Riesgos sanitarios tras los sismos en Venezuela

Los terremotos del 24 de junio dejaron más de 3.889 fallecidos y 17.907 personas sin vivienda, pero la Organización Panamericana de la Salud ha centrado su alerta en los riesgos secundarios que se desarrollan en los 80 refugios temporales. El hacinamiento, la interrupción del agua potable y la baja cobertura de vacunación configuran un escenario donde las enfermedades diarreicas, respiratorias y prevenibles por inmunización podrían propagarse en las próximas semanas.

El sistema sanitario ya erosionado antes del desastre

La crisis económica previa había reducido la capacidad de respuesta del país. La migración de decenas de miles de profesionales de la salud en los últimos años dejó hospitales con plantillas incompletas y equipos obsoletos. Cuando llegaron los sismos de 7.2 y 7.5 grados, centros que nunca habían gestionado grandes volúmenes de traumatismos debieron improvisar. Esta fragilidad estructural explica por qué la OPS considera que el verdadero peligro no termina con el rescate de escombros.

La atención inmediata mejoró con la llegada de ayuda internacional y hospitales de campaña, pero esa mejora depende de recursos externos que pueden retirarse antes de que se resuelvan las condiciones de los albergues.

La vacunación como punto de quiebre

Venezuela ya registraba coberturas por debajo de los umbrales recomendados antes de los sismos. El desplazamiento masivo interrumpió los esquemas de rutina y aumentó el riesgo de brotes de sarampión, difteria o hepatitis. La OPS insiste en que recuperar el acceso a vacunas entre la población desplazada debe ser prioritario, porque un solo brote en un refugio puede extenderse rápidamente a comunidades vecinas.

Esta prioridad revela una tensión: el gobierno venezolano debe equilibrar la respuesta de emergencia con la reconstrucción de programas de inmunización que venían debilitados por años de desinversión. Si no se logra esa recuperación, el país podría enfrentar un retroceso de una década en indicadores de salud infantil.

Perspectivas enfrentadas entre actores clave

La OPS defiende un enfoque técnico basado en vigilancia epidemiológica y alerta temprana. El Ministerio de Salud venezolano enfatiza la respuesta inmediata y la llegada de ayuda externa. Las autoridades locales, por su parte, destacan la participación de voluntarios y el Ejército en las labores de rescate. Sin embargo, organizaciones humanitarias independientes señalan que la falta de transparencia en la distribución de recursos podría retrasar la atención en los refugios más remotos.

Las comunidades afectadas expresan desconfianza hacia las autoridades por la lentitud en la identificación de cadáveres y la escasez de agua segura. Esta desconfianza complica la adhesión a medidas de higiene recomendadas por la OPS.

Impacto diferenciado en grupos vulnerables

Los niños menores de cinco años y los adultos mayores en los albergues enfrentan riesgos elevados por desnutrición y enfermedades diarreicas. Las mujeres embarazadas pierden acceso a controles prenatales, lo que puede traducirse en un aumento de complicaciones obstétricas en los próximos meses. Estos efectos no aparecen en las cifras oficiales de heridos, pero determinan la carga futura sobre un sistema de salud ya saturado.

Escenarios futuros y riesgos estructurales

Si las condiciones de saneamiento no mejoran en las próximas seis semanas, es probable que aparezcan brotes localizados de enfermedades diarreicas agudas. Un escenario más grave contempla la reintroducción de patógenos que Venezuela había controlado parcialmente, como el cólera, debido al movimiento de población entre estados. La dependencia de ayuda internacional también genera incertidumbre: si los donantes reducen su apoyo antes de que se restablezcan los servicios básicos, la vigilancia epidemiológica podría debilitarse nuevamente.

El verdadero desafío radica en convertir la respuesta de emergencia en una estrategia sostenida de recuperación del sistema de salud. Sin esa transición, los terremotos podrían dejar una huella más duradera en la salud pública que los daños estructurales visibles en edificios y carreteras.

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