La ley mexicana permite cuatro vías principales para retirar recursos de una Afore sin esperar la jubilación: desempleo, matrimonio, aportaciones voluntarias y fallecimiento del titular. Cada una opera con reglas distintas que afectan de forma directa el saldo acumulado y, en la mayoría de los casos, las semanas de cotización reconocidas por el IMSS. En el primer trimestre de 2026 los retiros por desempleo alcanzaron 10 mil 488 millones de pesos, un incremento del 26 % frente al mismo periodo de 2025, según datos de la CONSAR. Solo en marzo se registraron 4 mil 014 millones de pesos y 183 mil 957 operaciones, la cifra mensual más alta hasta ahora.
Este crecimiento coincide con la creación de apenas 32 mil 930 empleos formales en marzo, el nivel más bajo desde la pandemia. Afore Coppel y Afore Azteca concentraron más de 3 mil 900 millones de pesos en retiros, lo que refleja que los trabajadores de menores ingresos son quienes más recurren a estos mecanismos. La Modalidad A entrega hasta 30 días del salario base con un tope de 10 UMA; la Modalidad B limita el monto al menor valor entre 90 días del salario promedio de las últimas 250 semanas o el 11.5 % del saldo de la subcuenta RCV. En ambos casos el IMSS descuenta semanas cotizadas proporcionalmente, alejando al trabajador del mínimo requerido para una pensión.
El efecto estructural sobre el mercado laboral
El aumento sostenido de retiros por desempleo no es solo un fenómeno coyuntural. Indica que el empleo formal mexicano sigue sin recuperar capacidad de absorción tras la crisis de 2020. Cuando un trabajador de ingresos bajos retira recursos bajo la Modalidad A, pierde en promedio entre 30 y 45 días de salario y varias semanas de cotización. Recuperar esas semanas exige aportaciones voluntarias posteriores que, precisamente por la precariedad laboral, resultan difíciles de sostener. El resultado es un círculo donde la necesidad inmediata erosiona el derecho futuro a una pensión contributiva.
Las cifras de Amafore confirman que las Afores con mayor número de afiliados de bajos ingresos lideran los retiros. Este patrón sugiere que el diseño actual del sistema concentra el riesgo en el segmento más vulnerable, sin mecanismos compensatorios suficientes por parte del Estado.

Perspectivas de los distintos actores
Para los trabajadores, el retiro por desempleo representa un alivio inmediato ante la pérdida de ingresos, pero implica un costo diferido que solo se percibe al acercarse la edad de retiro. Los datos de la CONSAR muestran que muchos repiten la operación cada cinco años, lo que multiplica el efecto de reducción de semanas. Desde la perspectiva de las Afores, el incremento de solicitudes eleva costos operativos y presiona la rentabilidad neta de las cuentas de bajo saldo. El IMSS, por su parte, enfrenta una reducción gradual de la base de cotizantes efectivos, lo que complica el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el mediano plazo.
El retiro por matrimonio, que entrega 30 veces la UMA (3 mil 519 pesos en 2026) sin descuento de semanas, sigue siendo poco utilizado. Requiere 150 semanas cotizadas y solo puede ejercerse una vez en la vida. Esta opción representa una alternativa limpia desde el punto de vista actuarial, pero su escasa difusión y el monto reducido limitan su atractivo frente al retiro por desempleo.
Riesgos fiscales y de mercado
Prodecon ha aclarado que los retiros parciales están exentos de ISR siempre que el monto anual no supere, junto con otros ingresos, los 500 mil pesos. Sin embargo, trabajadores que acumulan varios retiros o que perciben otros ingresos gravables pueden enfrentar obligaciones fiscales inesperadas. Además, la CONSAR advierte que cambiar de Afore durante periodos de minusvalía convierte pérdidas temporales en definitivas. Entre abril y junio de 2026 el sistema ya registró plusvalías superiores a 377 mil millones de pesos, pero la volatilidad previa demuestra que los trabajadores que retiran en momentos de baja pueden perder la recuperación posterior.
Escenarios futuros y recomendaciones implícitas
Si la generación de empleo formal permanece por debajo de 40 mil plazas mensuales, es probable que los retiros por desempleo superen los 45 mil millones de pesos anuales en 2027. Esto aceleraría la erosión de cuentas de trabajadores jóvenes y reduciría la densidad de cotización promedio del sistema. Una posible respuesta regulatoria sería endurecer los requisitos de la Modalidad A o vincular el monto máximo a indicadores de recuperación del empleo. Otra vía sería ampliar incentivos fiscales para aportaciones voluntarias que compensen semanas perdidas, aunque su efectividad dependería de la capacidad real de ahorro de los afiliados de menores ingresos.
El sistema de Afores enfrenta así una tensión estructural: facilitar el acceso a recursos en momentos de crisis sin comprometer la viabilidad de las pensiones futuras. Los datos de 2026 indican que esa tensión se está resolviendo, hasta ahora, a favor del retiro inmediato y en detrimento del ahorro de largo plazo.
