Presión operativa
San Quintín arrastra un reto administrativo de gran escala: regularizar unos 4 mil 600 expedientes de familias que buscan certeza sobre su patrimonio, dentro del Plan de Justicia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La alcaldesa Miriam Cano Núñez reconoció que el municipio llega con una estructura limitada para atender una demanda que rebasa por mucho su capacidad actual.
La Dirección de Administración Urbana tiene solo siete trabajadores para un municipio de más de 32 mil kilómetros cuadrados y cerca de 180 mil habitantes. El cálculo es contundente: cada empleado tendría que resolver cientos de casos en pocos meses, además de sus tareas ordinarias. El problema no es solo de gestión documental; varios expedientes exigen inspecciones, trabajo de campo, integración de pruebas y dictámenes técnicos.
Cano Núñez planteó que la regularización puede destrabar un rezago histórico y dar certeza jurídica a miles de familias, pero advirtió que el Ayuntamiento no debe convertirse en el cuello de botella del proceso. Su mensaje también marca una exigencia política: si habrá apoyo federal, el municipio debe responder con capacidad real, transparencia y resultados medibles antes de la próxima visita presidencial.
