Los empleados del sector público de Costa Rica quedarían excluidos de las jornadas laborales 4×3 si el proyecto de reforma al Código de Trabajo llega a convertirse en ley. Los diputados aprobaron una moción de fondo que incorpora expresamente esa exclusión, por lo que la modalidad de hasta 12 horas diarias durante cuatro días, seguida de tres días consecutivos de descanso, quedaría reservada para determinadas actividades privadas.
La decisión modifica el alcance de una iniciativa discutida durante años y que busca regular horarios excepcionales para empresas con procesos productivos continuos, activos las 24 horas del día y los siete días de la semana. La moción contó con votos de legisladores del Partido Pueblo Soberano, Partido Liberación Nacional, Frente Amplio, Partido Unidad Social Cristiana y Coalición Agenda Ciudadana.
Una jornada excepcional para actividades privadas
La propuesta permitiría que una persona trabaje 12 horas por día durante cuatro jornadas semanales y disfrute luego de tres días libres consecutivos. Sus promotores han planteado que el esquema se destine a compañías privadas que necesitan mantener operaciones ininterrumpidas, no como una regla general para todos los centros de trabajo.
El diputado oficialista Juan Manuel Quesada defendió la reforma como una herramienta para mejorar las condiciones de sectores empresariales con ciclos continuos, favorecer la llegada de inversión y abrir oportunidades de empleo. “Las 4×3 son para atraer inversión y generar empleo”, afirmó durante la discusión, al sostener que el texto busca fijar reglas y proteger a las personas trabajadoras.
La exclusión del Estado deja delimitado, en la versión actualmente debatida, que los funcionarios públicos no serían alcanzados por este régimen. El proyecto, sin embargo, todavía no ha concluido su trámite legislativo ni ha llegado a una votación definitiva, por lo que su aplicación depende de que supere las etapas pendientes en el Congreso.
Más de 2.000 solicitudes aún pendientes
El avance de la moción no cierra la discusión parlamentaria. Antes de resolver la exclusión del sector público, el plenario rechazó 131 solicitudes para reabrir el debate sobre distintos apartados del expediente. Aun así, permanecían pendientes 2.071 solicitudes similares, que deberán ser conocidas antes de que el proyecto pueda quedar listo para una eventual votación final.
La iniciativa se tramita bajo un procedimiento abreviado aprobado por el Congreso anterior. Ese mecanismo establece reglas especiales para el debate y busca limitar su extensión, pero la cantidad de recursos pendientes mantiene abierto un recorrido legislativo amplio antes de una definición sobre el texto final.
Se eliminó la consulta secreta a trabajadores
El contenido del proyecto también ha cambiado durante las votaciones. Días antes de la moción sobre el empleo público, diputados de Pueblo Soberano y la legisladora Abril Gordienko, del PUSC, revirtieron dos modificaciones introducidas previamente por Liberación Nacional.
Entre los cambios eliminados estaba la posibilidad de que los trabajadores decidieran mediante una votación secreta si una empresa podía implementar jornadas excepcionales de 12 horas. Ese mecanismo ya no forma parte del texto tras la votación legislativa. Durante el debate se indicó que representantes del sector empresarial habían solicitado retirar esa consulta.
El proyecto sigue enfrentando posiciones contrapuestas. Sus defensores sostienen que puede ayudar a adaptar el país a actividades que requieren producción continua, elevar la competitividad y atraer inversión extranjera. Sus detractores cuestionan los efectos que jornadas de hasta 12 horas podrían tener sobre el descanso, la vida familiar y las condiciones laborales.
