El anuncio del ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, marca un viraje claro en la definición del salario mínimo para 2027. Según sus declaraciones en Caracol Radio, el nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella priorizará incrementos sostenibles, ligados a productividad y sin rebasar de manera significativa la inflación, en contraste con el alza del 23 % decretado para 2026. Esta postura busca alejar la política salarial de decisiones de corte político y acercarla a criterios técnicos que preserven la estabilidad macroeconómica.
El cambio de enfoque responde a la percepción de que aumentos muy superiores a la inflación generan distorsiones permanentes en el mercado laboral. Gómez señaló explícitamente que no es viable repetir prácticas que multiplicaron por cuatro o cinco veces el ritmo inflacionario, como ocurrió en la negociación anterior. El énfasis ahora recae en equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos con la capacidad real de las empresas para absorber mayores costos sin sacrificar empleo ni competitividad.
Efectos sobre empleo y sectores productivos
Un incremento más contenido podría reducir la presión sobre las micro y pequeñas empresas, que representan más del 90 % del tejido empresarial colombiano y suelen operar con márgenes estrechos. En sectores como el comercio minorista, la agricultura de subsistencia y ciertos servicios personales, los costos laborales representan una proporción elevada de los gastos totales. Históricamente, alzas superiores al 15 % han coincidido con incrementos en la informalidad, según datos del DANE que muestran cómo el empleo formal se contrajo en los trimestres posteriores a ajustes salariales agresivos entre 2022 y 2024.
Por otro lado, la vinculación explícita del salario a la productividad abre la puerta a esquemas de negociación más sofisticados, como bonificaciones por metas o revisiones sectoriales diferenciadas. Sin embargo, esta misma lógica plantea desafíos en industrias de baja productividad, donde los trabajadores podrían enfrentar incrementos por debajo de la inflación real, erosionando su capacidad de consumo. El resultado probable es una mayor heterogeneidad en las condiciones laborales entre regiones y ramas económicas.
Tensiones entre actores y visiones contrapuestas
Las centrales obreras, que tradicionalmente han impulsado reajustes que compensen el costo de vida acumulado, enfrentan ahora un escenario de negociación más restrictivo. Su argumento central sigue siendo que el salario mínimo debe actuar como ancla de la demanda interna, especialmente en un contexto donde la recuperación del consumo de los hogares ha sido lenta tras la desaceleración de 2024-2025. Un aumento moderado podría traducirse en menor poder de compra y, eventualmente, en menor actividad económica en los segmentos de menores ingresos.
Desde el lado empresarial, las asociaciones como la ANDI y Fenalco han recibido con cautela las declaraciones de Gómez. Si bien valoran la señal de racionalidad que reduce la incertidumbre regulatoria, advierten que cualquier fórmula que incluya productividad debe contar con métricas claras y verificables para evitar interpretaciones discrecionales. El riesgo que perciben es que, sin una medición objetiva, la discusión pueda volver a politizarse en el Congreso o en instancias tripartitas.
Los trabajadores informales, que constituyen cerca del 47 % de la fuerza laboral según la última Gran Encuesta Integrada de Hogares, quedan en una posición intermedia. Aunque no se benefician directamente del salario mínimo, sus ingresos suelen estar anclados a este referente. Un ajuste más moderado podría limitar el efecto de arrastre sobre los salarios informales, pero al mismo tiempo reducir la presión inflacionaria que históricamente ha erosionado esos mismos ingresos.
Escenarios de negociación y trayectoria futura
La discusión de 2027 probablemente se desarrollará bajo una fórmula híbrida que combine inflación esperada, productividad media de los últimos dos años y un componente de sostenibilidad fiscal. Este enfoque, aunque más técnico, exige que el Gobierno entrante presente datos confiables sobre productividad sectorial, algo que hasta ahora ha sido objeto de controversia entre las partes. Si se logra establecer una métrica transparente, podría sentar precedente para negociaciones futuras y reducir la volatilidad anual que ha caracterizado el proceso desde 2020.
En el mediano plazo, la política de moderación salarial podría contribuir a una menor presión sobre las tasas de interés y a una mayor previsibilidad para la inversión extranjera directa, particularmente en manufacturas y servicios exportables. No obstante, el éxito de esta estrategia dependerá de que el crecimiento de la productividad supere el ritmo histórico del 1,2 % anual registrado entre 2015 y 2024. De no ser así, el poder adquisitivo de los trabajadores formales podría estancarse en términos reales.
Riesgos estructurales y puntos de fractura
Uno de los principales riesgos radica en una posible escalada de conflictividad laboral durante la negociación tripartita. Las centrales obreras ya han anticipado movilizaciones si consideran que la oferta gubernamental queda por debajo de las expectativas. Un escenario de paros o bloqueos podría afectar temporalmente la producción en sectores clave como transporte y comercio, amplificando la incertidumbre económica en los primeros meses de la nueva administración.
Otro riesgo es el aumento de la informalidad si las empresas optan por contratar bajo modalidades que eluden el salario mínimo o reducen horas de trabajo. Experiencias similares en otros países de la región muestran que ajustes salariales por debajo de la inflación pueden incentivar la subcontratación o el desplazamiento hacia el trabajo por cuenta propia sin protección social. Finalmente, existe el peligro de que una política excesivamente restrictiva debilite la demanda interna y frene la recuperación del consumo, especialmente si el crecimiento del PIB se mantiene por debajo del 3 % anual.
El equilibrio que busca el equipo económico entrante entre protección del poder adquisitivo y sostenibilidad macroeconómica definirá no solo el salario mínimo de 2027, sino el tono de las relaciones laborales durante todo el periodo de gobierno. La prueba real llegará cuando las cifras de productividad y las expectativas inflacionarias se crucen en la mesa de negociación.
