El Servicio de Administración Tributaria ha abierto una licitación para que universidades calculen el monto de la evasión fiscal que se esconde detrás de deducciones aplicadas por empresas y personas físicas con actividad empresarial entre 2020 y 2025. La convocatoria IA-06-E00-006E00002-N-41-2026 busca no solo cuantificar el hueco recaudatorio, sino también identificar esquemas específicos y proponer ajustes normativos que cierren vacíos legales sin alterar las reglas vigentes de inmediato.
La iniciativa responde a la necesidad de contar con datos más precisos que los actuales reportes de recaudación. Según cifras de la SHCP al primer trimestre de 2026, los contribuyentes empresariales aportaron 1.73 billones de pesos, un crecimiento de apenas 2.8 por ciento anual. Esta cifra contrasta con los 1.89 millones de personas morales y 5.46 millones de personas físicas activas registradas hasta mayo de 2026, lo que sugiere que el volumen de operaciones deducibles sigue creciendo sin que la autoridad disponga de una metodología consolidada para separar el uso legítimo del indebido.
La simulación de operaciones como principal foco
El profesor Juvenal Lobato Díaz, de la UNAM, ha señalado que la simulación de operaciones sigue siendo el mecanismo más recurrente. Facturas por servicios inexistentes, comprobantes emitidos por empresas cuyo giro no coincide con la actividad facturada e inflación artificial de costos conforman un patrón que el estudio deberá desglosar mediante modelos estadísticos y econométricos validados por el propio SAT. La revisión del marco legal y la comparación con experiencias internacionales forman parte del alcance solicitado a las 23 universidades invitadas, entre ellas UNAM, IPN, UAM, Universidad Panamericana, Iberoamericana e ITAM.
La participación de equipos multidisciplinarios que incluyan economistas, estadísticos, contadores y científicos de datos apunta a una metodología más robusta que los análisis internos previos del SAT. Sin embargo, el plazo de análisis de seis ejercicios fiscales plantea el reto de homogeneizar criterios contables que han cambiado con cada reforma fiscal desde 2020.
Impacto diferenciado en grandes empresas y MiPyMEs
Las grandes corporaciones con departamentos fiscales sofisticados probablemente verán este estudio como un ejercicio de diagnóstico que podría derivar en auditorías más focalizadas. En cambio, las MiPyMEs enfrentan un riesgo mayor de incertidumbre: cualquier endurecimiento posterior en la validación de deducciones podría elevar sus costos de cumplimiento sin que cuenten con la misma capacidad de asesoría especializada. Datos de Concanaco indican que solo 14.83 por ciento de estas empresas se considera preparada para procesos de fiscalización intensivos.
Desde la perspectiva de las universidades invitadas, el encargo representa una oportunidad de financiamiento y de influencia en la política tributaria. No obstante, la selección bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres participantes genera competencia entre instituciones que tradicionalmente han mantenido posturas distintas frente a la simplificación fiscal versus el control estricto.
Una metodología validada que podría limitar reformas precipitadas
Uno de los aportes más relevantes del estudio radica en la obligación de validar la metodología antes de su aplicación. Esta etapa reduce el riesgo de que estimaciones preliminares se traduzcan en reformas apresuradas que afecten deducciones legítimas, como las relacionadas con inversión en activos fijos o gastos de investigación. Al mismo tiempo, obliga al SAT a definir con claridad qué constituye un esquema abusivo frente a una planeación fiscal aceptada.
El segundo elemento diferenciador es la inclusión de una comparación internacional explícita. Países como Chile y España han implementado sistemas de reporte automático de deducciones que permiten cruces en tiempo real. Si el estudio mexicano incorpora estos referentes, podría recomendar mecanismos similares que disminuyan la dependencia de auditorías posteriores y reduzcan el margen para la simulación de operaciones.
Riesgos de sobrerregulación y resistencia judicial
El principal riesgo identificado por analistas es que una estimación elevada de la evasión derive en medidas restrictivas que encarezcan el cumplimiento para contribuyentes cumplidos. Las reformas derivadas del estudio podrían enfrentar amparos si se percibe que restringen derechos adquiridos bajo la legislación vigente. Además, la ausencia de cambios inmediatos para los contribuyentes no elimina la posibilidad de que las empresas anticipen futuras auditorías y modifiquen sus prácticas de deducción antes de que el SAT publique resultados.
En el mediano plazo, el estudio podría acelerar la adopción de herramientas de inteligencia artificial para el cruce de facturas y patrones de deducción. Esta tendencia reduciría la carga de revisiones manuales pero aumentaría la necesidad de que las universidades formen perfiles híbridos entre fiscalistas y científicos de datos, un requisito ya contemplado en la licitación.
La tensión entre transparencia fiscal y competitividad empresarial se mantendrá como eje central de la discusión una vez que las universidades entreguen sus conclusiones. El resultado final dependerá tanto de la calidad técnica del modelo como de la disposición de la autoridad para distinguir entre elusión agresiva y deducciones amparadas por la ley.
