El incremento sostenido de la morosidad en préstamos destinados a familias plantea interrogantes sobre la resiliencia del sistema crediticio argentino. Datos recientes muestran que la proporción de deudores en situación irregular alcanzó el 12,1 por ciento en abril, el nivel más alto en dieciséis años, mientras que al incorporar el financiamiento no bancario la tasa consolidada trepa al 15 por ciento. Este deterioro se concentra principalmente en el consumo, con morosidad del 14,9 por ciento en préstamos personales y 12,5 por ciento en tarjetas de crédito. Los créditos hipotecarios, en cambio, mantienen una irregularidad de solo 1,5 por ciento, lo que sugiere que el riesgo no se distribuye de manera uniforme.
La consultora EcoGo identificó que el historial previo de incumplimientos y la exposición al crédito no bancario pesan más que el monto total adeudado. Quienes ya transitaron una situación irregular entre treinta y noventa días multiplican por 22,2 veces la probabilidad de caer en default en los siguientes doce meses. Esa variable supera ampliamente a otras, como haber registrado un default reciente, que eleva el riesgo 3,3 veces, o contar con financiamiento no bancario, que lo incrementa 2,3 veces. El deudor promedio acumula obligaciones cercanas a 1,1 millones de pesos, aunque los morosos presentan saldos algo menores, alrededor de 934 mil pesos, y suelen ser más jóvenes.
Estímulo a prácticas de originación más prudentes
El escenario actual puede inducir a las entidades financieras a revisar sus criterios de otorgamiento. Al observar que los clientes que combinan crédito bancario y no bancario exhiben una morosidad del 32 por ciento, frente al 14 por ciento de quienes operan solo con bancos, las instituciones podrían endurecer los requisitos de calificación. Esta mayor selectividad podría reducir la incidencia de nuevos incumplimientos a mediano plazo y contribuir a un sistema más estable. Asimismo, el énfasis en el historial crediticio como predictor principal podría llevar a un uso más intensivo de bases de datos compartidas, mejorando la capacidad de anticipar riesgos.
Presión sobre el consumo y la demanda interna
El deterioro del crédito al consumo coincide con un contexto de tasas de interés reales positivas y desinflación. Sin el efecto licuador de la inflación alta que caracterizó crisis anteriores, las familias enfrentan un ajuste más directo sobre sus ingresos. Un aumento persistente de la morosidad podría traducirse en menor disponibilidad de financiamiento para bienes durables, lo que afectaría sectores vinculados al consumo masivo. Al mismo tiempo, la estabilización de las tasas reales podría actuar como ancla: si el costo del dinero se normaliza, la carga financiera se alivia y la mora podría moderarse, tal como sugieren los modelos de EcoGo.
Vulnerabilidad diferenciada según segmento etario
Los deudores de hasta 35 años presentan un riesgo 1,9 veces superior al resto. Esta característica demográfica implica que los hogares en etapa de formación enfrentan mayores dificultades para estabilizar sus finanzas cuando el crédito no bancario representa una porción significativa de sus obligaciones. La combinación de menor experiencia crediticia y mayor dependencia de fuentes alternativas podría amplificar el efecto de cualquier shock de ingresos, generando un grupo de población con menor capacidad de recuperación ante eventos adversos.
Riesgo de contagio hacia el sistema bancario formal
Si bien el crédito no bancario muestra tasas de irregularidad del 28,7 por ciento, su interrelación con el sistema bancario genera canales de transmisión. Los clientes comunes, que operan en ambos segmentos, registran la mayor morosidad. Un deterioro adicional en este grupo podría obligar a los bancos a provisionar mayores recursos, reduciendo la capacidad de otorgar nuevo crédito incluso a perfiles solventes. Esta dinámica podría generar un círculo contractivo si las entidades optan por restringir la oferta para proteger sus balances.
Incertidumbre asociada a la evolución de las tasas reales
El informe de EcoGo señala que el principal determinante futuro de la mora es la trayectoria de la tasa real. Una normalización ordenada podría contener el avance de los incumplimientos, mientras que su persistencia elevada elevaría la probabilidad de default. Esta dependencia introduce un elemento de incertidumbre: cualquier desviación en la política monetaria o en las expectativas de inflación modifica el escenario base. Además, la ausencia de un efecto licuador como el observado entre 2018 y 2019 reduce los márgenes de maniobra para deudores y acreedores por igual.
Posibles respuestas regulatorias y de supervisión
El aumento de la mora consolidada al 15 por ciento cuando se incorpora el financiamiento no bancario sugiere que los marcos de supervisión podrían necesitar ajustes. Una mayor visibilidad sobre las operaciones de entidades no reguladas permitiría identificar concentraciones de riesgo antes de que se materialicen en defaults masivos. Al mismo tiempo, iniciativas orientadas a mejorar la educación financiera de los deudores más jóvenes podrían reducir la incidencia de incumplimientos originados en una gestión inadecuada de los compromisos, tal como señaló el vocero presidencial al referirse a la importancia de administrar correctamente ingresos y gastos.
El análisis de EcoGo muestra que factores estructurales, como el perfil de endeudamiento y los antecedentes crediticios, determinan con mayor fuerza la probabilidad de default que el tamaño de la deuda. Esta constatación invita a enfocar las estrategias tanto en la prevención temprana como en la contención de los efectos sobre el sistema en su conjunto. La interacción entre tasas reales elevadas, mayor exposición al crédito no bancario y características demográficas específicas configura un panorama que exige seguimiento continuo sin que ello implique necesariamente un deterioro irreversible de la solvencia familiar.
