Rumanía comunicará a la Unión Europea (UE) que necesita aplazar el cierre de parte de sus centrales de carbón después de que una sequía excepcional y el descenso del nivel del Danubio agravaran la seguridad energética del país. La crisis ha obligado, además, a desconectar uno de los dos reactores de la central nuclear de Cernavoda, la única instalación atómica rumana, lo que ha reducido la capacidad disponible para atender la demanda eléctrica del verano.
El Parlamento rumano aprobó este miércoles, por una amplia mayoría, una modificación de la ley de descarbonización que condiciona el desmantelamiento progresivo de las centrales de lignito y carbón a la construcción y entrada en funcionamiento de nuevas instalaciones de generación. El Gobierno prevé explicar la medida a la Comisión Europea y a la presidencia de turno de la UE, según informó el portal Digi.
Una excepción vinculada a la seguridad energética
La enmienda altera el calendario que Rumanía había pactado con sus socios comunitarios. El país se comprometió a retirar definitivamente antes del próximo día 31 un total de 710 megavatios (MW) de capacidad de generación basada en carbón, de acuerdo con un documento oficial consultado por EFE. La nueva redacción de la norma impide que ese cierre se produzca si no existe previamente una alternativa operativa capaz de cubrir la electricidad perdida.
El cambio no supone, al menos formalmente, una renuncia a la descarbonización. Su efecto inmediato es trasladar la prioridad desde el cumplimiento estricto de una fecha hacia la continuidad del suministro. Esa diferencia resulta relevante para un sistema que ha perdido una parte sustancial de su generación de carbón, pero que todavía depende de ella cuando disminuye la producción hidroeléctrica o surge un problema en la generación nuclear.
La capacidad instalada de las centrales de carbón rumanas asciende actualmente a 1.620 MW, menos de la mitad de los 3.469 MW registrados en 2021. La reducción refleja el proceso de transición energética emprendido por Bucarest, aunque también deja menos margen de maniobra frente a episodios climáticos extremos. La falta de agua afecta simultáneamente a la generación hidroeléctrica y a las instalaciones térmicas y nucleares que necesitan caudales suficientes para sus sistemas de refrigeración.
El Danubio pone a prueba la red eléctrica
Rumanía desconectó la semana pasada uno de los reactores de Cernavoda, que habitualmente aporta alrededor del 20 % de la electricidad consumida en un país de unos 19 millones de habitantes. La central funciona con dos reactores y está situada junto al Danubio, cuya agua resulta esencial para evacuar el calor generado durante la producción nuclear.
El Ejército rumano trabaja estos días en obras de ingeniería destinadas a elevar el nivel del agua en la zona de captación de Cernavoda. El objetivo es mantener en funcionamiento el segundo reactor y evitar que la disminución del caudal provoque una interrupción adicional. El problema también ha alcanzado a otros países de la región: Hungría ha tenido que apagar reactores que dependen del Danubio para su refrigeración.
La coincidencia de estos factores ha convertido una medida climática de largo plazo en una decisión de emergencia. Las centrales de carbón son una de las fuentes más contaminantes del sistema eléctrico, pero pueden producir electricidad de forma continua y no dependen directamente del nivel de los ríos. Por eso, su cierre sin capacidad sustituta podría aumentar la exposición del país a importaciones, a precios más elevados o a restricciones en momentos de máxima demanda.
Choque con los fondos europeos
El primer ministro, Ilie Bolojan, reconoció que la enmienda afecta a los compromisos asumidos por Rumanía dentro del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), financiado por Bruselas. Sin embargo, sostuvo que todavía sería posible renegociar el calendario de descarbonización sin bloquear los próximos desembolsos del fondo, estimados en unos 5.000 millones de euros, según Digi24.
La posición del Gobierno abre una negociación delicada. Para Bucarest, mantener capacidad firme mientras se construyen nuevas instalaciones puede presentarse como una adaptación temporal a una crisis de suministro. Para la Comisión Europea, en cambio, el cumplimiento de los objetivos, los plazos y las reformas vinculadas a los fondos constituye una condición central para liberar los pagos. La cuestión no se limita, por tanto, a una discusión energética: también afecta a la credibilidad del plan de reformas rumano y al control europeo sobre el uso de los recursos.
El presidente Nicusor Dan ha advertido que no promulgará la ley porque podría provocar la pérdida de miles de millones de euros en fondos europeos. Su oposición introduce un nuevo elemento de incertidumbre institucional, ya que el Parlamento y el Ejecutivo defienden una respuesta inmediata a la emergencia mientras la jefatura del Estado subraya el coste financiero y jurídico de modificar los compromisos asumidos ante la UE.
Una transición condicionada por nuevas inversiones
La enmienda impulsada por el Partido Socialdemócrata (PSD) parte de un argumento concreto: la crisis energética no es exclusivamente rumana, sino que afecta a una amplia zona del sureste europeo. La sequía ha reducido los recursos hídricos disponibles y ha limitado la flexibilidad de varias redes nacionales conectadas entre sí. En ese contexto, los problemas de un país pueden repercutir sobre sus vecinos mediante el comercio regional de electricidad.
La respuesta legislativa, no obstante, mantiene abierta una cuestión decisiva: qué instalaciones sustituirán al carbón y en qué plazo estarán listas. Si las nuevas plantas se retrasan, la cláusula aprobada podría prolongar la operación de unidades envejecidas. Si se construyen con rapidez y bajo criterios compatibles con los objetivos climáticos, el aplazamiento podría quedar limitado a una fase transitoria.
Rumanía deberá demostrar ante Bruselas que la excepción responde a una necesidad verificable y que no se convierte en una suspensión indefinida de la transición. La evolución del caudal del Danubio, la recuperación de la generación nuclear y el avance de las nuevas inversiones serán factores determinantes para fijar el próximo calendario. Mientras tanto, el país afronta el desafío de garantizar electricidad en el corto plazo sin poner en riesgo los compromisos financieros y climáticos que sostienen su estrategia energética.
