Claudia Sheinbaum dejó claro que su gobierno no participó en la elaboración del nuevo informe de la CNDH sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Durante la conferencia matutina, la presidenta enfatizó que el Ejecutivo desconocía tanto el contenido como la fecha de publicación del documento de 867 páginas, que cuestiona conclusiones previas del GIEI y la CoVAJ respecto a la actuación del Ejército.
Al instruir a la Secretaría de Gobernación para revisar el texto, Sheinbaum evitó pronunciarse sobre sus conclusiones y preservó la autonomía institucional de la CNDH. Esta distancia calculada refleja la tensión entre la necesidad de cerrar el caso y el riesgo de reabrir interpretaciones que afectan la credibilidad de investigaciones anteriores.
Implicaciones políticas
El informe reaviva el debate sobre responsabilidades en un caso que sigue sin resolución judicial definitiva. Al mantener una postura neutral mientras ordena el análisis, el gobierno busca controlar el impacto político sin comprometerse con una versión que podría alterar el relato oficial construido en los últimos años.
