CIUDAD DE MÉXICO.— La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, tenga un trasfondo político y afirmó que la medida deriva de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la fiscalía retomó y profundizó durante varios meses evidencias que ya formaban parte de las carpetas de investigación. Entre los elementos revisados se encuentran registros de llamadas telefónicas, vínculos entre personas relacionadas con los hechos y el trayecto de uno de los autobuses utilizados por los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La mandataria sostuvo que corresponde exclusivamente a la FGR presentar las pruebas, precisar las causas de la detención y explicar las circunstancias jurídicas del caso. También advirtió que algunos datos no pueden divulgarse todavía porque la investigación continúa abierta.
Una investigación que vuelve sobre los expedientes
De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, la acusación contra Aguirre está relacionada con la presunta ocultación de información sobre la desaparición de los estudiantes. La afirmación, sin embargo, forma parte de una investigación ministerial y deberá ser sustentada ante las autoridades judiciales conforme avance el proceso.
Sheinbaum explicó que la fiscalía no necesariamente incorporó hechos completamente desconocidos, sino que aplicó nuevas herramientas de análisis sobre materiales reunidos a lo largo de más de una década. La revisión, dijo, busca establecer con mayor precisión qué ocurrió, quiénes participaron y qué responsabilidades pueden acreditarse.
La funcionaria señaló que el trabajo de inteligencia permitió examinar de manera más detallada las comunicaciones registradas durante la noche de los hechos y en los días posteriores. La información disponible incluye los números que se conectaron, las personas que mantuvieron contacto, los horarios, la frecuencia de las llamadas y las relaciones entre los involucrados.
La presidenta remarcó que esos registros corresponden a información de hace más de diez años, por lo que ya no sería posible solicitar nuevamente algunos datos a las compañías telefónicas. No obstante, las llamadas permanecen dentro de los expedientes y pueden ser analizadas con métodos distintos a los empleados originalmente.
El autobús y las nuevas líneas de indagación
Además de las comunicaciones, Sheinbaum mencionó la revisión de elementos relacionados con uno de los autobuses involucrados en la noche de Iguala. En particular, se analiza el momento en que el vehículo se detuvo frente al Palacio de Justicia y una grabación vinculada con ese episodio.
Ese punto resulta relevante porque la reconstrucción de los movimientos de los autobuses constituye una de las piezas de la investigación sobre lo ocurrido en Iguala. La revisión de trayectos, comunicaciones y testimonios busca contrastar versiones previas y determinar si existen omisiones, contradicciones o datos que no habían sido suficientemente explorados.
Sheinbaum agregó que, en los últimos avances, fueron detenidas personas que anteriormente no aparecían como probables responsables. Sus testimonios, indicó, han permitido abrir nuevas líneas de investigación. La presidenta no identificó a esas personas ni detalló el contenido de sus declaraciones, debido a que la FGR aún debe valorar su alcance dentro del proceso.
El rechazo a una motivación política
Ante una pregunta directa sobre si la captura de Aguirre respondía a una decisión política, Sheinbaum contestó: “No, nada. No tiene nada que ver con un tema político, es parte de la investigación”. Con ello, la presidenta separó la actuación de la fiscalía de cualquier estrategia partidista o decisión del Poder Ejecutivo.
La explicación ocurre en un caso marcado por años de controversias institucionales, reclamos de las familias y cuestionamientos a las versiones oficiales. Sheinbaum indicó que las carpetas contienen testimonios recabados durante la llamada “verdad histórica”, presentada en el gobierno anterior, así como declaraciones y otros elementos reunidos posteriormente durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El hecho de que la FGR vuelva a examinar materiales previos refleja la dificultad de un expediente construido durante más de diez años y sujeto a distintas etapas de investigación. También plantea la necesidad de que las nuevas conclusiones sean acompañadas por pruebas verificables y explicaciones públicas suficientes, sin afectar el debido proceso ni las diligencias aún en curso.
Familias esperan avances y una explicación formal
La presidenta afirmó que el objetivo de la investigación es conocer la verdad, determinar responsabilidades y continuar la búsqueda de los jóvenes desaparecidos. También anunció que prevé reunirse con las madres y los padres de los 43 normalistas a finales de agosto para informarles sobre los avances.
La Secretaría de Gobernación, mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos encabezada por Arturo Medina, mantiene comunicación con las familias, mientras que la FGR conserva la responsabilidad de conducir las diligencias. Sheinbaum añadió que solicitó una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para revisar la información disponible tras la detención y definir una comunicación pública, siempre con autorización de los familiares.
La relación con las familias será un elemento central en la siguiente etapa. Durante años, los padres han exigido resultados, acceso a los expedientes y una explicación que permita establecer el destino de sus hijos. Por ello, cualquier avance deberá traducirse no solo en detenciones, sino también en pruebas judicialmente sólidas, búsquedas efectivas y claridad sobre la cadena de responsabilidades.
La situación jurídica de José Luis Abarca
Durante la conferencia también se abordó el caso de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, quien permanece detenido. Sheinbaum explicó que, aunque fue absuelto de algunos delitos, todavía enfrenta otros procesos vigentes. La presidenta señaló que corresponde a la FGR precisar su situación jurídica y explicar el alcance de las resoluciones existentes.
Mientras continúan las diligencias, la detención de Aguirre incorpora a un exgobernador al nuevo capítulo judicial del caso Ayotzinapa. La fiscalía tendrá ahora que demostrar ante las autoridades competentes la relación entre los hechos investigados, la presunta ocultación de información y las responsabilidades individuales que atribuye al exmandatario.
