El anuncio del presidente José Antonio Kast combina dos decisiones de alto impacto para Chile: una reforma constitucional destinada a convertir la protección de la seguridad en un deber explícito del Estado y la inminente entrada en vigor de una amplia reforma tributaria y económica. Aunque ambas iniciativas pertenecen a ámbitos distintos, su evolución estará estrechamente relacionada. El Gobierno busca demostrar que puede recuperar el control frente al crimen y, al mismo tiempo, reactivar la inversión, el crecimiento y el empleo. El resultado dependerá menos de la contundencia del discurso que de la capacidad institucional para aplicar las medidas sin debilitar los controles democráticos ni aumentar desequilibrios sociales.
Una prioridad de seguridad con efectos institucionales
Incorporar en la Constitución la obligación estatal de proteger a la ciudadanía podría reforzar la responsabilidad política de los gobiernos frente a la delincuencia. En términos prácticos, una norma de ese tipo serviría como fundamento para exigir políticas permanentes de prevención, persecución penal, protección de víctimas y coordinación entre policías, fiscalías, tribunales y autoridades locales. También podría reducir la posibilidad de que la seguridad sea tratada como una respuesta coyuntural ante una crisis mediática.
El efecto positivo más inmediato sería otorgar mayor continuidad a una política que suele cambiar con cada administración. Si el mandato constitucional se acompaña de objetivos verificables, presupuesto estable y mecanismos de evaluación, Chile podría avanzar hacia una estrategia de Estado contra el crimen organizado. La identificación de más de diez organizaciones criminales transnacionales operando en el país y el uso de sus puertos como plataformas de distribución de drogas muestran que el problema supera la delincuencia común y exige inteligencia financiera, cooperación internacional y capacidades aduaneras especializadas.
Sin embargo, la redacción de la reforma será decisiva. Una obligación constitucional amplia, pero imprecisa, podría convertirse en una fuente de litigios y expectativas difíciles de cumplir. La seguridad es una función estatal esencial, pero no garantiza por sí sola la desaparición del delito. Si la ciudadanía interpreta el nuevo mandato como una promesa de resultados inmediatos, cualquier aumento de homicidios, extorsiones o tráfico de drogas podría traducirse en una crisis de legitimidad. Además, una definición demasiado abierta podría ser utilizada para justificar restricciones desproporcionadas a derechos fundamentales.
La ofensiva penal y sus límites prácticos
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo contempla sancionar de forma agravada la pertenencia a organizaciones criminales, castigar el reclutamiento de menores, penalizar la instalación ilegal de barricadas y ampliar de doce a 24 horas el plazo de flagrancia. Estas medidas pueden mejorar la respuesta frente a estructuras que utilizan adolescentes para vigilar territorios, transportar drogas o ejecutar actos violentos. También podrían facilitar investigaciones en casos donde la policía necesita tiempo adicional para reunir antecedentes antes de ponerlos a disposición de la justicia.
El riesgo aparece cuando la expansión de figuras penales no va acompañada de una investigación más precisa. Castigar la pertenencia a una organización criminal exige establecer criterios claros sobre jerarquía, permanencia, coordinación y finalidad ilícita. De lo contrario, personas con vínculos ocasionales o de bajo nivel podrían ser sometidas a penas diseñadas para integrantes de redes violentas. Algo similar ocurre con las barricadas: una norma orientada a impedir bloqueos delictivos debe distinguir entre una obstrucción utilizada para cometer delitos y una manifestación que interrumpe temporalmente el tránsito, pero que está protegida por la libertad de reunión y expresión.
La ampliación de la flagrancia también presenta una doble cara. Puede impedir que miembros de una banda eludan la acción policial por la falta de tiempo para formalizar antecedentes. A la vez, alarga el periodo de privación de libertad sin una decisión judicial inmediata y eleva la importancia de los protocolos de detención, registro y custodia. El control de los tribunales, la trazabilidad de las pruebas y el acceso oportuno a la defensa serán determinantes para evitar abusos y reducir la posibilidad de que las causas se debiliten por errores procesales.
Control territorial y sistema penitenciario
El plan operativo del Ministerio de Seguridad Pública se estructura en prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional. Esta combinación es relevante porque la persecución penal, por sí sola, rara vez desarticula una economía criminal. Si se detiene a operadores menores, pero se mantienen intactos el liderazgo, el financiamiento, las rutas de distribución y la capacidad de reemplazo, la organización puede recomponerse rápidamente. Por eso, el decomiso de bienes y la creación de una agencia estatal especializada podrían ser herramientas decisivas, siempre que exista capacidad para rastrear activos, administrar inmuebles y evitar que los bienes incautados pierdan valor o sean reasignados de manera opaca.
El régimen penitenciario especial para narcotraficantes podría limitar la coordinación de las bandas desde las cárceles, un problema frecuente en países donde los centros penitenciarios funcionan como centros de mando. Pero la segregación de internos peligrosos requiere infraestructura, personal entrenado, tecnología de vigilancia y controles contra la corrupción. Si esas condiciones no existen, el aislamiento formal puede convertirse en una medida simbólica, mientras el hacinamiento y la falta de recursos fortalecen el poder interno de los grupos criminales.
La recuperación territorial plantea otro desafío. Operativos policiales intensivos pueden reducir temporalmente los delitos visibles, pero su efecto será limitado si no se restablecen servicios públicos, iluminación, transporte, educación, atención sanitaria y oportunidades laborales en los barrios afectados. El control sostenible exige que el Estado permanezca después de la intervención. De lo contrario, el vacío puede ser ocupado nuevamente por redes de extorsión o por actores que ofrecen protección informal a comunidades abandonadas.
Migración irregular y riesgo de generalizaciones
El Gobierno también anunció una ampliación de la retención migratoria y de la capacidad de expulsión de personas que no tengan derecho a permanecer en Chile. Una ejecución más eficiente de las órdenes de expulsión puede fortalecer la credibilidad del sistema migratorio y mejorar la identificación de personas que representan un riesgo concreto. También podría aliviar tensiones en municipios que han asumido una carga desproporcionada en materia de alojamiento, salud y seguridad.
La principal incertidumbre está en evitar que la migración irregular se confunda con criminalidad. Vincular ambos fenómenos de manera automática puede alimentar la estigmatización de comunidades extranjeras y dificultar la cooperación con víctimas o testigos que temen ser deportados. Las expulsiones, además, dependen de la documentación, la identificación de nacionalidad, los acuerdos consulares y el respeto de las obligaciones internacionales de protección. Los procedimientos acelerados no deberían eliminar el derecho a recurrir ni la evaluación individual de situaciones de persecución, trata o riesgo para la vida.
Una política migratoria más estricta puede producir resultados contrapuestos si no cuenta con vías regulares de ingreso, registro y acceso al trabajo formal. Cuando las personas quedan fuera del sistema, aumentan su vulnerabilidad frente a empleadores abusivos, redes de trata y organizaciones que controlan mercados clandestinos. El desafío será combinar control fronterizo, cooperación regional y regularización selectiva con una persecución focalizada en quienes cometen delitos, no en quienes simplemente se encuentran en una situación administrativa irregular.
La reforma económica entre inversión y presión fiscal
La aprobación parlamentaria de la reforma tributaria y económica representa una victoria política significativa para Kast. La reducción del impuesto a las empresas del 27% al 23% puede mejorar la rentabilidad esperada de nuevos proyectos y favorecer decisiones de inversión, especialmente en sectores intensivos en capital. En un país que busca recuperar dinamismo después de años de bajo crecimiento, una menor carga corporativa podría estimular la creación de empleos y fortalecer la competitividad frente a otras economías latinoamericanas.
El impacto, no obstante, no será automático. Las empresas invierten cuando observan demanda, estabilidad regulatoria, infraestructura, seguridad jurídica y acceso a financiamiento. Una rebaja tributaria puede liberar recursos, pero también reducir la recaudación en el corto plazo si no se compensa con crecimiento efectivo, eliminación de exenciones o mejoras en la fiscalización. El efecto final dependerá de quién capture el beneficio: grandes compañías con capacidad de invertir, pequeñas empresas que necesitan liquidez o consumidores que podrían recibir parte del impulso mediante más empleo y mejores salarios.
La situación fiscal añade una dificultad central. El Gobierno reconoce un escenario de gasto elevado y deuda pública en máximos históricos. Si la reducción impositiva se implementa sin un ajuste creíble del gasto ni una ampliación sostenible de la base tributaria, los mercados podrían exigir mayores tasas de interés o incorporar una prima de riesgo más alta. Eso encarecería el crédito para el Estado, las empresas y los hogares, y podría neutralizar parte del estímulo buscado. El Tribunal Constitucional y la discusión de los vetos presidenciales todavía pueden modificar el alcance definitivo de la norma, por lo que las proyecciones económicas mantienen un margen relevante de incertidumbre.
Una conexión difícil: seguridad, crecimiento y desigualdad
Las dos agendas anunciadas pueden reforzarse mutuamente. Una mejora de la seguridad reduce costos para el comercio, protege las cadenas logísticas y hace más atractivas las inversiones en zonas portuarias e industriales. A su vez, más empleo formal y mayor actividad económica pueden disminuir algunos factores de vulnerabilidad que facilitan el reclutamiento de jóvenes por redes criminales. Pero esa relación no funciona de manera mecánica. Si los beneficios tributarios se concentran en los sectores de mayores ingresos mientras la política de seguridad se traduce principalmente en controles y sanciones en barrios populares, puede aumentar la percepción de desigualdad y debilitar el apoyo social al programa.
El Gobierno tendrá que demostrar que la recuperación del crecimiento no implica menor protección social y que el endurecimiento penal no sustituye la prevención. La transparencia en el uso de los fondos, la publicación de indicadores de delitos y resultados judiciales, y una evaluación independiente de la reforma económica serían instrumentos útiles para sostener la confianza pública. También será importante que el Congreso participe en la definición de las nuevas facultades y que las policías rindan cuentas por su aplicación.
Chile entra así en una etapa de decisiones con potencial para modificar durante años la relación entre Estado, economía y seguridad. La reforma constitucional podría ordenar una respuesta más constante frente al crimen; la agenda penal podría afectar a organizaciones que hasta ahora han aprovechado vacíos legales y debilidades territoriales; y la reforma tributaria podría mejorar las condiciones de inversión. El riesgo común es que las promesas excedan la capacidad de ejecución. La evolución de los próximos meses dependerá de si el Gobierno logra convertir anuncios de alto impacto en instituciones eficaces, reglas previsibles y resultados verificables, sin sacrificar las garantías que sostienen la legitimidad democrática.
