El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) como una herramienta clave para reactivar la contratación formal en un contexto de estabilización macroeconómica. El esquema reduce drásticamente las contribuciones patronales para nuevos puestos de trabajo y busca revertir el avance de la informalidad registrado en los últimos meses.
Según datos del Indec, la tasa de desempleo se ubicó en 7,8 % durante el primer semestre, con una leve baja de 0,1 punto respecto al período anterior. Sin embargo, la informalidad creció del 42 % al 44,2 % en el último año, lo que revela que la recuperación del empleo formal sigue siendo insuficiente. El RIFL aparece entonces como un intento de equilibrar la necesidad fiscal del Gobierno con el estímulo a la generación de puestos registrados.
Reducción de cargas y ahorro proyectado
El régimen permite a las empresas acceder a una alícuota fija del 2 % en contribuciones patronales durante un máximo de 48 meses. Para las pymes el aporte nominal baja del 18 % al 5 %, mientras que las grandes empresas pasan del 20,4 % al 5 %. Esto representa una reducción efectiva del 72,2 % para pymes y del 75,5 % para empresas de mayor tamaño.
Tomando un salario bruto promedio de 2 000 000 pesos, una pyme ahorra aproximadamente 260 000 pesos mensuales por cada nuevo trabajador incorporado bajo el esquema. En un año, el ahorro asciende a 3 380 000 pesos por empleado. Para diez incorporaciones anuales, la economía supera los 34 millones de pesos. Si se mantiene durante los cuatro años máximos de vigencia, el beneficio acumulado puede alcanzar 135,2 millones de pesos para pymes y 160 millones para grandes empresas.
El beneficio está disponible solo para altas nuevas realizadas hasta el 30 de abril de 2027. Esta ventana temporal obliga a las compañías a planificar sus contrataciones con anticipación y a evaluar si el perfil del candidato cumple estrictamente con los requisitos establecidos por la norma.
Condiciones de elegibilidad y controles
Para que un trabajador pueda incorporarse bajo el RIFL debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones: no registrar relaciones laborales declaradas al 10 de diciembre de 2025, acreditar desempleo total durante los seis meses previos, provenir del sector público o estar inscripto en el monotributo bajo parámetros específicos. La verificación se realiza a través del CUIL y se recomienda solicitar una declaración jurada al momento de la contratación.
El CEO de PMP Contabilidad & Consultoría, Juan Pablo Perojo, advierte que cualquier omisión o error en la comprobación recae sobre el empleador. En caso de incumplimiento, la empresa debe reintegrar las contribuciones no abonadas más intereses y multas, lo que puede anular por completo el ahorro obtenido durante el período de beneficio.
Restricciones operativas y sanciones
El régimen prohíbe la sustitución de personal ya registrado y la reincorporación de trabajadores despedidos por la misma empresa en los doce meses anteriores. Las nuevas empresas constituidas después del 10 de diciembre de 2025 solo podrán afectar hasta el 80 % de su nómina al esquema. Además, quedan excluidas las firmas que figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Estas limitaciones buscan evitar el uso abusivo del beneficio y proteger la recaudación fiscal. Sin embargo, también introducen complejidad administrativa que podría desincentivar a algunas pymes con menor capacidad de cumplimiento.
Perspectivas y límites del instrumento
El propio Caputo ha señalado que el superávit fiscal alcanzado requiere tanto mayor formalización como la incorporación de ahorros que hoy permanecen fuera del sistema. El RIFL se presenta como una pieza de ese rompecabezas, pero su alcance temporal y las condiciones de elegibilidad limitan su efecto estructural sobre el mercado laboral.
Especialistas coinciden en que el éxito dependerá de la claridad de la reglamentación pendiente y de la capacidad de las empresas para realizar verificaciones rigurosas. Si se cumplen los controles, el régimen puede contribuir a reducir la informalidad en sectores intensivos en mano de obra. Si los requisitos resultan demasiado estrictos o los riesgos de penalidades demasiado altos, el incentivo podría tener un impacto acotado y temporal.
En un escenario de reactivación, la combinación de menor costo laboral y mayor certidumbre sobre el costo del despido podría alentar nuevas contrataciones. No obstante, el crecimiento sostenido del empleo formal dependerá también de la evolución de la actividad económica y de la consistencia de las políticas que acompañen al RIFL.
