El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones consolidó en Argentina un patrón de crecimiento concentrado en petróleo, gas, cobre y litio, según un informe del Observatorio RIGI difundido este miércoles. A dos años de su puesta en marcha, el mecanismo acumula 44 proyectos por 198.979 millones de dólares, con 21 ya aprobados, pero sin señales claras de diversificación productiva.
El dato clave no es solo el volumen de capital comprometido, sino su composición: 12 iniciativas mineras y 5 de petróleo y gas dominan la cartera, mientras turismo, forestoindustria y renovables siguen casi ausentes. Para el Observatorio, el gobierno de Javier Milei amplió además en febrero los beneficios del régimen hacia Vaca Muerta, donde ya operaban fuertes incentivos previos, reforzando una lógica de promoción sobre sectores que ya recibían apoyo estatal.
El informe advierte que este diseño reduce la capacidad fiscal y debilita la regulación ambiental, en un contexto en el que también se flexibilizaron normas como la Ley de Glaciares. La discusión política ahora se desplaza al llamado “súper RIGI”, pensado para inversiones tecnológicas de gran escala, que según las organizaciones impulsoras repetiría el mismo esquema: más exenciones para proyectos intensivos en energía y agua, con menor margen de control público sobre activos estratégicos.
