El funeral celebrado este martes en el barrio de Sabra, en la Ciudad de Gaza, no representa únicamente el cierre tardío de una tragedia ocurrida el 22 de noviembre de 2023. También expone una de las dimensiones menos visibles de la guerra: la prolongación de la muerte mucho después de que cesan los bombardeos. Casi tres años después de que un ataque israelí destruyera una manzana residencial, las familias palestinas enterraron los restos de 112 personas recuperadas entre toneladas de concreto pulverizado.
La Defensa Civil de Gaza informó que entre los cuerpos identificados había 40 niños, 30 mujeres y siete personas con discapacidad. El mismo ataque habría dejado más de 300 muertos, de acuerdo con las autoridades locales, aunque inicialmente los equipos de rescate solo pudieron recuperar unos 40 cuerpos. La escala de la destrucción, la continuidad de los combates y la falta de maquinaria especializada impidieron completar la búsqueda. El alto el fuego vigente permitió reanudar las excavaciones, que se extendieron durante 136 horas.
El dato más inquietante no es solo el número de cuerpos encontrados, sino el de quienes todavía no aparecen. Las autoridades estiman que 157 personas continúan sepultadas bajo los restos de los edificios destruidos en Sabra. En Gaza, además, unas 7 mil 400 personas permanecen desaparecidas y se presume que muchas siguen bajo estructuras colapsadas. La desaparición, en este contexto, no equivale a una ausencia administrativa: puede significar que una familia entera murió sin sobrevivientes que pudieran registrar el caso.
El funeral que revela una guerra sin punto final
Los féretros, cubiertos con banderas palestinas y acompañados por fotografías de las víctimas, fueron colocados frente a los edificios arrasados antes de ser trasladados a un cementerio cercano. Cientos de familiares participaron en un funeral colectivo marcado por el duelo y la indignación. La escena importa porque transforma un espacio de destrucción en un lugar de memoria pública: allí donde antes existían viviendas, calles y vínculos vecinales, ahora se acumulan restos humanos, fotografías y preguntas sin resolver.
Taysir al-Hassayna, familiar de varias víctimas, afirmó que el único “crimen” de los fallecidos fue permanecer en sus hogares confiando en que esas casas los protegerían. La frase condensa una disputa central del conflicto: para las familias, se trataba de población civil que no tenía por qué abandonar sus viviendas; para Israel, las operaciones militares iniciadas tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 han sido presentadas como una respuesta de seguridad contra una organización armada. La existencia de esa justificación no resuelve, por sí misma, la cuestión de la proporcionalidad, la distinción entre combatientes y civiles ni la responsabilidad por el daño causado.
La información disponible en el reporte procede principalmente de autoridades palestinas y de la Defensa Civil de Gaza, organismos que operan en un territorio devastado y sometido a enormes restricciones materiales. Sus cifras deben leerse con ese contexto: la verificación independiente es difícil, pero la dificultad de verificar no elimina la magnitud del sufrimiento ni permite asumir que los casos no documentados carecen de importancia. En escenarios donde los registros civiles, los hospitales y las morgues han sido dañados, contar a los muertos se convierte también en una tarea de protección de derechos.
La demora del rescate también es una forma de daño
La primera conclusión analítica que deja Sabra es que la capacidad de rescate se ha convertido en un factor determinante del balance humanitario. Un bombardeo no produce únicamente víctimas inmediatas; puede crear una segunda crisis prolongada cuando los cuerpos quedan atrapados, los sobrevivientes no pueden acceder a ellos y los equipos carecen de excavadoras, combustible, herramientas de corte o sistemas de localización. Cada día de retraso aumenta el riesgo de descomposición, contaminación y pérdida de evidencias.
El caso ofrece una relación concreta entre destrucción y capacidad operativa. De más de 300 muertos atribuidos al ataque, solo unos 40 cuerpos fueron recuperados inicialmente. La búsqueda de los otros 112 hallados ahora necesitó 136 horas de trabajo y un cambio sustancial en las condiciones de seguridad. Eso significa que el alto el fuego no solo redujo temporalmente los combates: abrió una ventana técnica para realizar una tarea que durante casi tres años había sido imposible.
Esta dimensión afecta directamente a la labor de los servicios de emergencia y al sector humanitario. Las organizaciones de rescate no pueden planificar como si operaran después de un desastre convencional, con acceso estable, carreteras despejadas y suministros garantizados. En Gaza, cada misión depende de la seguridad del área, de la disponibilidad de combustible, de la coordinación con las partes y de la posibilidad de retirar grandes volúmenes de escombros sin provocar nuevos derrumbes. La recuperación de cadáveres compite además con necesidades urgentes como la atención médica, el suministro de agua y el alojamiento de los desplazados.
Sabra y el costo social de perder generaciones enteras
El segundo hallazgo es menos cuantificable, pero quizá más profundo: la destrucción no afecta solo a individuos, sino a estructuras familiares completas. El barrio de Sabra es descrito como uno de los ejemplos más representativos de esa devastación. Varias generaciones de los clanes Hassayna y Abu Sharia habrían quedado prácticamente exterminadas en un solo ataque. Cuando mueren simultáneamente niños, madres, personas mayores y miembros con discapacidad, la comunidad pierde tanto población como redes de cuidado, memoria y sustento.
El impacto se proyecta sobre la salud mental, la educación y la economía doméstica. Un familiar que busca durante años los restos de un ser querido permanece atrapado entre el duelo y la incertidumbre; no puede realizar plenamente los rituales funerarios, resolver asuntos legales ni cerrar procesos de herencia o custodia. En las familias con menores supervivientes, la desaparición de los adultos puede convertir la ayuda humanitaria en el único mecanismo de subsistencia. La pérdida de una vivienda y la pérdida de documentos, fotografías, títulos de propiedad y registros médicos agravan el problema.
También existe un efecto sobre la reconstrucción. No es posible diseñar una política de vivienda adecuada si no se sabe cuántas personas murieron, cuántas siguen desaparecidas y quiénes tienen derecho a reclamar un terreno o una propiedad. Los restos humanos no recuperados representan, por tanto, una barrera para la planificación urbana y para la restitución patrimonial. El escombro no es solo material de construcción destruido: es una mezcla de evidencia, pertenencias, archivos y posibles restos que exige protocolos cuidadosos.
Entre la urgencia humanitaria y la disputa por la responsabilidad
Para las familias palestinas, el funeral constituye una exigencia de reconocimiento. Enterrar a los muertos permite nombrarlos, preservar sus vínculos y afirmar que cada víctima fue una persona con una historia, no una cifra agregada al balance de la guerra. Para la Defensa Civil y el Ministerio de Salud de Gaza, documentar los cuerpos es también una forma de demostrar la escala de los daños y reclamar recursos para continuar la búsqueda.
Israel, por su parte, ha sostenido que su ofensiva responde al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Esa posición forma parte del contexto indispensable para entender la secuencia militar, pero no resuelve las preguntas sobre los ataques concretos en zonas residenciales. La evaluación jurídica de cada operación requiere información sobre el objetivo, los medios empleados, las advertencias emitidas, la presencia de combatientes y las medidas adoptadas para proteger a la población civil. Sin investigaciones independientes y acceso suficiente a los lugares afectados, esas preguntas permanecen abiertas.
Hamás tampoco puede quedar fuera del análisis de responsabilidades. El ataque del 7 de octubre y la toma de rehenes fueron el detonante inmediato de la ofensiva israelí y generaron una crisis de seguridad de enorme gravedad. Sin embargo, la responsabilidad por los crímenes cometidos por un actor no elimina la obligación de otro de respetar las normas aplicables a la conducción de las hostilidades. El riesgo de que cada parte utilice los abusos del adversario para justificar los propios dificulta la rendición de cuentas y prolonga la impunidad.
La controversia sobre las cifras añade otra capa de tensión. Israel y las autoridades palestinas presentan narrativas radicalmente distintas sobre las operaciones, mientras que organismos internacionales y medios enfrentan restricciones de acceso y problemas para verificar cada caso. La respuesta responsable no consiste en escoger cifras por afinidad política, sino en distinguir entre hechos confirmados, estimaciones y afirmaciones atribuidas. En Sabra, la recuperación física de los restos puede facilitar identificaciones y aportar pruebas, pero solo si se preservan adecuadamente las escenas, los objetos personales y los registros de excavación.
El alto el fuego como ventana, no como solución
La pausa en los combates ha permitido recuperar cuerpos, pero no ha revertido las condiciones que produjeron la emergencia. Según el Ministerio de Salud de Gaza, la ofensiva iniciada después del 7 de octubre de 2023 dejó más de 73 mil 300 palestinos muertos. La cifra, atribuida a la autoridad sanitaria local, incluye un conflicto de verificación que no debe ocultar una realidad evidente: la infraestructura civil y la capacidad de respuesta han quedado sometidas a una presión extraordinaria.
Gran parte de la población continúa desplazada, miles de personas sobreviven en campamentos improvisados y las negociaciones para consolidar una tregua duradera siguen estancadas. En ese escenario, cada periodo de calma cumple una doble función. Permite realizar tareas críticas —buscar desaparecidos, reparar hospitales, retirar escombros y restablecer registros—, pero también puede ser temporal y reversible. Si el cese de hostilidades se rompe antes de completar esas labores, los equipos de rescate volverán a quedar paralizados y aumentará el número de personas cuya muerte nunca podrá documentarse con precisión.
El principal riesgo inmediato es la normalización de la desaparición. Si los cuerpos permanecen bajo los edificios durante años, las familias pueden perder la posibilidad de identificación mediante documentos, fotografías o análisis forenses. El segundo riesgo es sanitario y ambiental: la acumulación de restos humanos, materiales peligrosos y aguas contaminadas dificulta el retorno de la población y la reconstrucción. El tercero es político: cada cuerpo recuperado puede convertirse en evidencia de un crimen, pero también en un nuevo punto de confrontación si no existe una autoridad aceptada para investigar y preservar pruebas.
Lo que puede ocurrir después de las excavaciones
La tendencia más probable es que el número de muertos documentados siga aumentando mientras continúen las excavaciones. Eso no necesariamente significará que nuevas personas hayan muerto después del alto el fuego; reflejará, en muchos casos, una contabilidad atrasada de víctimas ya sepultadas. La diferencia será fundamental para interpretar los datos y evitar que las estadísticas se utilicen de manera engañosa.
El futuro de la recuperación dependerá de tres condiciones: seguridad sostenida, equipos capaces de mover grandes volúmenes de escombros y un sistema de identificación que incluya registros familiares y análisis forenses cuando sea posible. También será necesario establecer mecanismos para conservar evidencias y permitir investigaciones independientes. Sin esas garantías, las excavaciones podrían limitarse a retirar restos sin aclarar cómo ocurrieron las muertes, quién ordenó las operaciones ni qué medidas de protección fueron consideradas.
La reconstrucción de Gaza enfrentará además una decisión incómoda: retirar rápidamente los escombros para habilitar viviendas o tratarlos como posibles escenas de investigación. Ambas necesidades son legítimas y pueden entrar en conflicto. Una política apresurada podría destruir pruebas y pertenencias; una espera indefinida prolongaría la exposición de las comunidades a riesgos físicos y sanitarios. La solución exige mapear los lugares, priorizar las áreas habitadas y coordinar a rescatistas, autoridades civiles, especialistas forenses y organismos internacionales.
En Sabra, el funeral de 112 personas funciona como un recordatorio de que una guerra no termina cuando dejan de caer bombas. Termina, en un sentido más exigente, cuando las familias pueden saber qué ocurrió, recuperar a sus desaparecidos, enterrar a sus muertos y reclamar justicia sin temor a que la violencia vuelva a interrumpir el proceso. Mientras 157 personas sigan bajo los escombros del mismo ataque y miles permanezcan desaparecidas en Gaza, cualquier tregua será incompleta: habrá reducido el ruido de las armas, pero no habrá cerrado la herida humana ni la obligación de esclarecerla.
