Las lluvias intensas que azotan Hermosillo cada verano exponen una realidad estructural que se ha gestado durante décadas en los asentamientos irregulares de la ciudad. Las conexiones eléctricas improvisadas, nacidas de la necesidad de acceder a un servicio básico sin la mediación de las autoridades, se convierten en conductores de peligro cuando el agua penetra en cables expuestos o enterrados de manera precaria. Este fenómeno no es nuevo, pero su frecuencia y gravedad han aumentado conforme crece la población en zonas sin planificación urbana.
El origen de estas invasiones se remonta a los años ochenta, cuando la expansión industrial de Hermosillo atrajo a familias del sur de Sonora y de estados vecinos en busca de empleo en la maquila. Sin suficientes programas de vivienda accesible, muchas optaron por ocupar terrenos baldíos en las periferias. Con el paso del tiempo, estas áreas se consolidaron como colonias informales donde la Comisión Federal de Electricidad rara vez llega de manera formal. Los habitantes, ante la ausencia de postes y medidores oficiales, recurrieron a enganches clandestinos que se extienden desde líneas principales cercanas.
Expansión urbana sin infraestructura
El crecimiento demográfico de Hermosillo superó la capacidad de las instituciones para regular el uso del suelo. Entre 1990 y 2020, la mancha urbana aumentó en más de un 40 por ciento, según datos del Instituto Municipal de Planeación. Gran parte de ese incremento ocurrió en predios sin servicios básicos. Las familias que llegaron primero construyeron con materiales disponibles: cartón, madera y láminas de metal. Posteriormente, cuando el asentamiento alcanzó cierta densidad, aparecieron tenderetes de luz que cruzan calles, atraviesan cercas y quedan a la altura de los transeúntes. Esta cadena de decisiones individuales, repetida miles de veces, generó una red eléctrica paralela y altamente vulnerable.
Durante las tormentas de julio y agosto, el agua actúa como catalizador. Los cables que yacen en el suelo o se apoyan en cercas metálicas entran en contacto con la humedad y elevan la conductividad del terreno. Bomberos de Hermosillo han documentado casos en los que un cortocircuito inició un incendio que consumió varias viviendas en menos de quince minutos. La propagación rápida se explica por la cercanía entre casas y por el uso de materiales inflamables en la construcción inicial.
Presión sobre los servicios de emergencia
El Departamento de Bomberos enfrenta dificultades operativas que van más allá de la atención directa de incendios. Los cables bajos obstaculizan el paso de las unidades y ponen en riesgo al personal que debe desplazarse a pie. En al menos tres intervenciones registradas entre 2023 y 2025, bomberos reportaron haber recibido descargas leves al intentar acceder a zonas afectadas. Esta situación obliga a modificar protocolos: antes de entrar, se solicita el corte de energía en sectores amplios, lo que retrasa la respuesta y aumenta el daño material.
El impacto se extiende a otras corporaciones. Policías y paramédicos también deben sortear la misma infraestructura irregular. Cuando un residente sufre una descarga, los socorristas enfrentan la decisión de acercarse sin saber si el cable sigue energizado. La falta de señalización y la ausencia de planos actualizados de las redes clandestinas complican cualquier planificación de contingencia.
Efectos en la población infantil
Los menores de edad representan el grupo más expuesto. En colonias como Las Malvinas y El Ranchito, niños salen a jugar bajo la lluvia sin distinguir entre charcos normales y zonas electrificadas. Los padres, ocupados en jornadas laborales extensas, no siempre pueden supervisar. Los datos del Hospital General de Hermosillo muestran un incremento de quemaduras y lesiones por descarga en menores durante la temporada de lluvias, aunque muchas familias evitan reportar el incidente por temor a que se investigue la procedencia de la electricidad.
Esta vulnerabilidad infantil tiene consecuencias que trascienden el momento del accidente. Las secuelas neurológicas o psicológicas derivadas de una descarga pueden afectar el rendimiento escolar y el desarrollo a largo plazo. Las familias que pierden su vivienda por incendio quedan desplazadas y, en muchos casos, repiten el ciclo en otro asentamiento irregular.
Repercusiones económicas y de política pública
El costo de atender emergencias relacionadas con conexiones clandestinas recae sobre el presupuesto municipal. Cada incendio requiere recursos de bomberos, ambulancias y, ocasionalmente, apoyo de Protección Civil estatal. Además, las compañías aseguradoras suelen negarse a cubrir daños en viviendas sin título de propiedad legal, dejando a las familias sin posibilidad de reconstrucción rápida.
Desde el punto de vista de la planeación urbana, el problema obliga a replantear estrategias de regularización. Programas de electrificación formal han avanzado lentamente porque requieren que los predios cuenten con escrituras, un requisito que muchos ocupantes no cumplen. La alternativa de cortar el servicio ilegal genera resistencia social y puede derivar en protestas. Mientras tanto, la expansión de la ciudad continúa y nuevos asentamientos surgen en zonas aún más alejadas de la red eléctrica oficial.
La experiencia de otras ciudades mexicanas como Tijuana y Ciudad Juárez muestra que la regularización paulatina, combinada con programas de vivienda social, reduce gradualmente la dependencia de conexiones improvisadas. Sin embargo, estos procesos demandan coordinación entre los tres niveles de gobierno y una inversión sostenida que Hermosillo aún no ha logrado consolidar. El riesgo eléctrico durante las lluvias funciona como recordatorio anual de que la informalidad urbana tiene costos que se pagan en vidas y en recursos públicos cada temporada de tormentas.
