La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de revisión fiscal 5/2025 y dejó firme la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que anuló un crédito fiscal de 2 mil 868 millones de pesos correspondiente al ejercicio 2011. La decisión se sustentó exclusivamente en que las facultades de la autoridad para determinar el adeudo habían caducado conforme al artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, además de apoyarse en un acto previo ya declarado nulo con carácter de cosa juzgada. El Pleno consideró que, al tratarse únicamente de vicios formales, no se cumplían los requisitos de importancia y trascendencia jurídica para admitir la revisión fiscal.
La ministra Lenia Batres votó en contra y señaló que el monto equivale al pago de 441 mil pensiones para adultos mayores o 299 mil becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En redes sociales cuestionó el criterio aplicado por la mayoría del Pleno, argumentando que la última reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo permitiría revisar asuntos cuando el crédito supera los 2 millones 38 mil pesos. Aunque no se identificó oficialmente a la empresa beneficiada, reportes en redes apuntan a Femsa como posible involucrada.
Impacto en el sector corporativo y la recaudación
La resolución refuerza la línea jurisprudencial que impide revisar por la vía de revisión fiscal sentencias administrativas basadas únicamente en vicios de forma. Para las grandes empresas que enfrentan auditorías del SAT por ejercicios antiguos, esto representa una protección procesal clara: si la autoridad deja pasar el plazo de caducidad o sustenta su determinación en actos ya invalidados, los tribunales pueden anular el crédito sin entrar al fondo del asunto. En la práctica, reduce el margen de maniobra del fisco para recuperar adeudos de ejercicios anteriores a 2012.
El efecto en la recaudación no es inmediato pero sí estructural. Créditos fiscales de miles de millones que se encontraban en litigio ahora quedan firmes a favor del contribuyente. Para el SAT esto implica la necesidad de reforzar los controles internos de plazos y fundamentación desde el primer momento de la auditoría, ya que errores formales tempranos pueden derivar en pérdidas irreparables años después.
Tres lecturas sobre el criterio del Pleno
La primera lectura apunta a una mayor predictibilidad procesal. Al rechazar la revisión cuando solo existen vicios formales, la Corte envía una señal clara de que no reabrirá casos resueltos por caducidad o falta de motivación, lo que obliga a la autoridad a actuar con mayor rigor desde el inicio. Esta línea reduce la litigiosidad prolongada y alinea a México con estándares internacionales que priorizan la seguridad jurídica sobre la posibilidad de corrección posterior.
La segunda lectura destaca el costo fiscal de mantener criterios restrictivos heredados de la extinta Segunda Sala. La ministra Batres señaló que la reforma legal de 2021 amplía las facultades de revisión cuando el monto supera ciertos umbrales; sin embargo, la mayoría del Pleno optó por no actualizar la interpretación. Esto genera un desequilibrio entre el interés recaudatorio y la protección del contribuyente, especialmente en casos donde el monto supera con creces el límite establecido por la ley.
La tercera lectura se refiere al mensaje político que emite la decisión. Al no identificar a la empresa beneficiada y al mismo tiempo dejar firme una condonación de casi 2 mil 900 millones, la Corte corre el riesgo de alimentar la percepción de que los grandes contribuyentes cuentan con mayor protección procesal que el contribuyente promedio. Esta percepción puede erosionar la legitimidad del sistema tributario si no se acompaña de mayor transparencia sobre los casos que se resuelven de esta forma.
Perspectivas de los actores involucrados
Desde la perspectiva del contribuyente, la resolución representa una victoria procesal que valida estrategias de defensa centradas en la caducidad y la cosa juzgada. Empresas con auditorías abiertas por ejercicios anteriores a 2012 pueden ahora anticipar que, si logran acreditar vicios formales en instancias inferiores, la posibilidad de que el SAT revierta la decisión en la Corte es muy reducida.
Para el SAT y la Secretaría de Hacienda, el fallo obliga a revisar protocolos de fiscalización. La caducidad de facultades no es un tema nuevo, pero la acumulación de casos resueltos por razones formales sugiere que los tiempos de auditoría y la calidad de las resoluciones deben mejorarse. De lo contrario, la recaudación por fiscalización seguirá dependiendo cada vez más de contribuyentes que no logran acreditar vicios procesales.
Los organismos de pensiones y programas sociales, mencionados por la ministra Batres como referencia de destino alternativo de esos recursos, representan una dimensión redistributiva del debate. Aunque la Corte no resolvió sobre el fondo del crédito, el contraste numérico entre el monto condonado y el número de pensiones o becas que podría financiar introduce un argumento de equidad que probablemente seguirá presente en discusiones presupuestarias futuras.
Riesgos y tendencias hacia adelante
Uno de los riesgos identificados es la posible multiplicación de demandas que busquen anular créditos por razones exclusivamente formales. Si los contribuyentes perciben que la estrategia de caducidad o cosa juzgada tiene altas probabilidades de éxito, podrían postergar el pago de impuestos hasta que los plazos venzan, debilitando la cultura de cumplimiento voluntario.
Otro riesgo es la erosión de la capacidad del SAT para fiscalizar ejercicios antiguos. Con la resolución, cualquier error de forma cometido hace más de una década puede convertirse en un blindaje definitivo para el contribuyente. Esto podría incentivar al fisco a concentrar esfuerzos en ejercicios recientes y a invertir más recursos en sistemas de control preventivo en lugar de auditorías correctivas tardías.
En términos de tendencia, es probable que el Pleno mantenga o incluso refuerce la línea restrictiva para la revisión fiscal en los próximos años. La combinación de una jurisprudencia consolidada y la falta de una mayoría dispuesta a modificarla sugiere que los casos que lleguen a la Corte por montos elevados seguirán siendo rechazados si no se acredita trascendencia jurídica más allá de los vicios formales. Esta dinámica obligará tanto al SAT como a los grandes contribuyentes a resolver sus controversias en instancias administrativas o en el TFJA, donde el margen de maniobra es distinto.
Finalmente, la decisión deja abierta la discusión sobre si el monto del crédito debería ser un factor determinante para admitir la revisión fiscal. Mientras la ley establece un umbral específico, la interpretación restrictiva del Pleno prioriza la naturaleza del vicio sobre la cuantía. Este criterio probablemente será sometido a nuevos escrutinios conforme lleguen casos de mayor visibilidad pública o con impacto directo en las finanzas públicas.
