La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de forma categórica que su gobierno utilice la justicia con fines políticos contra el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel. Durante su conferencia matutina del 27 de julio, la mandataria afirmó que la Fiscalía General de la República aportó “muchísimas pruebas” en el expediente por presunto huachicol fiscal y contrabando de combustible. La respuesta llega tras las acusaciones del PAN, que calificó a Ruffo como preso político y cuestionó la ausencia de evidencias sólidas.
El caso no se limita a un solo nombre. Sheinbaum subrayó que la investigación abarca al menos a ocho personas detenidas por un esquema de importación irregular de hidrocarburos a través de la empresa Ingemar. Esta estructura, según la FGR, habría evitado el pago de impuestos y generado un fraude al Estado. La vinculación a proceso, aclaró la Presidenta, obedece a dictámenes periciales, financieros y aduaneros, no a una estrategia selectiva contra la oposición.
El PAN mantiene que el ingreso de Ruffo a un penal de máxima seguridad confirma un trato diferenciado respecto a gobernadores de Morena. Sin embargo, la Fiscalía ha insistido en que se respetó el debido proceso y la presunción de inocencia. La diferencia central radica en la interpretación de las pruebas: para el gobierno forman parte de un modelo sistemático de contrabando; para el partido opositor, representan una persecución política sin sustento suficiente.
La postura de Sheinbaum busca despolitizar el asunto al enmarcarlo dentro de una investigación más amplia sobre evasión fiscal en hidrocarburos. Queda por acreditar ante el juez si las responsabilidades individuales de Ruffo y los demás detenidos resisten el escrutinio judicial, sin que el debate partidista altere el curso del proceso.
