciantes a evitar cierres totales y a facilitar la movilidad del personal pone sobre la mesa un problema de gobernanza: la falta de un esquema predecible de gestión del espacio público en fechas críticas. Sin un calendario de cortes viales publicado con anticipación, sin corredores de carga y descarga definidos y sin un mecanismo ágil de resolución de conflictos entre ambulantes y formales, cada temporada alta se convierte en una negociación de último minuto. Esa incertidumbre eleva los costos de planeación y reduce la disposición a invertir en mejoras de mediano plazo.
Una política más estable podría incluir horarios diferenciados de abastecimiento, zonas de carga exclusivas, operativos de limpieza coordinados con los picos de afluencia y un registro transparente de permisos para comercio en vía pública. Ninguna de esas medidas es sencilla desde el punto de vista político, porque toca intereses consolidados, pero su ausencia mantiene al Centro Histórico en un equilibrio precario: atractivo por su patrimonio y su gastronomía, pero vulnerable a la desorganización y a la percepción de desorden.
La brecha con los niveles prepandemia —de 30-40 por ciento de incremento a 10-15 por ciento— no se explica solo por el ciclo económico general. Refleja también cambios en los hábitos de consumo, la expansión del comercio electrónico, la preferencia por centros comerciales con estacionamiento y seguridad percibida, y la migración de parte de la oferta gastronómica hacia colonias intermedias. Recuperar terreno exige algo más que esperar la temporada de chiles en nogada: requiere una estrategia de diferenciación basada en experiencia, calidad y accesibilidad, respaldada por reglas claras de convivencia entre lo formal y lo informal.
El repunte proyectado para el tercer trimestre puede materializarse y aliviar la caja de cientos de negocios. También puede quedar corto si las fricciones logísticas, la competencia asimétrica y la dependencia de eventos estacionales no se atienden con decisión. La diferencia entre un alivio temporal y un punto de inflexión genuino dependerá menos del calendario festivo y más de la capacidad de autoridades y comerciantes para convertir la afluencia de septiembre en condiciones de operación más predecibles y equitativas el resto del año.
