La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el Paquete Fiscal y Presupuestal 2027, que será enviado al Congreso en los próximos días, planteará una reducción gradual del déficit sin sacrificar la inversión pública ni el gasto destinado a bienestar, salud y educación. El anuncio coloca a las finanzas públicas ante un doble objetivo: avanzar hacia una mayor consolidación fiscal y, al mismo tiempo, sostener los programas sociales, la infraestructura y las nuevas obligaciones laborales asumidas por el gobierno.
Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum defendió la conducción de la hacienda pública con base en tres elementos: una recaudación creciente, un mayor control del gasto corriente y el uso de instrumentos financieros para ampliar la inversión sin perder la rectoría del Estado. La presidenta sostuvo que la disciplina presupuestaria no debe interpretarse como una retirada del gobierno, sino como una condición para elevar su capacidad de inversión sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.
Más ingresos y menos gasto corriente
Entre enero y agosto, la recaudación federal superó en 149 mil millones de pesos la registrada en el mismo periodo del año anterior. Sheinbaum atribuyó el resultado a un cobro de impuestos “eficiente y honesto”, aunque la cifra también refleja la importancia de mantener una administración tributaria con capacidad de fiscalización y de reducir los espacios de evasión.
La presidenta afirmó que el gasto corriente se redujo en 200 mil millones de pesos frente a 2024. Como ejemplos de austeridad mencionó la ausencia de compras de vehículos de lujo, la eliminación de gastos que calificó como innecesarios y la contención de los salarios de los servidores públicos de más alto nivel. La lógica oficial es que los ahorros administrativos pueden transformarse en recursos para prioridades sociales sin recurrir exclusivamente a un aumento de impuestos o a un mayor endeudamiento.
De acuerdo con la mandataria, estos ahorros permitieron aumentar 10 por ciento el salario de los maestros el año pasado y 9 por ciento durante el actual, además de financiar 30 mil nuevas plazas para la Guardia Nacional, seguridad, salud y educación. El desafío para 2027 será demostrar que la reducción del déficit puede convivir con compromisos permanentes de gasto, particularmente cuando los aumentos salariales y las nuevas plazas generan presiones que no desaparecen de un ejercicio presupuestal a otro.
La consolidación fiscal no pretende frenar la inversión
El gobierno busca evitar que la reducción del déficit se traduzca en una disminución automática de la inversión productiva. Para ello, Sheinbaum anunció que se utilizarán mecanismos financieros capaces de combinar recursos públicos y privados, siempre bajo control del interés público. La estrategia pretende ampliar la infraestructura sin trasladar completamente su costo al presupuesto anual, aunque su eficacia dependerá de la transparencia de los contratos, la distribución de riesgos y la rentabilidad social de cada proyecto.
La presidenta señaló que la Ley para la Inversión ha permitido acelerar durante el segundo semestre de 2026 la inversión pública y mixta. El Plan Nacional de Infraestructura contempla para este año más de 960 mil millones de pesos en carreteras, puertos, aeropuertos, trenes, energía, hospitales y escuelas. Por su volumen, ese programa puede convertirse en un soporte para el crecimiento y el empleo; sin embargo, también exige una supervisión estricta para evitar sobrecostos, retrasos o compromisos financieros que terminen presionando los presupuestos futuros.
Dentro del Plan México se integran además 14 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, seis de ellos con desarrollador asignado. La coordinación con empresas busca impulsar la reindustrialización, fortalecer las cadenas de proveeduría y aumentar el consumo local. El resultado dependerá de que esos polos cuenten con energía, agua, conectividad y reglas claras, ya que los incentivos por sí solos no garantizan la llegada de inversiones ni la creación de empleos de calidad.
Un entorno externo que limita el margen de maniobra
Sheinbaum presentó los avances económicos en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad financiera y cambios en la política comercial de Estados Unidos. En ese escenario, México conservó, según la presidenta, la estabilidad macroeconómica y la confianza de inversionistas y mercados. Las exportaciones alcanzaron un récord de 664.8 mil millones de dólares en 2025 y superaron los 389 mil millones durante el primer semestre de 2026.
Estos datos muestran la fuerza del vínculo productivo con América del Norte, pero también su vulnerabilidad. Una modificación en las reglas comerciales estadounidenses, una desaceleración de la demanda externa o nuevas restricciones a las importaciones podrían afectar las exportaciones, la recaudación y el empleo manufacturero. Por ello, el presupuesto de 2027 tendrá que equilibrar la necesidad de sostener la competitividad industrial con la prudencia requerida por un entorno de alta incertidumbre.
Salarios, empleo y programas sociales bajo presión creciente
La presidenta describió la situación laboral como una “primavera laboral” después de décadas de aumento de la desigualdad. En agosto se crearon 86 mil 765 empleos formales respecto al cierre de julio y el país llegó a 60 millones de personas ocupadas, con una tasa de desocupación de 2.7 por ciento. El salario mínimo pasó de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a 9 mil 582 pesos en 2026, un incremento real de 154 por ciento; en la frontera norte alcanzó 13 mil 409 pesos.
El salario promedio de la economía formal llegó a 20 mil 212 pesos mensuales, mientras que la pobreza laboral se ubicó en su nivel más bajo desde 2005, según lo expuesto en el informe. También se destacó la incorporación de los trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social y al reparto de utilidades, así como la reforma que reducirá gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.
Estas medidas pueden mejorar el ingreso disponible y fortalecer el consumo interno, pero implican costos adicionales para empresas y entidades públicas. Su impacto dependerá de que los incrementos salariales se acompañen de productividad y de que la formalización no provoque una mayor contratación informal en sectores con márgenes reducidos.
El punto decisivo será la credibilidad del presupuesto
En 2026, los Programas para el Bienestar recibirán un billón de pesos y llegarán a 42.9 millones de derechohabientes. El gobierno calcula que en ocho años el gasto social ascenderá a 4.5 billones de pesos y afirma que entre 2019 y 2024 permitió que 13.4 millones de mexicanos superaran la pobreza. La magnitud de estos recursos convierte al gasto social en una pieza central de la política económica, pero también vuelve indispensable medir sus resultados y asegurar su sostenibilidad.
El Paquete Económico 2027 será evaluado no sólo por la reducción nominal del déficit, sino por la calidad de los supuestos de crecimiento, ingresos, deuda y gasto. La promesa de consolidación fiscal será creíble si el gobierno logra proteger la inversión y los servicios esenciales sin depender de ingresos extraordinarios ni desplazar obligaciones hacia ejercicios posteriores. El reto central consiste en convertir la austeridad administrativa y la mayor recaudación en espacio presupuestario duradero, en un momento en que las demandas sociales y las presiones externas continúan aumentando.
