El Ayuntamiento de Reynosa ya tenía antecedentes sobre la zona de la Brecha El Becerro donde después fue asegurada una instalación usada para el presunto almacenamiento y procesamiento ilegal de hidrocarburos. El alcalde Carlos Peña Ortiz reconoció que desde 2023 existían denuncias vecinales por residuos peligrosos, inspecciones municipales y predios que ya habían sido clausurados por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
La admisión añade un dato relevante a un caso que volvió a colocar a ese corredor bajo escrutinio federal tras el aseguramiento de más de 7.3 millones de litros de hidrocarburos en distintos operativos durante 2026. Según el presidente municipal, la primera intervención del gobierno local ocurrió cuando habitantes alertaron sobre desechos peligrosos en sus terrenos y personal de inspección acudió al sitio para verificar la situación.
“Ahorita recordando con los inspectores, nos habían dicho que la vez que hicieron inspección en ese lugar a petición de los vecinos que había residuos peligrosos en sus terrenos, ese predio y otros estaban clausurados por ASEA, tenían los sellos de clausura por ASEA… Ahí había clausura en su momento en 2023–2024”, explicó Peña Ortiz.
La versión del alcalde confirma que el municipio no sólo recibió reportes ciudadanos, sino que sus funcionarios recorrieron físicamente la zona y detectaron que varias propiedades ya habían sido intervenidas por la autoridad federal ambiental. Ese antecedente modifica la lectura pública del caso: antes de los aseguramientos de 2026, ya había señales formales de actividad irregular en el mismo corredor, aunque no necesariamente vinculadas aún con hidrocarburos.
El propio Peña Ortiz dijo que estuvo en la Brecha El Becerro cuando vecinos le plantearon sus inquietudes y que, a partir de esas denuncias, se revisaron instalaciones alrededor del punto donde habían aparecido los residuos. No obstante, no detalló qué seguimiento administrativo dio el Ayuntamiento a esos hallazgos ni si se notificó a otras autoridades sobre el material peligroso detectado.
Al ser cuestionado sobre las autorizaciones para construir los inmuebles donde luego fueron asegurados hidrocarburos, el alcalde evitó confirmar si el municipio expidió licencias. Sostuvo que algunas instalaciones quedan fuera del ámbito municipal por su tamaño, ubicación y actividad. “En protección civil le compete al estado cualquier instalación arriba de mil metros, Desarrollo Urbano no porque está fuera de la mancha urbana y son pastizales y área forestal, en el tema de ecología podemos ayudar cuando hay instalaciones que tienen residuos peligrosos y es por eso que los vecinos se acercaron a nosotros, pero en lo que tenga que ver con hidrocarburos la ley prohíbe a los municipios ingresar a hacer inspecciones porque no nos compete nada”, afirmó.
La explicación busca fijar límites jurídicos, pero también deja expuesta una tensión de fondo: aunque el municipio no tenga facultades directas sobre hidrocarburos, sí puede recibir denuncias, inspeccionar por otras materias y canalizar alertas cuando aparecen residuos o construcciones anómalas. En este caso, la propia autoridad local admite que esa ruta sí ocurrió desde 2023, lo que abre una pregunta sobre la eficacia de las respuestas posteriores.
Sobre el uso de suelo, Peña Ortiz tampoco confirmó si hubo alguna modificación para permitir la edificación u operación de las instalaciones. “Al parecer no hubo cambio de uso de suelo, se tramitaron permisos ante ASEA de pastizales”, dijo, sin precisar si el municipio revisó la compatibilidad urbana de los predios o qué tipo de permisos locales se otorgaron.
El caso gana dimensión porque, más allá del aseguramiento federal reciente, la información municipal apunta a un historial previo de alertas, clausuras y recorridos en la misma franja territorial. La falta de precisión oficial sobre el seguimiento administrativo impide todavía reconstruir si las advertencias tempranas se archivaron, se turnaron a otras autoridades o se perdió continuidad en la supervisión. Peña Ortiz calificó los señalamientos como un “ataque político” y pidió derecho de réplica, pero su propio relato deja abierto el punto central: qué hicieron las autoridades locales con lo que ya sabían desde 2023.
