La advertencia del Colegio de Pilotos Aviadores de México llega en un momento delicado para la aviación civil mexicana: la revisión de la FAA no sólo mide el desempeño técnico de la AFAC, sino que vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad del Estado para sostener una supervisión regulatoria suficiente. El antecedente inmediato pesa. Entre mayo de 2022 y septiembre de 2023, México perdió la categoría aérea y el golpe no fue simbólico: se limitaron rutas, se frenó la expansión de aerolíneas nacionales y se redujo la competencia en el corredor más rentable del país, el transfronterizo con Estados Unidos.
El riesgo actual no se explica únicamente por una evaluación externa. La variable de fondo es presupuestal. Si la AFAC opera con recursos por debajo de lo que sus propios especialistas consideran necesario, la inspección, la certificación de licencias y el seguimiento operativo quedan expuestos a rezagos acumulados. En un sector donde la supervisión debe ser continua y documentada, la insuficiencia financiera no produce fallas inmediatas visibles, pero sí debilita la capacidad de responder a tiempo a observaciones internacionales y a incidentes de seguridad operacional.
Lo que puede ganar la aviación si corrige sus rezagos
La evaluación de la FAA también puede funcionar como un mecanismo de presión útil. Si obliga a la autoridad mexicana a corregir prácticas, ajustar procesos y priorizar el gasto en áreas críticas, el sector podría salir fortalecido. Una AFAC con más inspectores, mejor capacidad de verificación y mayor certeza regulatoria no sólo reduciría el riesgo de una nueva degradación; también mejoraría la percepción de confiabilidad ante aerolíneas, inversionistas y socios comerciales. En aviación, la estabilidad institucional tiene efectos económicos directos: abre espacio a nuevas rutas, mejora la planeación de flota y permite que la conectividad crezca con menos fricción burocrática.
Para los pasajeros, el beneficio sería menos visible pero más importante: una supervisión sólida reduce la probabilidad de que los problemas se acumulen hasta convertirse en fallas operativas o en sanciones internacionales. La discusión presupuestaria, en ese sentido, no es administrativa sino estratégica. Los 300 millones de pesos que el Colegio de Pilotos considera faltantes y la meta de 1,200 millones que plantea como piso razonable reflejan una realidad conocida en muchos reguladores: cuando el volumen del sector crece más rápido que la capacidad de vigilancia, la seguridad y la competitividad terminan tensándose al mismo tiempo.
El costo de repetir el tropiezo
El escenario adverso sería mucho más costoso que la discusión actual sobre cifras. Si México volviera a perder la categoría, las aerolíneas nacionales podrían enfrentar nuevas restricciones para abrir o ampliar operaciones hacia Estados Unidos, precisamente en el mercado que más ingresos genera y donde la eficiencia de la red marca la diferencia entre crecer o quedar rezagado. El efecto no se limitaría a las empresas. Una menor oferta de asientos suele traducirse en tarifas más altas, menos opciones de conexión y menor dinamismo turístico y de negocios.
También habría un riesgo reputacional difícil de revertir. En aviación, la confianza se construye durante años y se erosiona rápido. Una nueva degradación enviaría la señal de que los problemas estructurales de supervisión no fueron resueltos después del episodio anterior. Eso afectaría la posición negociadora de México en futuras conversaciones bilaterales y podría endurecer la vigilancia sobre otros componentes del sistema, desde licencias hasta procesos de mantenimiento y certificación. En otras palabras, el costo no sería sólo comercial: sería institucional.
La prueba real para la autoridad
La clave no está en responder con optimismo retórico a la revisión en curso, sino en demostrar capacidad operativa verificable. El compromiso público de la AFAC con los estándares internacionales sirve poco si no se acompaña de recursos suficientes, trazabilidad en las inspecciones y una agenda clara para cerrar observaciones. El problema es que la ventana política para corregirlo es estrecha: el presupuesto se discute mientras la FAA ya evalúa el desempeño de la autoridad mexicana. Eso obliga a decidir si la aviación seguirá administrándose con inercias de corto plazo o si se asumirá como infraestructura crítica de competitividad nacional.
El desenlace dependerá de dos factores. Primero, que la autoridad pueda acreditar mejoras tangibles antes de que el proceso concluya. Segundo, que el gobierno acepte que el costo de prevenir una degradación es menor que el de enfrentarla otra vez. Si la lección de 2022 y 2023 sirve para algo, debería ser ésta: en aviación, la austeridad mal aplicada termina siendo cara. La seguridad y la capacidad regulatoria no son un gasto accesorio; son la base para que el mercado funcione sin castigar a empresas, pasajeros y al propio Estado.
